Cuando se publican estas líneas, 24 horas después del dramático desahucio, nadie en la Comunidad de Madrid ni en el Ayuntamiento de la capital ha pronunciado una sola palabra de apoyo a Maricarmen. Tampoco nadie lo esperaba, ni siquiera sus propios votantes, que saben muy bien lo que hacen. El presidente del Gobierno estaba ayer en Nueva York, en la Asamblea de las Naciones Unidas, y haciendo un paréntesis en sus labores de líder mundial sí que habló del vil desalojo. Echó la culpa a Ayuso y a Almeida (que la tienen), pero no basta. No basta con que Partido Popular, Vox y Junts den ahora marcha atrás y apoyen el decreto antidesahucios que tumbaron en el Congreso. No basta con que el fondo buitre que echó a Maricarmen a la calle (Urbagestión) cambie de nombre ante el oprobio que siempre estará asociado a su marca. Ni siquiera basta con que los hermanos Ricardo y Fernando Alonso, los dueños de la compañía especuladora, se escondan y no puedan salir a la calle por temor a los escupitajos de la gente decente. No basta.

Algo cambió ayer. La conmoción provocada por el desahucio fue tan profunda, la contestación social (no sólo en Madrid sino en muchas otras ciudades de España) fue tan categórica, que los poderes públicos no pueden permanecer indiferentes, ni inventar parches legislativos, ni jugar al juego de las sillas competenciales para quitarse el muerto de encima y que todo siga igual. Tienen que entrar de lleno en la crisis de la vivienda y acometer reformas radicales que pongan límites a este sistema inhumano.