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Los asuntos complejos se entienden por pasos, porque crecen paso a paso. Las agresiones avanzan a pasos, al principio temerosos, de tentativa, y después ya a zancadas. La destrucción, también.
En el caso de la destrucción institucional que está llevando a cabo –y con notable éxito– el Partido Popular, recorrer algunos pasos evidentes deslía la sensación general de que todo aquello que parecía sólido se está desmoronando de forma espontánea, fruto de una “crisis” que llegó como aparece una seta en la esquina húmeda de la casa sucia. Nada más lejos de la realidad.
A grandes trazos –no tenemos todo un libro para extendernos–, los pasos son los siguientes:
Paso 1: Empobrecimiento de la población.
Paso 2: Control de los ciudadanos: Ley Mordaza.
Paso 3: Control del Aparato Judicial.
Paso 4: Abuso de Interior y descrédito de los investigadores.
Vamos allá.
Paso 1. Empobrecimiento de la población.
Dado que el paso está más que sabido por cualquiera que acceda a este texto, baste recordar que el empobrecimiento de la población –en este caso española–, también llamado “crisis”, se puede reducir a tres patas básicas:
Pata A: Corrupción. El robo perpetrado por partidos políticos y sus empresas afines desde el Gobierno central, los autonómicos y los locales, o sea la corrupción, supone a los españoles 90.000 millones de euros al año, según la Cámara Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). De los atropellos de corrupción más sonados en la última época, todos perpetrados por el PP, cabe destacar Gürtel, Púnica, Lezo, Bárcenas, Noos, Aquamed, Taula, Guateque, Imelsa, Naseiro, Palma Arena o Auditorio, por no extendernos en varias decenas más. En la inmensa mayoría de ellos son partícipes necesarias las grandes empresas españolas.
El dinero que se han repartido entre unas y otros sale de los fondos públicos que estaban destinados a sectores como Educación, Sanidad o Asuntos sociales, precisamente los que han sufrido los mayores recortes con la “crisis”. La pobreza es hija directa de la corrupción y algunos ayuntamientos ya están demostrando que eliminar los procedimientos corruptos elimina también la deuda.
Para ampliar el número de casos de corrupción, y mucho, entre aquí.
Pata B: Fiscalidad. El pasado 9 de junio, el Tribunal Constitucional anuló por unanimidad la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, en un mazazo considerable a Mariano Rajoy y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El Constitucional afirmaba que dicha amnistía supone una perversión que afecta “a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, alterando sustancialmente el reparto de la carga tributaria a la que deben contribuir la generalidad de los contribuyentes, según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad”. Sin embargo, más allá del varapalo, dicha sentencia no tendrá ningún efecto práctico.
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