El 3 de enero de 2026, en la hora más oscura de la madrugada, mientras su noble pueblo dormía, Venezuela fue arteramente atacada por orden del presidente estadounidense Donald Trump.

Se confirmaba una vez más, ahora en su patria de nacimiento, la visionaria sentencia de Bolívar en cuanto a que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad, y la advertencia de Ernesto Che Guevara de que en el imperialismo no se puede confiar, ni tantico así, nada.

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Si bien todos los presos son en definitiva políticos, porque lo están en función de decisiones de un poder del Estado, algunos son presos políticos propiamente dichos o puros, es decir, que están presos en razón del ejercicio arbitrario del poder punitivo y por resultar molestos o disfuncionales al que manda. A esto nos está acostumbrando el llamado lawfarey sus víctimas en nuestro país y en nuestra América (Cristina, Castillo, Glas, etc.), no siendo necesario abundar en lo conocido.

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En las primeras horas del 3 de enero de 2026 se abrió una fisura en el orden internacional. No se trató solo de la violencia infligida a Venezuela —los bombardeos, las muertes civiles, la destrucción de infraestructura y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores— sino del hecho de que esa violencia fue presentada públicamente como una “operación de aplicación de la ley”. La sesión del Consejo de Seguridad del 5 de enero expuso un multilateralismo fracturado: Estados Unidos defendió sus acciones como excepcionales y necesarias; varios Estados las denunciaron como una violación fundacional del derecho internacional; el Secretario General habló desde un lugar de alarma institucional; y un cuarto grupo intentó conciliar la defensa de la soberanía con una retórica humanitaria.

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