El dramático desahucio de Maricarmen marcó un punto de inflexión en la crisis de la vivienda en España. La ciudadanía se echó a las calles para protestar y, a partir de ahora, ya nada debería ser igual.
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La Policía arrastra a uno de los activistas que intentaban impedir el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, quien fue desalojada de la vivienda de Madrid, al 23 de septiembre de 2026. SUSANA VERA / REUTERS
Cuando se publican estas líneas, 24 horas después del dramático desahucio, nadie en la Comunidad de Madrid ni en el Ayuntamiento de la capital ha pronunciado una sola palabra de apoyo a Maricarmen. Tampoco nadie lo esperaba, ni siquiera sus propios votantes, que saben muy bien lo que hacen. El presidente del Gobierno estaba ayer en Nueva York, en la Asamblea de las Naciones Unidas, y haciendo un paréntesis en sus labores de líder mundial sí que habló del vil desalojo. Echó la culpa a Ayuso y a Almeida (que la tienen), pero no basta. No basta con que Partido Popular, Vox y Junts den ahora marcha atrás y apoyen el decreto antidesahucios que tumbaron en el Congreso. No basta con que el fondo buitre que echó a Maricarmen a la calle (Urbagestión) cambie de nombre ante el oprobio que siempre estará asociado a su marca. Ni siquiera basta con que los hermanos Ricardo y Fernando Alonso, los dueños de la compañía especuladora, se escondan y no puedan salir a la calle por temor a los escupitajos de la gente decente. No basta.
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