25/12/25

Lisandro Brusco Masar Badil
En Líbano viven aproximadamente 500 mil palestinas y palestinos en 12 campos de refugiados, con un status legal limitado, sin integración plena en la sociedad, atacados permanentemente por el régimen colonial israelí y viviendo en condiciones de extrema pobreza (90 % de la población están por debajo de la línea de la pobreza). El gobierno libanés junto con la autoridad nacional palestina, bajo la directiva de Estados Unidos, han reactivado la iniciativa para desarmar a las facciones políticas palestinas en los campos de refugiados. Este renovado llamamiento al desarme se produce en medio de una dinámica local y regional «inestable»: la compleja situación interna libanesa dependiente de un sistema político de representación sectaria y la presión imperial para socavar a la resistencia libanesa. Esto está lejos de expresar la demanda de las palestinas y palestinos que apenas sobreviven en los campos, sumado a la discriminación impuesta por la propaganda fascista de las fuerzas de derecha libanesa y por el sistema legal libanés segregacionista en donde los palestinos no tienen garantizado plenamente los derechos básicos (propiedad, salud, educación, trabajo, construcción). Siguiendo la lógica del régimen colonial israelí en Cisjordania (Palestina), el gobierno libanés trata a los campos de refugiados como «zonas peligrosas», de «inseguridad» y «criminalidad»; rodeándolos de puestos militares (chekspoints) y limitando la circulación. La relación entre el Estado libanés y los campos de refugiados se define desde una lógica represiva y de control social.


Editorial de la Unión Palestina de América Latina – UPAL



