El 9 de febrero se puso fin a una huelga espontánea de trabajadores de la refinería de Petrobras Alberto Pasqualini (Refap), en el estado sureño de Rio Grande do Sul, por medio de la connivencia de los sindicatos con las compañías y las cortes, quiénes por poco casi no logran contener su propagación a otras unidades en el resto de Brasil.

Más de 4.500 trabajadores se declararon en huelga espontáneamente el 30 de enero, denunciando el empeoramiento de los salarios y beneficios en la unidad de refinería del gigante energético estatal.

Los videos en las redes sociales mostraban a los trabajadores que llegaron para el turno de la noche saliendo inmediatamente de sus autobuses y uniéndose a la acción industrial. El movimiento se extendió a toda la fuerza laboral, a pesar de los esfuerzos de intimidación por parte de las empresas, que habrían contratado guardias para tal fin.

Cuando estalló la huelga, Refap estaba realizando trabajos de mantenimiento por parte de varios contratistas. La mayoría de los huelguistas eran trabajadores de mantenimiento que venían de otras unidades en todo el país. En el paro participaron trabajadores de las empresas Estrutural, Estel, Engevale, Manserv y Darcy Pacheco. Los trabajos tercerizados en estas empresas o bien no cubren los gastos de transporte y alojamiento o solo compensan parcialmente a los trabajadores por los mismos.

Entre las demandas de la huelga estaba un salario igual al de otras instalaciones de Petrobras en el país. Según la federación sindical CUT, controlada por el Partido de los Trabajadores (PT), los salarios mensuales de los trabajadores de mantenimiento subcontratados en Refap pueden ser hasta R$ 1.500 (US$ 285) más bajos que en otras refinerías.

Los trabajadores también exigieron bonos correspondientes a 350 horas de trabajo de mantenimiento, R$ 1.300 (US$ 247) mensuales en alimentos, R$ 1.500 (US$ 285) para gastos de alojamiento y transporte durante los trabajos de mantenimiento y un aumento del 100 por ciento del salario por horas extras los fines de semana. Exigieron que sus derechos laborales sean puestos por escrito por las empresas antes de firmar los contratos.

Mientras que el levantamiento de los trabajadores estalló espontáneamente, el sindicato local de trabajadores metalúrgicos STIMMMEC formó rápidamente una “comisión de huelga” para hablar en su nombre. Declarándose a favor de los trabajadores, la comisión sindical examinó sus demandas. El STIMMMEC fue solo uno de una miríada de organizaciones sindicales que corrieron a la refinería para reprimir la movilización espontánea, incluido el Sindipetro-RS. Tanto STIMMMEC como Sindipetro-RS están afiliados a la CUT.

Posteriormente se revelaron las verdaderas intenciones de los sindicatos, que propusieron iniciar conversaciones de “mediación” con el tribunal regional del trabajo (TRT4) y los contratistas responsables del mantenimiento en Refap. Los esfuerzos por reprimir la movilización espontánea se presentaron como un intento de “oficializar la huelga”. El 3 de febrero, el presidente de STIMMMEC, Paulo Chitolina, declaró: “No hubo aviso de huelga con 48 horas de anticipación, por lo que informamos a las empresas el lunes, pero presentaron una denuncia por abuso de los huelguistas, por lo que ayer hubo mediación”.

Tal maniobra, empleada con tanta frecuencia por los sindicatos para reprimir y romper el impulso de las luchas obreras, fue inmediatamente rechazada por los trabajadores. Rechazaron volver al trabajo a la espera de una decisión judicial y votaron por continuar la huelga. Un video grabado durante la asamblea dirigida por el sindicato muestra a Chitolina siendo acribillado después de afirmar que las demandas de los trabajadores insatisfechas “también serán resueltas por la justicia”.

Durante los siguientes ocho días, el STIMMMEC mantuvo reuniones casi diarias con el tribunal TRT4 y los contratistas para poner fin al movimiento. El tribunal declaró que la huelga era “abusiva” e impuso multas individuales de R$ 200 (US$ 38) por cada día que los trabajadores desafiaran su decisión de regreso al trabajo.

A pesar de esta acción punitiva, el número de asistentes a las asambleas en las puertas de la refinería crecía cada día. Desesperada por reprimir el movimiento, la CUT envió a su presidente estatal, Amarildo Cenci, a sofocar a los trabajadores de Refap el 8 de febrero. Mientras hacía promesas retóricas de apoyo a los trabajadores en huelga, indicó la necesidad de “discusiones sobre estándares salariales” con todos los contratistas de Petrobras. .

