Es también una forma de aumentar las variedades en los bancos de germoplasma, que al amparo de leyes de propiedad intelectual sobre semillas, funcionan como muestrario para que las empresas privadas, especialmente las trasnacionales, conozcan y elijan variedades que luego pueden modificar y patentar.

Entre quienes impulsan este tipo de proyectos están el secretario de Agricultura del gobierno saliente, Víctor Villalobos, y su protegida Sol Ortiz, para quien creó un cargo específico como directora de Políticas, prospección y cambio climático en la misma secretaría, cuando tuvo que dejar el cargo que ocupaba en la comisión de bio(in)seguridad durante el sexenio de Peña Nieto. Ver sus nombres como parte de proyectos sobre maíz nativo es como ver al zorro cuidando que las gallinas engorden.

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Se esfumó, poniendo en ridículo a la policía catalana y dejando con la miel en los labios a los jueces que en el Tribunal Supremo llevan años suspirando por ponerle la mano encima. Tanto, que se han rebelado abiertamente contra la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso, manteniendo una orden de captura por malversación que contraviene totalmente la letra y el espíritu de la norma del Poder Legislativo. El lawfare, en España, no empezó con Pedro Sánchez.

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