Esto es así porque, salvo en el caso de Ucrania (no hay reglas sin excepciones y el escándalo puede costarle caro al presidente Volodymyr Zelensky en términos de popularidad), los implicados se sienten libres de toda sospecha, mientras cuenten con la indulgencia de quien mantiene en sus manos las riendas del poder.

Para ese grupo de privilegiados hay en Rusia una normativa, conocida como ley de los amigos de Putin, que regula el funcionamiento de lo que denominan compañía extranjera controlada, y establece un impuesto fijo de 70 mil dólares anuales por firma offshore, sin importar cuántas ganancias genere.

De ese modo, los 4 mil 500 rusos que tienen compañías en paraísos fiscales, de ellos medio centenar de multimillonarios en dólares, están en paz con las autoridades fiscales hasta que dejan de apoyar al Kremlin y, en ese supuesto, acaban en la cárcel o en el exilio.

Se conoce una ínfima parte de los 12 millones de documentos de los Papeles de Pandora y continúa en el anonimato la gran mayoría de los propietarios de las 30 mil compañías en paraísos fiscales, pero lo revelado hasta ahora es muy significativo. Llama la atención no tanto el monto de las cantidades que figuran, sorprende la inmediata exoneración por parte del Kremlin de los señalados, cuando lo importante no es si pagan impuestos –conforme a la ley del irrisorio gravamen fijo–, sino que éstos no tienen que explicar el origen del dinero.

Y mientras el mandatario Putin no se cansa de repetir que la economía rusa necesita los capitales que salieron, y siguen saliendo, gente de su entorno más inmediato prefiere tener el dinero fuera de su país por dos razones: no creen buen negocio invertir en Rusia y preparan un refugio más que dorado, para sí y sus descendientes, cuando ya no esté su gran protector. No es casual su predilección por comprar mansiones en Londres: saben que es muy difícil que Reino Unido satisfaga una solicitud de extradición.