El llamado de la CUT a “estándares salariales” en toda la empresa promueve la mentira de que los trabajadores de otras refinerías están bien. De hecho, la abrumadora mayoría de los trabajadores petroleros de Petrobras se enfrentan a un régimen de salarios y beneficios por debajo del estándar y condiciones de trabajo peligrosas, mientras intentan sobrevivir bajo una inflación cada vez mayor.

El STIMMMEC pudo poner fin a la huelga el 9 de febrero, solo después de amenazar con dejar a los trabajadores a merced de los tribunales y sus multas punitivas. Viniendo de conversaciones con representantes de la empresa y funcionarios judiciales, Chitolina acudió a la asamblea de trabajadores en las puertas de la Refap y declaró: “Si seguimos, ya no tenemos trato con las empresas y la justicia. Si volvemos al trabajo, tenemos un trato”.

La burocracia sindical mostró su total indiferencia ante la situación de los trabajadores al celebrar cínicamente la derrota de su movimiento como una “victoria”. El acuerdo incluía algunas concesiones, como un aumento en los beneficios de alimentos, compensación por transporte y alojamiento y pago adicional de fin de semana. Sin embargo, estaban muy por debajo de las demandas de los trabajadores y ni siquiera comienzan a compensar los años de erosión de los salarios.

La represión del levantamiento de los trabajadores petroleros fue un tema crítico para el Partido de los Trabajadores y su burocracia sindical asociada. Bajo condiciones sociales explosivas en todo Brasil, el movimiento en Refap amenazó con desencadenar una gran huelga en un sector económico clave en los primeros meses de la nueva administración del presidente del PT, Luiz Inácio Lula da Silva.

Exponiendo la ansiedad de la burocracia ante esa posibilidad, el presidente de Sindipetro-RS afirmó un día después de que se rompiera el movimiento: “Es inaceptable que la administración obligue a la gente a trabajar mientras los trabajadores petroleros seguimos viviendo como si nada”. Supuestamente en representación de los trabajadores con contrato completo, el Sindipetro-RS hizo todo lo posible para evitar su movilización durante los 11 días anteriores. Durante el mismo período, la Federación Única de Trabajadores Petroleros (FUP), vinculada a la CUT, bloqueó las noticias sobre la huelga, mientras sus funcionarios se reunían con miembros del gobierno federal.

Lo que está en juego fue señalado en la advertencia del juez laboral el día en que los trabajadores rechazaron la primera propuesta de las empresas sobre “las pérdidas que se pueden producir para la comunidad en caso de escasez de combustible si no se reanudan las actividades de mantenimiento en Refap”.

Hace exactamente tres años, tuvo lugar en Brasil la mayor huelga nacional de trabajadores petroleros desde 1995 que involucró a 191 unidades de Petrobras en su punto máximo, desde refinerías hasta centros de distribución y plataformas marinas. Los trabajadores se opusieron a los recortes de empleos y al impulso de la privatización de la empresa, incluida Refap, bajo la administración del expresidente fascistoide Jair Bolsonaro. La huelga fue respondida con multas masivas y represión.

La reciente huelga en Refap muestra que la lucha de los trabajadores seguirá recibiendo el mismo trato brutal bajo la administración del PT, a pesar de las promesas hechas por los sindicatos con cada uno de los acuerdos de entrega que llevaron a cabo de que la elección de Lula resolvería todos los importantes problemas sociales y políticos que había bajo Bolsonaro. De hecho, la burocracia se muestra aún más ansiosa por suprimir las huelgas.

La clase dominante brasileña, de la que el PT y sus sindicatos son instrumentos, teme que el desarrollo de un movimiento huelguístico de los trabajadores de la industria petrolera y de otros sectores socave sus acuerdos buscados en un escenario global cada vez más explosivo. En medio de la campaña actual de las potencias estadounidenses y europeas contra China y por plataformas y recursos laborales alternativos en América Latina, una gran lucha de la clase trabajadora se convierte en un problema de “seguridad nacional”.

A pesar de estos esfuerzos por reprimir las huelgas, el estallido de la lucha de clases en Brasil es incontenible. Las enfermeras se preparan para un paro nacional el 10 de marzo exigiendo la implementación del salario mínimo legal para el sector. Las últimas semanas han visto protestas de maestros en Rio Grande do Sul y huelgas de 24 horas de trabajadores del metro en Minas Gerais y São Paulo.

Esas luchas son parte de un creciente movimiento internacional de la clase obrera contra los ataques a los salarios y las condiciones por parte de las clases dominantes en su intento de colocar todo el peso de los principales rescates bancarios y corporativos y los costos de la guerra imperialista sobre los hombros de los trabajadores en todos los países. Para que se desarrolle ese poderoso movimiento, los trabajadores deben entender que sus intereses están en una lucha internacional común para derrocar el sistema capitalista.

(Publicado originalmente en inglés el 28 de febrero de 2023)