Hasta que la dignidad se haga costumbre fue la frase coreada por los manifestantes que salían de sus casas demandando un cambio de rumbo. El gobierno, con su presidente a la cabeza, Sebastián Piñera, colapsó. Mientras, la socialdemocracia, cuyos gobiernos incumplieron sus promesas –entre otras, una nueva constitución–, había perdido toda su credibilidad, y el partido comunista, se hipotecó al ser copartícipe del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Las movilizaciones toman forma de rebelión popular. Sin su emergencia, no es posible entender la convención constitucional, los resultados en las elecciones a diputados y senadores de 2021, el triunfo de Gabriel Boric, el rechazo al borrador de la Carta Magna, y la actual deriva conservadora del gobierno del Frente Amplio. Todo forma parte de un mismo proceso que ha culminado en la desmovilización social y la desarticulación del estallido social. El malestar se acumula bajo la dinámica de más promesas incumplidas.

Si hacemos historia. La élite política chilena, el 18 de octubre de 2019, tomó el único camino que conoce para ahogar las reivindicaciones populares: la represión. Las protestas se criminalizaron. Bombas lacrimógenas, tanquetas, carros de agua, se unieron al material antidisturbios. Rifles con munición no letal, balines de goma, se convierten en el arma estrella. Se dispara al rostro de los manifestantes. La brutalidad de carabineros recuerda los tiempos de la dictadura. Torturas, violaciones, encarcelamientos arbitrarios, pérdida del habeas corpus. Miles de detenidos y encarcelados sin cargos.

En octubre de 2019, los manifestantes se reconocían en los movimientos sociales, en las luchas contra la carestía, los bajos salarios, los derechos de los pueblos originarios, las reivindicaciones del movimiento feminista, el rechazo a la violencia de género, en demandar una salud y una educación pública de calidad. Con el miedo en el cuerpo, la casta política se reunía para recobrar el control. Había que salvar el edificio en ruinas, desmovilizar las protestas. Y lo lograron. Los partidos del orden, gobierno y oposición, firmaron el 15 de noviembre de 2019 el conocido como pacto de la traición. De nombre pomposo: por la paz y una nueva constitución, sentenciaba a muerte la rebelión popular. Gabriel Boric será uno de sus artífices. Todo volvió a su cauce. La pandemia meses más tarde, le dará la puntilla.

Hoy Chile vive en una falsa paz social. El gobierno de Gabriel Boric, sin iniciativa, ha renunciado a su programa. Huérfano de ideas, y lo más grave, carente de apoyo social. En esta coyuntura, está en manos de las dos derechas. En menos de un año, ha entregado el poder real a la clase política corrupta y desprestigiada que ha gobernado Chile en las últimas cinco décadas. Sus promesas se han volatilizado.

Si el Frente Amplio logró el triunfo reivindicando el fin de la militarización en los territorios del Wallmapu, hoy la zona sigue en manos de las fuerzas armadas, y de paso detiene al dirigente de la CAM, Héctor ­Llaitul. Igualmente, prometió la refundación del cuerpo de Carabineros, hoy mantiene a sus mandos y reniega de lo dicho. Se comprometió a la liberación de los presos políticos de la revuelta de octubre, cientos siguen en las cárceles sin juicio. Su práctica ha ido en sentido contrario. En política internacional se alinea con la OTAN y Estados Unidos. Se siente cómodo con los tratados de libre comercio que entregan Chile a las trasnacionales. Su segundo gabinete, y no cumple un año, está compuesto por militantes o simpatizantes de la ex concertación. Es decir, miembros de los partidos que perdieron las elecciones. Es triste ver al presidente Boric deambular por el Palacio Presidencial, preguntando cuál es su agenda. Y si faltaba poco, en la conmemoración de este tercer aniversario de la rebelión popular ha seguido la misma estela que su antecesor en el cargo, Sebastián Piñera: reprimir y criminalizar. En Chile gobiernan los de siempre, sólo que más jóvenes y sin corbata.