
Fabrizio Lorusso* 23/04/26

En el marco de la visita a México de Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el artículo analiza motivos y respuestas, disputas y narrativas políticas en torno a la decisión del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas de remitir la situación de México a la Asamblea General de la ONU.
Acciones directas de fuerzas del Estado, coludidas con criminales, perpetraron la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Su aquiescencia y complicidad autorizaron la masacre de Allende, Coahuila, la masacre de migrantes en Cadereyta, Nuevo León, en 2012, o las fosas y matanzas de San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011. También hay ejemplos recientes y seriales de fosas y desapariciones masivas, impunes y sistemáticas en muchos estados: Teuchitlán, Tlajomulco y Tala, en Jalisco, o Salvatierra, Irapuato y Juventino Rosas, en Guanajuato, entre otros, son recordatorios de connivencia estatal-criminal.
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