por Héctor Llaitul Carrillanca

Frente al desarrollo que ha adquirido la lucha mapuche en general y a la propuesta política de la CAM en conjunto con el Movimiento Mapuche Autonomista en particular, el Estado Chileno ha asumido una nueva ofensiva represiva y de persecución política que en la actualidad se destaca por una nueva operación de inteligencia digitada desde el poder, lo cual  nos hace rememorar el bullado CASO HURACÁN, no por lo burdo y evidente, sino porque su esencia racista y de persecución irracional aún persiste en los agentes del Estado.

En efecto, es el Estado Chileno el que una vez más toma la decisión de dar luz verde a nuevas operaciones de inteligencia política para perseguir y reprimir a nuestra organización y a otros referentes autonomistas. La militarización y estás nuevas operaciones de represión son la respuesta del Estado Chileno frente a nuestra propuesta de WEICHAN y de resistencia. Porque esta propuesta mapuche, en los hechos, desarrolla un mayor nivel de confrontación por la territorialidad, logrando inclusive una suerte de rediseño territorial que va en beneficio de las Comunidades. Porque es a través del despliegue del WEICHAN Mapuche que se ha logrado una lucha de carácter más integral, basada en la necesaria unidad monolítica-política, ideológica y cultural de todo un pueblo que se cierne en Movimiento por sus derechos fundamentales de territorio y Autonomía.

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LOS ALCANCES DEL OPERACIÓN HURACÁN

Para comprender el CASO HURACÁN debemos hacerlo en su justa dimensión, el de haber sido una labor de inteligencia que decanta en una Operación política-policial y comunicacional. Un montaje con el objetivo de encarcelar a como dé lugar –sin tener pruebas ni los argumentos concretos y objetivos– a dirigentes mapuche.

La Operación Huracán fue un trabajo conjunto y coordinado entre Carabineros (un organismo de inteligencia «especializado»), la fiscalía y determinados jueces del tribunal de Temuco. Sin embargo, es la policía y algunos fiscales los que dan origen y construcción a una verdadera maquinaria de fabricación e implantación de pruebas, de un MONTAJE para incriminar falsamente a determinados dirigentes mapuche. Fue una operación de inteligencia digitada desde el poder, que evidencia claramente la persecución política que en esa ocasión contó con otros elementos para su real impacto, como fue el rol de la prensa al servicio de los grandes grupos económicos. De hecho, es a través de las comunicaciones que nos enteramos de la participación del gobierno de turno y de ciertas autoridades del poder político estatal.

Hay que recordar que el Montaje Huracán se basa en «pruebas» que se exhibieron y de las cuales se construyeron relatos y discursos desde la institucionalidad chilena. Pruebas que giran en torno a «supuestas conversaciones» y «coordinaciones» para la comisión de atentados diversos. Pruebas que se suponían estaban alojadas en teléfonos celulares incautados. Se repetía un patrón investigativo clásico en la policía.

Podemos afirmar que los principales actores que participaron directa e indirectamente en esta operación provienen del gobierno de turno, de Carabineros y del Ministerio Público. Sin embargo, no se debe olvidar que fueron los medios de comunicación la correa de transmisión de tan descomunal operación en contra del movimiento mapuche autonomista en lucha. En el mismo sentido, es que se puede afirmar la participación de algunos jueces para el efecto de esta coordinación. Es el caso de la magistrado Luz Mónica Arancibia Mena quien autorizó –de forma verbal– las detenciones, con entrada, registro e incautación en cada domicilio allanado, que por lo demás fueron con extrema violencia en contra de mujeres, ancianos y niños familiares de los imputados.

El Ministerio Público, a través de ciertos fiscales tuvo participación directa también. De hecho, las detenciones fueron solicitadas por los fiscales, así está establecido en el famoso Informe 130, el cual fue firmado y avalado por el alto mando de Carabineros en conjunto con la fiscalía de la novena región. Un antecedente no menor, es la presencia del fiscal Roberto Garrido en la 8va Comisaría de Temuco para interrogar a los detenidos, exigiendo declaraciones a quienes ni siquiera conocían los motivos de la detención ni los cargos en contra. Otro dato es que en la audiencia de formalización fue el fiscal Felípe González quien hizo lectura de los supuestos «diálogos de WhatsApp», los que resultaron falsos, porque fueron implantados.

