Lo último sobre los escándalos y las investigaciones que salpican al rey emérito ha sido publicado por El Confidencial: Juan Carlos I sacó 100.000 euros al mes en billetes de su cuenta suiza entre 2008 y 2012. Según la documentación a la que ha tenido acceso ese diario, usó esa cuenta para esconder los 64,8 millones de euros de Arabia Saudí y gastó supuestamente el dinero en sufragar gastos no declarados de toda la familia real.

El debate sobre la inviolabilidad del rey y el posible referéndum sobre monarquía o república ya estaban encima de la mesa desde hace años en la sociedad. Pero es ahora cuando el asunto, impulsado por la prensa internacional y la magnitud pública del escándalo, ha hecho una parada, al menos aparente, en Moncloa. Es como si se hablara al fin de un problema familiar al que nadie se quiere enfrentar… hasta que la cosa se pone seria.

En una entrevista con con eldiario.es e infoLibre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló esta semana de una posible reforma de la Constitución y de la desaparición de la inviolabilidad. «La Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades», dijo el presidente.

«La responsabilidad de Estado no solo debe mirar al pasado sino también al futuro y el presidente demuestra con su reflexión su compromiso con un futuro mejor para España», ha elogiado el vicepresidente Pablo Iglesias, quien sí ha entrado de lleno en el debate sobre monarquía o república al pedir al Gobierno, del que él mismo forma parte, escuchar el debate sobre «la utilidad» de la monarquía que «crece» en la sociedad.

“Resulta complicado ignorar que la monarquía es una institución hereditaria en la que la legitimidad descansa precisamente en la filiación”, ha escrito en un texto difundido en sus redes sociales. No obstante, ha asegurado que ve difícil que el debate pueda traducirse en cambios a corto plazo.

Desde hace cinco años, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no pregunta a la ciudadanía sobre la monarquía. A partir de 2011, la encuesta nunca dio un aprobado a la confianza de los españoles y españolas a la institución.