Fuente: https://www.wsws.org/es/articles/2023/12/12/f1df-d12.html?pk_campaign=newsletter&pk_kwd=wsws Trévon Austin 12.12.23
En declaraciones desde la Casa Blanca la semana pasada, el presidente estadounidense, Joe Biden, dejó claro que él y el Partido Demócrata estaban dispuestos a hacer ‘compromisos significativos‘ en política fronteriza con el fin de asegurar el apoyo del Partido Republicano a decenas de miles de millones de dólares adicionales en ayuda militar a Ucrania.
‘Estoy dispuesto a hacer compromisos significativos en la frontera’, dijo Biden. ‘Tenemos que arreglar el sistema fronterizo roto. Está roto’.
Las declaraciones de Biden se produjeron en medio de repetidas advertencias de funcionarios de la administración de que el gobierno se quedaría sin dinero para proporcionar ayuda militar a Ucrania si el Congreso no aprobaba el paquete de gasto suplementario de aproximadamente 106.000 millones de dólares solicitado por primera vez en octubre.
Aproximadamente $61 mil millones de los fondos solicitados son para ayuda militar adicional a Ucrania, incluyendo $30 mil millones en equipos para Kiev de las existencias del Departamento de Defensa. El proyecto de ley también incluye $14,3 mil millones en dinero adicional para Israel, $13,6 mil millones para militarizar aún más la frontera sur y miles de millones más para la región Indo-Pacífica.
La propuesta fronteriza incluye más policía de fronteras y más jueces de inmigración, pero los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado piden medidas aún más draconianas contra los inmigrantes y los solicitantes de asilo. Se niegan a votar a favor de más ayuda militar a Ucrania a menos que Biden ceda a sus demandas sobre política fronteriza.
Un editorial del New York Times del 8 de diciembre titulado ‘Un paquete de ayuda que invierta en los objetivos de seguridad de Estados Unidos’ expone el plan de juego de la administración Biden. Pidiendo un compromiso que no ‘descuide’ la seguridad fronteriza, al tiempo que apoye una ‘Ucrania fuerte y libre’, el Times escribe. ‘Es esencial que el Congreso supere esta oposición y lo apruebe sin demora, como una inversión en los objetivos de seguridad de Estados Unidos’.
Según el Times, un asesor demócrata dijo a NBC News que los negociadores del partido están ofreciendo agilizar la tramitación del asilo y cambiar el estándar de ‘miedo creíble’ para aprobar las solicitudes de asilo, un estándar establecido en la legislación estadounidense e internacional. Cualquier cambio en la norma dificultaría la entrada de inmigrantes en Estados Unidos para solicitar asilo. Sin embargo, los republicanos siguen impulsando medidas más extremas que prácticamente acabarían con el asilo y otorgarían al poder ejecutivo la autoridad para cerrar la frontera por completo.
Haciéndose eco de la voluntad de los demócratas de hacer lo que sea necesario para evitar una desastrosa derrota en la guerra por delegación del imperialismo estadounidense contra Rusia en Ucrania, el Times recurre a la sofistería, declarando que tales compromisos no deben ser vistos como ‘un alejamiento de un enfoque humano y sensato de la seguridad fronteriza.’
El tira y afloja partidista sobre la frontera en el Congreso coincide con una batalla legal en curso entre la administración Biden y el gobierno fascista del estado de Texas. Desde que el gobernador de Texas, Greg Abbott, lanzó la ‘Operación Estrella Solitaria’ en el verano de 2021, han estallado conflictos legales entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados fronterizos, que desafían la autoridad del gobierno federal sobre la política de inmigración y la aplicación de la ley en la frontera.
La ‘Operation Lone Star” (Operación Estrella Solitaria) de Abbott consiste en diversas políticas antidemocráticas, como un programa de autobuses para enviar a los migrantes recién llegados a ciudades controladas por el Partido Demócrata, la detención y deportación de solicitantes de asilo por parte de la policía estatal y el fuerte despliegue de alambre de espino y trampas mortales en el río Grande.
En los últimos tres años, el Departamento Militar de Texas ha gastado 11 millones de dólares en colocar 70.000 rollos de concertina a lo largo de distintos tramos de la frontera entre Texas y México, sobre todo en Eagle Pass, donde los migrantes han resultado gravemente heridos al intentar atravesar la alambrada. Al menos tres muertes en la frontera se han atribuido al alambre y a otras trampas desplegadas cerca de Eagle Pass.
En el último conflicto sobre la política fronteriza, el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito detuvo temporalmente una orden de un tribunal inferior que daba a los agentes federales de la Patrulla Fronteriza autorización legal para cortar el alambre de espino que Texas instaló en las orillas del Río Grande.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó al gobierno de Biden en octubre, argumentando que los agentes federales estaban destruyendo ilegalmente la propiedad estatal al cortar la alambrada de púas del estado para ‘ayudar’ a los migrantes a cruzar ‘ilegalmente’ la frontera.
En documentos judiciales, la administración Biden ha afirmado que los agentes de la Patrulla Fronteriza estaban obligados a cortar la alambrada para prestar asistencia médica a los migrantes en apuros, así como en los casos en que los migrantes ya habían cruzado el Río Grande hacia territorio estadounidense y tenían que ser detenidos y enviados a las oficinas de inmigración.
El mes pasado, la juez de distrito estadounidense Alia Moses, de Del Rio, falló en contra de Texas, afirmando que el estado no había aportado pruebas suficientes para demostrar que el gobierno de Biden hubiera violado la ley. Sin embargo, criticó la política de inmigración del gobierno federal en general.
La oficina de Paxton apeló la orden al día siguiente, y el tribunal de apelaciones con sede en Nueva Orleans le concedió una suspensión del fallo de Moses.
Otro elemento del conflicto fronterizo, que demuestra el desdén de ambos partidos capitalistas por los trabajadores inmigrantes, es una demanda interpuesta contra el gobierno federal por una política fronteriza que abarca administraciones tanto demócratas como republicanas.
La semana pasada, comenzaron los alegatos orales en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Diego para la demanda colectiva de 2017 presentada por defensores de los inmigrantes en nombre de los solicitantes de asilo que fueron devueltos a México y afirman que fueron perjudicados por la política de ‘medición’ del gobierno.
La medición, que el gobierno denomina ‘gestión de colas’, es una de las muchas tácticas utilizadas por la Patrulla Fronteriza para limitar la tramitación de los solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Según esta práctica, los agentes federales se sitúan en los puntos de entrada e impiden que los inmigrantes indocumentados pongan un pie en Estados Unidos, momento en el que tendrían derecho a solicitar asilo en virtud de la legislación estadounidense. La Ley de Inmigración y Naturalización de 1986 establece el derecho legal a solicitar asilo en Estados Unidos.
Desde al menos 2016, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) ha utilizado la práctica de la medición para impedir que los solicitantes de asilo entren en Estados Unidos en los puertos de entrada sin documentos de viaje. La administración Obama hizo un uso específico de la táctica cuando los oficiales de CBP comenzaron a rechazar a cientos de solicitantes de asilo haitianos en los puertos de entrada en California. En 2018, el Departamento de Seguridad Nacional bajo la administración Trump emitió una guía oficial que exigía al CBP ampliar la práctica a todos los puertos de entrada.
La medición sigue siendo una práctica cotidiana bajo Biden.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 10 de diciembre de 2023)