El Caso Huracán consistió en diálogos y geolocalizaciones FALSOS, los que supuestamente habrían sido interceptados por un programa conocido como «ANTORCHA» y otro denominado «TU UBICACIÓN», que detallaremos más adelante. Un caso que consistió en la invención de pruebas en el área de la informática y las telecomunicaciones,  pretendiendo de esa forma incriminar arteramente a los dirigentes mapuche.

Sin lugar a dudas, el MONTAJE HURACÁN fue una acción ejecutada principalmente por Carabineros de Chile,  algunos de los cuales están siendo procesados en la actualidad. Pero debiera quedar establecido que esta fue una operación MULTIVARIADA, CON UNA DIMENSIÓN POLÍTICA Y POLICIAL, además de JUDICIAL Y COMUNICACIONAL.

Hay muchos antecedentes que dan cuenta de cómo interactuaban y se coordinaban de manera intersectorial, todo con el objetivo conjunto de perseguir y reprimir al movimiento mapuche que con más fuerza luchamos por el Territorio y la Autonomía, una lucha con una posición abiertamente anticapitalista y anticolonial.

El CASO HURACÁN fue un montaje que develó las complejas relaciones institucionales, organizacionales y de perfiles individuales de los agentes del Estado, quienes ostentaban cargos y funciones dentro de la institucionalidad opresora contra el pueblo mapuche. Es en ese escenario que se llevaron a cabo acciones sistemáticas no sólo para incriminar falsamente, sino también para desprestigiar y demonizar la causa mapuche, generando así las condiciones que justifican el encarcelamiento de los más destacados weichafe y militantes de la causa mapuche.

El MONTAJE HURACÁN se da en un contexto sociopolítico en que el gobierno de turno comenzaba una campaña comunicacional para que la ciudadanía en general, se comprometiera con las nuevas políticas de seguridad y a partir de ello se establecieran las medidas y leyes que apuntaran en esa dirección. A su vez se iba instalando un amplio discurso para justificar y avalar la militarización del Wallmapu e inclusive normalizar y justificar el paramilitarismo de derecha que está al servicio de las empresas privadas y del sistema latifundista, que son los que más confrontan territorialmente con las comunidades.

Una vez que se comienza a desmoronar la operación, existe una denuncia por parte de la Fiscalía en contra de Carabineros por la implantación y manipulación de pruebas, sin embargo, este hecho no descarta la participación de ciertos fiscales que, por su historial de persecución al movimiento Mapuche, se ganaron el calificativo de fiscales antimapuche. A su vez, resulta evidente la participación y compromiso de las autoridades de gobierno en este aberrante montaje. Por lo mismo, aún en pleno proceso de la caída del montaje, se oponían al sobreseimiento de los Mapuche que fuimos incriminados falsamente.

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SÓLO CARABINEROS EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

La unidad de inteligencia de Carabineros creada de forma especial para la persecución a las orgánicas Mapuche fue la UIOE (Unidad de Inteligencia Operativa Especializada), fundada el año 2013 y como su nombre lo indica es la que realiza la investigación, los seguimientos, junto con aplicar medidas intrusivas, fue la que en los hechos creó e implementó un cuadro de investigación contra el movimiento Mapuche.  La UIOE fue la que implantó los mensajes falsos, elaboró los informes secretos y públicos sobre la base de información falsa y tendenciosa. Estos informes fueron liberados al Ministerio Público, y en el supuesto de estar amparados en la ley de inteligencia para dar así un carácter legal al actuar de las policías.

Es en este contexto que la UIOE desarrolló un “sistema informático” que, se supone,  intervenía y capturaba conversaciones de WhatsApp, el polémico programa Antorcha. Fue así que se intervinieron más de 200 teléfonos y el juez de la Corte de Apelaciones de Temuco que autorizó estas intervenciones de celulares fue Abner Padilla.

Además del monitoreo de las comunicaciones, la UIOE decía tener un programa que captaba el lugar específico desde donde el aparato celular se conectaba, posicionando de esta forma a los denominados sujetos de interés. A esta “herramienta informática” la llamaron “TU UBICACIÓN”.

Con las geolocalizaciones, los diálogos falsos de WhatsApp, más el testimonio de “informantes” y testigos protegidos se armó el MONTAJE, se redactaron los informes y se dio rienda suelta a las causas procesales. Altos funcionarios de Carabineros avalaron con sus firmas los informes de la UIOE, mismos que se presentaban a los fiscales, quienes dieron un respaldo institucional a una investigación falaz y tramposa.

