
El gobierno busca deportar y ha encarcelado a Vijandre durante casi tres meses, calificándolo de ‘terrorista’ basándose únicamente en sus publicaciones en redes sociales en las que se opone al genocidio en Gaza, critica los abusos en las prisiones y defiende la libertad religiosa. No ha sido acusado ni condenado por ningún delito. La oferta de 3.000 dólares confirma que el propio gobierno no cree que represente una amenaza. Si Vijandre fuera en realidad un terrorista, ofrecerle dinero para que abandone el país constituiría apoyo material al terrorismo.

Editorial de la Unión Palestina de América Latina – UPAL





