La grieta en el muro de la impunidad: 16 años de la «Querella argentina» que puso al franquismo en el banquillo
Inés García Holgado y Darío Rivas, primeros querellantes, junto a Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo
Por Iñaki Alrui*
Impulsada por los abogados Carlos Slepoy y Ana Messuti, la causa 4591/2010 sigue activa desafiando la amnistía y la prescripción, logrando hitos como la orden de captura de torturadores y la exhumación de fosas…
Fue un 14 de abril de 2010, aniversario de la proclamación de la II República Española. A miles de kilómetros, en los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires, Argentina, un puñado de abogados, familiares y el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel presentaban una querella que haría temblar los cimientos de la transición española. El objetivo: investigar como genocidio y crímenes de lesa humanidad los 40 años de dictadura franquista que España se negaba a asumir.
La jueza María Romilda Servini de Cubría recogió el testigo y abrió el expediente N° 4591/2010, amparándose en el principio de jurisdicción universal.
Dos alcaldes y una herida abierta
Los primeros rostros de la causa fueron los de Darío Rivas e Inés García Holgado. El primero, un anciano de 91 años residente en Argentina, llevaba décadas buscando a su padre, Severino Rivas, alcalde socialista de Castro Rey (Lugo), fusilado en 1936 por falangistas. Sus restos no fueron identificados en una fosa común hasta 2005. Inés, por su parte, denunciaba el fusilamiento de su tío abuelo Elías García Holgado, alcalde y diputado en Salamanca, también ejecutado en 1937.
Estos dos crímenes fueron la punta de lanza de una demanda que pedía investigar un periodo que abarcaba desde el golpe del 17 de julio de 1936 hasta las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977. Pronto, más de 150 denuncias y 5.000 testimonios se sumarían, incluyendo casos emblemáticos como el de Ascensión Mendieta, cuya lucha por recuperar el cuerpo de su padre, Timoteo, fusilado en 1939, se convirtió en un símbolo global gracias al documental El silencio de otros.
Los argumentos: contra la amnistía y la prescripción
El corazón jurídico de la querella, construido por los abogados Carlos Slepoy (fallecido en 2017) y Ana Messuti (fallecida en octubre de 2024), es sólido y demoledor: los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, inamnistiables y pueden ser juzgados en cualquier país del mundo gracias al principio de justicia universal. Los abogados que comenzaron el procesos fueron Carlos Slepoy, Ana Messuti y Jacinto Lara en Madrid y David Baigún, Máximo Castex, Ricardo Huñis, Beinusz Szmukler, Carlos Zamorano y Héctor Trajtemberg en Argentina.
Frente a esto, el gobierno español de Mariano Rajoy (PP) respondió en 2014 que los crímenes “ya prescribieron en España” y que estaban amparados por la Ley de Amnistía de 1977. Sin embargo, informes de Amnistía Internacional como Casos cerrados, heridas abiertas (2012) y los relatores especiales de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición: Pablo de Greiff, primero y Fabián Salvioli, después; han recordado a España su obligación internacional de colaborar y su incumplimiento al mantener los efectos de una ley que protege la impunidad.
Avances, zancadillas y un legado vivo
La causa argentina ha vivido un largo viacrucis. Por un lado, la jueza Servini ha logrado hitos históricos: en 2013 y 2014 dictó órdenes de búsqueda y captura internacional contra altos cargos franquistas, incluido el exministro Rodolfo Martín Villa (procesado en 2021 por su presunta responsabilidad en la muerte de cinco personas durante la Transición) y torturadores como el policía de la Brigada Político Social Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y el capitán de la guardia civil Jesús Muñecas Aguilar.
Por otro lado, la Audiencia Nacional española ha denegado sistemáticamente las extradiciones, y en 2016, la Fiscalía General del Estado ordenó a los jueces no colaborar con la jueza argentina, lo que paralizó decenas de tomas de declaración. “Llegado determinado momento, no solo no podía contar con esa colaboración, sino que se había prohibido toda colaboración con esta causa”, denunció Messuti en 2020.
Pese a los obstáculos, en 2018 la Cámara Federal de Casación Penal argentina dictó dos sentencias clave que ampliaron el alcance de la querella más allá de las fronteras españolas (incluyendo crímenes en el Protectorado de Marruecos) y más allá de 1977, abarcando casos de la Transición como el homicidio de Gustau Muñoz en Barcelona en 1978.
Un recuerdo de cierre para quienes se fueron en estos años de lucha por la Justicia: Carlos Slepoy, “Chato” Galante, Darío Rivas, Ana Messuti y Felisa Echegoyen, “Kutxi”, el legado de su lucha por la Justicia universal queda en manos de una nueva generación. La querella sigue viva.
* Miembro de la Asamblea de Redacción de LQSomos.
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