Una vez que se comenzó a develar la falsedad de las pruebas, la fiscalía toma la decisión de desprenderse de la Operación, cierra la causa y denuncia a los carabineros de la UIOE de la implantación de pruebas falsas. Una serie de contradicciones al interior de esta unidad, disputas internas en carabineros,  entre la policía uniformada y la fiscalía, a lo que se suman más discrepancias y diferencias entre los propios fiscales, contribuyeron a que el MONTAJE HURACÁN se desplomara como un castillo de naipes. Posteriormente, la delación entre los propios agentes del Estado resultó ser un antecedente patético y decidor. Delación entre los propios miembros de la UIOE y de carabineros en contra de fiscales, cuestión que a la fecha no ha sido denunciada y menos investigada.

Bajo presión las autoridades designan al fiscal Carlos Palma quien investiga la existencia de esta verdadera maquinaria para construir e implantar pruebas falsas por parte de los agentes del Estado. El 9 de julio del 2018 fueron formalizados los miembros de la UIOE quienes se supone estaban más involucrados en el montaje. Aún hoy están siendo procesados 10 carabineros y un civil por delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación, delitos informáticos, entre otros.

La defensa de todos los imputados está pidiendo a los tribunales sobreseer la causa con el argumento de que la fiscalía ha ocultado, falsificado y ha hecho desaparecer información de la carpeta investigativa, por lo cual se puede deducir que la actual dirección del Ministerio Público en la novena región está cubriendo y justificando la Operación, buscando una suerte de componenda para deslindar responsabilidad en este descomunal fraude y del rol que le compete a específicos fiscales en el montaje.

Ciertamente, la fiscalía tiene un grado de responsabilidad en este montaje, más allá de las normas que dicen cómo debe funcionar la institucionalidad, ya que es el Ministerio Público quien debe dirigir las investigaciones y todo el procedimiento policial, principalmente en las causas contra Mapuche. Sin ir más lejos, son los fiscales Luis Arroyo y Sergio Moya quienes corrigieron los informes de la UIOE, los adecuaban según los protocolos y normativas institucionales.

La caída del CASO HURACÁN develó que hubo fiscales que idearon y ejecutaron otra operación, la que tenía como objetivo perseguir un supuesto tráfico de armas desde Argentina a Chile. Una maniobra que pretendía establecer falsos vínculos entre orgánicas subversivas con organizaciones de resistencia Mapuche, es la denominada Operación Andes.

En este contexto es que aparecen antecedentes de que los fiscales Sergio Moya, Luis Arroyo y Cristian Paredes hicieron contacto y se coordinaron con fiscales argentinos, entre ellos José Jerez, para desarrollar operaciones en el marco del denominado Caso Andes. Acciones principalmente en contra del movimiento Mapuche Autonomista. Conocida es la historia de algunos fiscales que cumplieron sus funciones con exacerbado encono en contra de los Mapuche, destacando en la defensa de los intereses de las forestales más que en el cumplimiento de sus funciones institucionales. Es el caso de Moya, Chiffelé y Garrido quienes han terminado siendo ampliamente reconocidos por su postura anti Mapuche, y ligados políticamente a los poderosos de la región. Son estos fiscales los que más han utilizado la ley antiterrorista para la persecución penal y están comprometidos en tratos crueles y de violación a los derechos humanos en contra de comuneros Mapuche,  donde existen denuncias al respecto.

Muchos elementos nos hacen afirmar que la OPERACIÓN HURACÁN se efectuó con la participación de la Fiscalía, esto se ratifica por el hecho de que las medidas intrusivas jamás hubiesen sido autorizadas sin la participación de un fiscal que lo avale, así lo confirman los protocolos y antecedentes que están en el tribunal. Además, es de conocimiento público que los fiscales asesoraron jurídicamente la elaboración de los informes policiales, los dejaron “en regla”  o “jurídicamente legales”.

Por lo mismo,  es que prácticamente todos los miembros de la UIOE que han declarado en el juicio en su contra, han involucrado a fiscales y a ex altos oficiales de la policía. Según esas declaraciones (carabineros de la UIOE) fue la Fiscalía la que pidió quitar del proceso a los personajes públicos involucrados, tanto artistas, periodistas y políticos con el objetivo de no complejizar más la causa, y evitar con ello la magnitud de la implantación de  pruebas falsas del ya escandaloso Caso Huracán.

