La Jornada 18/09/25 Mario Patrón
Estamos a ocho días de conmemorar un nuevo aniversario de los hechos ocurridos en la noche del 26 de septiembre de 2014 en los alrededores de Iguala, Guerrero. Once años de indeclinable dignidad por parte de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pero 11 años también marcados por la inconsistencia de las autoridades en sus intentos de dar con el paradero de los 43 y brindar justicia y verdad para los familiares de las víctimas. El hecho es que, 11 años después, persiste la deuda histórica en un caso que reveló la cruda realidad de un México profundamente herido, ya no sólo bajo la forma de la comisión de homicidios en el marco de la denominada guerra contra el narcotráfico desde la primera década de este siglo, sino también bajo la ominosa figura de la desaparición de personas.
Ayotzinapa desnudó la profundidad de la violencia estructural de México en dos vías: la desaparición forzada de personas cometida por autoridades de cualquier orden, especialmente policías y fuerzas armadas, pero también la desaparición de personas a manos del crimen organizado, misma que hizo necesario construir la distinción jurídica que supone el concepto de la desaparición de personas cometida por particulares. Los esfuerzos iniciales de dar con el paradero de los 43 sacó a la luz la aterradora realidad de un país repleto de fosas clandestinas en cuyo interior yacen cuerpos y pertenencias de miles de personas sin identificar.
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