El Sudamericano Ermelinde Malcote 29/01/26
Esta declaración ofrece el marco teórico de la operación Absolute Resolve: el derecho internacional no es más que un barniz opcional que cualquier país con el poder de imponer su voluntad por la fuerza puede ignorar.
Introducción
En la noche del 3 de enero de 2026, Estados Unidos lanzó la operación militar «Absolute Resolve» con el objetivo de secuestrar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Estados Unidos para ser juzgados.
La administración Trump justificó la operación de dos maneras: por un lado, como una acción de legítima defensa frente al «ataque armado» de los cárteles de la droga contra Estados Unidos (AP, 3 de octubre de 2025) y, por otro, como una operación policial destinada a ejecutar una orden de arresto por tráfico de drogas.
Sin embargo, esta justificación es doblemente errónea, ya que se basa, en primer lugar, en una interpretación abusiva y sin precedentes de la legítima defensa (que consiste en asimilar el tráfico de drogas a un ataque armado) y, en segundo lugar, en un dictamen jurídico interno marginal y controvertido de la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) de 1989, dictamen que el Departamento de Justicia ha evitado sistemáticamente ante los tribunales debido al sofisma en el que se basa.
A continuación, detallaremos estos dos elementos, así como las consecuencias que la operación tiene tanto para Venezuela como para las relaciones internacionales en general.
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