“La fiscalía estuvo al tanto de las interceptaciones que se estaban realizando con el software Antorcha, al igual que el alto mando de Carabineros, quienes además lo respaldaban”- declaraba el ex capitán Osses al diario La Tercera, uno de los jefes operativos de la UIOE.

A pesar de los antecedentes y asumiendo cómo funciona la institucionalidad opresora contra la causa Mapuche, la Fiscalía de la Novena Región niega su participación en el CASO HURACÁN, aprovechándose de las circunstancias y con el respaldo político empresarial, y abre una investigación en contra de Carabineros, acusándolos incluso de ASOCIACIÓN ILÍCITA.

Una vez que resulta públicamente indesmentible el montaje y se filtran nuevos antecedentes de esta gran  farsa, la opinión pública y organismos de derechos humanos presionan a las autoridades para que se aclare el caso, es así que se dan las condiciones sociopolíticas para encontrar a los responsables. Aunque la existencia de pugnas de poder entre los agentes del Estado fue lo que contribuyó decididamente a que se desplomara el gran montaje.

Es en efecto, las pugnas, protagonismos, choque de cargos, ambiciones políticas y económicas, junto con mayores apegos al poder de dominación lo que abrió las brechas en lo que se conocería como la mayor farsa en la criminalización de la Causa Mapuche. Ha pasado el tiempo y el caso no está en la palestra política y noticiosa, pero podemos afirmar, y se debe denunciar, que aún existen cabos sueltos por aclarar y con ello conocer la verdadera dimensión de este tipo de operaciones, las que se dictan desde el poder en contra del Pueblo Mapuche movilizado por sus derechos fundamentales. Aún quedan interrogantes y aspectos que comprometen a fiscales que se mantienen en sus cargos, a agentes y autoridades políticas que permanecen al servicio de los poderosos.

Para que se comprenda bien, sin ningún reparo la Fiscalía culpó a Carabineros como los únicos responsables de la implantación de PRUEBAS en el CASO HURACÁN.

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LA ACTUAL SITUACIÓN DE PERSECUCIÓN EN EL WALLMAPU

En el actual contexto socio-político marcado por la militarización del Wallmapu y una mayor criminalización de la causa Mapuche, se da una nueva ofensiva contra las organizaciones de resistencia territorial por un lado, y contra el movimiento Mapuche autonomista en lucha, por otro.

En este marco, como ya hemos planteado, nos encontramos frente a una ofensiva neofascista en Chile, donde las posiciones  de la ultraderecha tienen mayor control en el poder. Esto a pesar que existe un gobierno que se declara PROGRESISTA, AUNQUE ES POR SU PROGRAMA BURGUÉS QUE SE IMPONE EL MODELO NEOLIBERAL que confronta a la causa Mapuche reproduciendo el sistema.

Es en este escenario que a la gobernanza le resulta necesario fortalecer al Ministerio Público  y a las fuerzas represivas para contener la causa Mapuche. Así son los fiscales los que van adquiriendo mayor poder de dominación.

Desde el Caso Huracán algunos fiscales fueron destinados a otras unidades y otros derivados a otras regiones, pero la preocupación y la denuncia debe ser respecto de aquellos fiscales que siguen en la acción persecutoria y represiva del movimiento mapuche autonomista. De hecho, llama la atención que los fiscales más antimapuche y racistas sigan en sus puestos claves y que algunos han sido promovidos en la jefatura del Ministerio Público. Esta realidad nos hace confirmar que en el conflicto de nuestro Pueblo Mapuche con el Estado y el sistema capitalista, los poderosos digitan y designan a los agentes del Estado que más defienden los intereses del gran Capital.

El actual  fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, ha hecho prácticamente toda su carrera persiguiendo a los Mapuche, miembros de las comunidades en resistencia y militantes de las organizaciones autonomistas. Es un personaje re-conocido al interior del Movimiento Mapuche como un fiscal obsesivo que busca detener, incriminar y lograr altas condenas. Mantiene vínculos con personeros de la ultraderecha en la zona, por lo cual su ascenso se empieza a consolidar durante el gobierno de Piñera. Se ha ganado el apodo de ser un fiscal antimapuche porque siempre que hace sus apariciones públicas es evidente su postura marcada por el discurso racista y de discriminación hacia los miembros de nuestro pueblo. Participó en la causa judicial en mi contra conocida como el caso Praderas (2006), en donde conté como defensor al ex juez Juan Guzmán (fallecido). En dicha ocasión fui absuelto de todos los cargos por falta de pruebas y porque uno de los testigos que se suponía me incriminaba fue torturado por carabineros para tal efecto.

En la actualidad este fiscal está en la dirección del Ministerio Público de la Araucanía, sin embargo, tiene una designación especial. Está a cargo de forma exclusiva de casi todos los casos de mayor connotación en el marco de la resistencia mapuche en general. Desde su cargo directivo no solo direcciona las investigaciones de forma sesgada y tendenciosa para incriminarnos a como dé lugar, es a su vez quien más reproduce el discurso del persecutor impregnando dichos racistas y de odio contra quienes más fuerte abrazamos la reivindicación territorial y política en contra del capitalismo y del Estado colonial.

No cabe duda que en el último tiempo la Fiscalía ha adquirido más poder, y esto no sólo responde al permanente discurso contra la delincuencia que desarrollan los medios y la voz oficial.  Está cada vez más  empoderada y con atribuciones porque responde a la políticas históricas del Estado chileno, manteniendo y profundizando la institucionalidad opresora en defensa del modelo neoliberal y el extractivismo que se desarrollan indiscriminadamente en el Wallmapu histórico. Así se explican los abusos que cometen los fiscales de hacer y deshacer en las investigaciones y procesamientos contra los mapuche, contraviniendo tratados internacionales y las normas del propio Estado de Derecho, violando los DD.HH. y culturales del Pueblo Mapuche.

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EL ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRA LA CAUSA MAPUCHE

En Chile, la mayoría de los medios de comunicación de masas dependen o son parte de los más grandes grupos económicos que dominan este país. Por lo mismo actúan como casa de resonancia de los intereses económicos, políticos, culturales del poder de dominación, y hoy están al servicio de la nueva ofensiva neofascista. Es prensa que siempre ha manipulado la información, manejando así las mentalidades del ciudadano común, engañando e induciendo un tipo de opinión que permita justificar y salvaguardar los intereses de los poderosos. Su objetivo de fondo es conservar y reproducir el actual orden social que solo beneficia a la burguesía.

Dentro de los medios más reconocidos están El Mercurio y La Tercera y a nivel de prensa televisiva están el Canal 13, el Mega, Chilevisión y el canal estatal TVN. Claro que el último tiempo, dada la ofensiva del neo-fascismo en Chile comienzan a aparecer otros medios de prensa con claro sesgo derechista, y al servicio de los grupos más recalcitrantes de la ultraderecha que se ha posicionado en la clase política. En cierto modo, reflejan y reproducen la naturaleza más profunda del sistema colonial racista que confronta con la causa mapuche en el Wallmapu ancestral. Nos referimos a Ex-Ante, El Líbero, etc. También cabe mencionar que medios que se dicen independientes, particularmente radiales, reproducen el mismo discurso y versión racista del conflicto.

Sin lugar a dudas, todos estos medios de comunicación cumplen un rol muy definido, llegando inclusive a ser parte del proceso de criminalización, persecución y represión al pueblo mapuche. De hecho, son muchos los casos en que se hicieron parte de los montajes e incriminaciones falsas que incluyen actos de violación de derechos humanos en contra de comuneros mapuche. En dichas ocasiones presentan como legales las aberraciones cometidas por los agentes del Estado, transmiten la información falsa y/o construida con el objetivo de contribuir en la represión, generando a su vez las condiciones para que se reproduzca el discurso oficial racista, avalando y siendo parte de verdaderas operaciones de inteligencia mediáticas para denostar, desprestigiar y demonizar la causa Mapuche. Hay muchos casos en que sus editoriales justifican la persecución, montajes y violación de derechos humanos de los agentes del Estado y los paramilitares de derecha, quedando así estos hechos en la más absoluta impunidad.

Es cuestión de recordar cómo en el contexto del CASO HURACÁN se exhibieron programas especiales en los noticieros de toda la prensa televisiva, radial y escrita. Se presentaron de forma constante reportajes en que se llegó a alabar el actuar de los carabineros y fiscales.

Efectivamente los medios de comunicación ligados a la derecha económica y política fueron parte del CASO HURACÁN, no solo legitimando este gran fraude de los agentes del Estado, sino que algunos medios  actuando como un eslabón más en esta operación. Presentaron el operativo como una exclusiva, participando coordinados en la operación, en definitiva, fueron un engranaje más en el burdo montaje. Porque no solo reprodujeron la versión oficial, sino que se dedicaron una y otra vez a estimular mediáticamente condenas en contra de los mapuche. Sin duda, actuaron subordinados a los fiscales y la policía. Quedan en evidencia cuando se presentan las imágenes “inéditas” de los operativos y los supuestos chats como prueba. Fueron parte de un plan digitado por los altos mandos de la policía y la fiscalía. Sostenemos que hubo una intencionalidad política en el actuar de la prensa fascista cuyo objetivo final es justificar la institucionalidad opresora en general, y las acciones represivas en específico.

Los medios de comunicación tergiversan y manipulan los hechos, inclusive participan de los montajes en contra de los Weichafes. Lo hacen porque responden a los intereses de los grupos económicos que más confrontan con las comunidades que reivindican el territorio ancestral. Se impone una línea editorial que defiende a ultranza el capitalismo en el Wallmapu histórico. En este contexto es que los medios de comunicación, cuyos dueños y editores son obviamente de derecha y ligados al empresariado, lisa y llanamente tienen un trato con los grupos económicos que confrontan con los mapuche. Por lo mismo es que actúan manipulando la información con una intencionalidad política y con el objetivo de perjudicar y confrontar la causa Mapuche.

Los grandes empresarios y corporaciones propietarias de los medios de comunicación son acaparadores del radio de acción de la prensa y los adaptan a formas de manejo de las mentalidades y opiniones de la gente. Lo hacen a través de mentiras e inclusive imponen la posverdad de acuerdo a los intereses de los grupos de poder de una élite dominante que, en el caso del sur, son las corporaciones madereras.

La naturaleza profunda del Estado chileno es colonial y capitalista, por lo cual se impone a la fuerza inclusive con una cultura racista y de discriminación hacia el pueblo mapuche.

Es por esta razón que cada vez que los medios de comunicación cubren los hechos en torno a la Causa Mapuche lo hacen en esos términos, es decir, desde un discurso criminalizador con las siguientes características: en base a una posición marcadamente racista, en base a estereotipos, estigmatizando para adjudicar conductas que pueden ser reprochables, y es más, que sean condenables, perseguidas e inclusive que sean objeto del actuar cruel e injusto de parte de los agentes del Estado.

Los montajes, la desinformación, las operaciones de inteligencia, que vienen desde el poder y que son cubiertos por los medios oficiales, también tienen como objetivo crear las condiciones socio-políticas para la criminalización, adjudicando al movimiento autonomista características que no son verdad, con el objetivo de presionar así a la clase política dirigente, a los legisladores para la elaboración y aplicación de más y mayores leyes de excepción, para reprimir y perseguir la lucha política y territorial de las comunidades Mapuche.

Históricamente los medios hegemónicos han participado de estas sucias y crueles operaciones de inteligencia, donde la impronta racista se despliega en su línea editorial. El Mercurio es el ejemplo más claro en cuanto a su compromiso con el actuar de los fascistas y agentes del Estado, así está ampliamente documentado y registrado. Aún hoy ciertos medios fascistas han apoyado y apoyan maquinaciones y montajes que, en estricto rigor, son actos de violaciones de derechos humanos. Medios que siguen participando en labores de inteligencia política para direccionar información  en contra del movimiento mapuche así como de sus dirigentes más destacados.

En la actualidad se han iniciado nuevas operaciones político-policial-judicial y comunicacional que encabezan fiscales antimapuche y un grupo de “élite” de la PDI. En tal sentido, comienza a visibilizarse con certeza que estamos en presencia de otros montajes mucho más sofisticados, en donde los agentes del Estado cuentan con un mayor abanico de aliados, tanto desde el poder empresarial como de las autoridades políticas y judiciales, lo cual tiene muy complacidas a las forestales y demás colonos usurpadores en Wallmapu.

En este contexto, son muchos más los medios de comunicación que están al servicio del poder para reproducir la legitimidad de los nuevos montajes y mentiras, así como prácticas ilícitas de carácter racista que se imponen en los procesos de criminalización de la lucha mapuche. E incluye las operaciones de inteligencia para desvirtuar a la prensa independiente, amordazando y vulnerando el derechos a la libre expresión.

Nuevamente se impone la máxima nazi que tanto gusta a los poderosos de este país para denostar y desprestigiar las justas luchas de los oprimidos. Se trata del “miente, miente, que algo queda”, que es precisamente lo que hacen los medios de comunicación al servicio de los poderosos en Chile, la prensa oficial que se alinea a la actual gobernanza incluso aquellos medios “progresistas” que están con el gobierno actual.

El control social y político resulta fundamental para mantener el orden establecido y cada vez que la causa mapuche cuestiona y lucha contra el sistema de propiedad usurpador, por recuperar su territorio y autonomía, los medios de comunicación se ponen al servicio de estas operaciones en contra de los mapuche. Y en definitiva la motivación y los objetivos de los ideólogos de los montajes y la criminalización tendenciosa en contra de la causa Mapuche se refuerza por la cultura y posición racista que históricamente han tenido los detentadores del poder, que son los empresarios, los latifundistas, los colonos, prácticamente toda la clase política que sostiene este sistema (la derecha, el centro y la pseudo izquierda).

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EL RACISMO ESTRUCTURAL DEL ESTADO CHILENO

En Chile existe racismo y es estructural y superestructural. Es ideológico y cultural y enquistado hoy en la clase política dirigente.  Está en el origen de la sociedad chilena, está en sus cimientos. Históricamente está por la presencia y acción de la iglesia católica, la corona española y en  la construcción de los Estados Nacionales de Chile y Argentina. Está en todo el desarrollo de la República de Chile.

Nosotros los mapuche podemos afirmar, sin lugar a dudas, que el racismo es la matriz de todas las acciones políticas-policiales-judiciales y comunicacionales en contra de la causa Mapuche. En el fondo es lo que mueve todo el andamiaje del poder. Es lo que mueve en Wallmapu no solo a las forestales y latifundistas, sino también a los políticos de derecha (entiéndase derecha, centro y progres) que actúan como subordinados en defensa de sus patrones. Así lo observamos principalmente en la actuación de los fiscales y mandos policiales que terminan prácticamente corrompiéndose y violando los derechos humanos, involucrados inclusive en deleznables hechos en contra de las comunidades y comuneros mapuche. Casos como los de Jaime Mendoza Collío, Pablo Marchant, etc.

Ya lo sostuvo Franz Fanon, “el racismo es una jerarquía global de superioridad /inferioridad sobre la línea de lo humano, que ha sido producida y reproducida como estructura de dominación durante siglos por el SISTEMA imperialista /eurocéntrico /cristiano-céntrico/capitalista / patriarcal/ moderno/ colonial”.

El racismo estructural no solo se refleja en la negación de los derechos fundamentales del Pueblo Mapuche que son de Territorio y Autonomía, sino de todo el trato que recibimos de la institucionalidad en su conjunto. De hecho, en el marco de la criminalización se vuelve a expresar, con la ley Anti Toma, la ley de Seguridad del Estado,  los testigos protegidos,  los métodos y la tecnología para incriminar procesalmente, los montajes, etc. Y aun estando en calidad o condición de prisioneros políticos los mapuche somos tratados con racismo y negacionismo, vulnerando y haciendo caso omiso a los convenios firmados por el Estado chileno, como es el Convenio 169 de la OIT.

Ahora bien, una cosa es tratar de comprender el ámbito de la acción racista de la institucionalidad estatal chilena, pero otra cosa es aceptar la acción cruel, despiadada que sigue nublando la racionalidad de las policías y los fiscales, quienes aún continúan creando y montando falsas pruebas y acusaciones a los militantes mapuche. Como se observa en la nueva ofensiva en contra de la Coordinadora Arauco Malleco-CAM.

Podemos afirmar con justa razón, que en la actual ofensiva del Estado chileno, el racismo está nublando la racionalidad de los fiscales que están a la cabeza de la persecución de los militantes del movimiento mapuche autonomista, pidiendo condenas de más de 70 años a jóvenes mapuche en base a pruebas y falsos argumentos con el solo objetivo de condenas a como dé lugar, por mandato y presión política y empresarial. Presión que se ejerce sobre los tribunales y gendarmería que no reconoce nuestra condición de presos pertenecientes a un pueblo originario y menos como presos políticos mapuche.

Nuevamente opera el RACISMO en el actuar de la fiscalía y de los querellantes incluyendo al actual Gobierno, en los actuales procesos judiciales contra los miembros de la CAM, como ha quedado evidenciado en los actuales juicios en nuestra contra. Es la hora del pronunciamiento de los tribunales de justica chilenos, que esperamos no se comporte como el tribunal de Temuco que se somete hasta con burdos montajes (Huracán) y permite  nuevas operaciones de inteligencia contra los miembros del Pueblo Mapuche.

A qué niveles puede llegar el RACISMO en Chile, toda vez que desde la actual gobernanza se promocionan y designan a los fiscales  más antimapuche en puestos claves, aquellos que estuvieron involucrados en actos de tortura y muertes de comuneros mapuche que participaron en procesos de recuperación de tierra, a aquellos que estuvieron involucrados en el Caso Huracán.

La explicación de esta conducta está en su actitud persecutoria RACISTA y obsesiva de incriminar y exterminar mapuche si lo ven necesario. Así incluso han llegado a justificar y avalar el actuar de las bandas paramilitares de la ultraderecha que actúan para las forestales las cuales  han desarrollado acciones que la fiscalía direcciona en contra de los Weichafe.

En la actualidad observamos a los fiscales cómo reproducen, desde su actuar persecutorio, el RACISMO exacerbado cada vez que existen actos de resistencia, esta vez de la mano de un grupo selecto de la PDI (Macrozona Sur) quienes a través de la tecnología israelí manipulan y crean pruebas y antecedentes falsos.

La posición antimapuche queda en evidencia en los agentes del Estado toda vez que demuestran un discurso basado en el pensamiento colonialista, ultraconservador y nacionalista propio de la ultraderecha chilena, lo que los convierte en personajes públicos que justifican la ocupación política militar del Wallmapu, el genocidio de los mapuche, la usurpación de las tierras, junto con la actual violencia estatal y de los grupos de poder en contra de Nuestro Pueblo.

En los actuales procesamientos contra los weichafe de la CAM se está utilizando básicamente pruebas obtenidas por tecnología israelí, son software y programas que “recogen” información solo de celulares, y es un hecho que constituyen el grueso de la pruebas presentadas al tribunal. No hay pruebas objetivas y concretas.

El Pueblo Mapuche históricamente ha sido tratado en forma racista y genocida. Aún en la actualidad es el trato que se nos da desde todas las instituciones estatales y de la sociedad dominante en general. Se nos ha estigmatizado, caricaturizado, folklorizado, discriminado, demonizado y  denostado. Los actuales calificativos de narcoterroristas y/o criminales y delincuentes ya no son vociferados por los gremios vinculados a la ultraderecha sino que son pronunciados desde los fiscales y delegados presidenciales.

Es con la acción represiva y punitiva que quieren cerrar este círculo de actuación racista, en donde los fiscales antimapuche cumplen el triste papel de persecutores y agentes del racismo institucional que engloba la actual política del Estado chileno.

Finalmente, nos vemos en la obligación de reafirmar que, son las empresas forestales las que más confrontan con la Causa Mapuche, corrompiendo prácticamente a toda la institucionalidad winka opresora.  Son los que, en definitiva, compran o cooptan a fiscales y altos mandos de la policía, son los responsables de toda las injusticias contra Nuestro Pueblo, son los que financian gobiernos lacayos y serviles a las políticas extractivistas y depredatorias. Son las que financian y promueven a fiscales, mandos policiales, cooptan y presionan a los tribunales en contra de la justa y digna Causa Mapuche.

He escrito estas líneas de análisis y denuncia a 44 días de Huelga de Hambre en una cárcel del Estado chileno. Fui perseguido e incriminado nuevamente por fiscales antimapuche. Condenado por un tribunal racista por expresar nuestras ideas como organización autonomista, sin pruebas concretas y con testigos protegidos sin rostro.

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Exigiendo la libertad de Ernesto y Pelentaro Llaitul.

LIBERTAD A LOS PPM CAM y a todos los weichafe encarcelados por el Estado chileno.

Amulepe taiñ Weichan !!    Weuwaiñ!!