Fuente: https://www.wsws.org/es/articles/2024/02/02/per1-f02.html?pk_campaign=newsletter&pk_kwd=wsws Andrea Lobo 02/02/24
El Gobierno de Biden anunció el lunes que prohibirá nuevamente a Venezuela comerciar oro después de que la Corte Suprema venezolana ratificara la inhabilitación de la candidata presidencial seleccionada por la coalición opositora patrocinada por EE.UU., María Corina Machado.
La Casa Blanca también amenazó con revocar todas las licencias que permiten a Venezuela comerciar petróleo y otros productos en abril, a menos que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro habilite a Machado y libere a más presos vinculados a la oposición.
El Gobierno de Maduro certificó a un puñado de candidatos menores para las elecciones de este año, pero las encuestas de varias firmas muestran que solo Machado podría derrotar a Maduro.
Las licencias estadounidenses se implementaron en octubre, suspendiendo algunas sanciones económicas a cambio de promesas de Maduro de organizar elecciones generales en 2024 y liberar a “presos políticos”.
Las sanciones han sido la principal causa del desastre humanitario en curso. Al prohibir la venta de petróleo a EE.UU., que representaba el principal mercado de exportación y fuente de reservas extranjeras de Venezuela, y congelar $5,5 mil millones de sus cuentas internacionales, las sanciones han impedido que Venezuela importe muchos alimentos, medicinas y otros productos críticos.
Además, Washington confiscó la filial petrolera de propiedad estatal de Venezuela en los Estados Unidos, Citgo, y la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de entregarla a los buitres financieros.
El Centro de Investigación Económica y Política de EE.UU. descubrió que las sanciones de Estados Unidos provocaron más de 40.000 muertes solo en 2017-2018 y habían privado a 300.000 venezolanos del acceso a la salud para 2019, justo antes de la pandemia de COVID-19. Desde 2014, más de 7 millones de venezolanos han huido del país, de una población de 30 millones.
En última instancia, las sanciones buscaban presionar a un sector de la cúpula militar venezolana para que se opusiera a Maduro, como parte de una serie de intentos de golpe de Estado fallidos respaldados por Estados Unidos. Esto incluyó el intento de Juan Guaidó de autoproclamarse presidente interino en 2019, una invasión fallida en 2020 similar a la debacle de la “bahía de Cochinos” que fue liderada por mercenarios estadounidenses que buscaban secuestrar a los gobernantes venezolanos y un intento fallido de asesinato con drones contra el presidente.
Las acciones de Biden continúan el régimen de piratería y sanciones imperialistas iniciado bajo Obama y dramáticamente intensificado bajo Trump, cuyo objetivo ha sido subyugar a los venezolanos a través del hambre, la enfermedad y el sufrimiento masivo, derrocar el Gobierno chavista e instalar un títere estadounidense que rompa los lazos con Irán, Rusia y China.
A medida que el eje de Estados Unidos y la OTAN intensifica su guerra en Ucrania contra Rusia, expande la guerra en Oriente Próximo contra Irán y se prepara para una conflagración con China, Washington está tratando de restablecer su control semicolonial sobre América Latina, que sirvió como plataforma clave y proveedor de productos primarios en las dos primeras guerras mundiales.
En diciembre, el Senado de los Estados Unidos organizó un foro titulado “¿Pasando por alto a Monroe?” donde la jefa del Comando Sur bajo Biden, la general Laura Richardson, declaró: “Es hora de actuar” contra la influencia china en la región.
Tan recientemente como el 19 de enero, la general Richardson, quien esencialmente maneja la política estadounidense en la región desde un enfoque militar, señaló que “las reservas de petróleo más grandes del mundo” en Venezuela son uno de los recursos clave en la región.
Beijing había ayudado a Caracas a eludir las sanciones estadounidenses y vender una fracción de su producción petrolera; sin embargo, los ingresos se han destinado en gran medida a pagar la deuda pendiente de Venezuela con China, que se ha negado a otorgar nuevos préstamos.
Maduro y su Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), anteriormente dirigido por el fallecido presidente Hugo Chávez, representan a la “boliburguesía”, compuesta por una sección de la clase dominante y la cúpula militar que se enriqueció enormemente a través de esquemas de corrupción vinculados a contratos gubernamentales, especulación financiera y la década de altos precios petroleros impulsados por el crecimiento chino que terminó en 2014.
Sin embargo, durante esa década, Estados Unidos siguió siendo el principal comprador de petróleo venezolano, mientras que las sanciones posteriores demostraron la capacidad de Washington para reducir brutalmente las exportaciones totales venezolanas. La economía se ha contraído alrededor del 80 por ciento, según el FMI.
En consecuencia, la boliburguesía ha tratado de negociar con el imperialismo estadounidense, al tiempo que utiliza como apalancamiento sus lazos con China, Rusia e Irán, y la posibilidad de que los precios energéticos se disparen en el contexto de la guerra en Oriente Próximo.
Más recientemente, Caracas ha amenazado con tomar el control de la región disputada del Esequibo en la vecina Guyana, una antigua colonia británica, y ha acumulado tropas en la frontera. El conglomerado estadounidense Exxon Mobil ha aumentado drásticamente la producción de petróleo en aguas disputadas frente al Esequibo, lo que ha disminuido significativamente la posición negociadora de Maduro.
Por su parte, el Pentágono ha aumentado su presencia y los ensayos militares en Guyana, y el Gobierno ruso de Vladímir Putin anunció la semana pasada que “se está preparando una visita [de Maduro]; es necesaria”. Maduro y Putin habían conversado en diciembre. Estas maniobras resaltan la posibilidad de que Guyana y Venezuela se conviertan en un nuevo frente en una guerra mundial cada vez más amplia.
A nivel nacional, el Gobierno de Maduro ha colocado todo el peso de la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora y ha sido incapaz, debido a su carácter de clase capitalista, de hacer un llamado a los trabajadores en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar para que se opongan a las agresiones estadounidenses.
El hecho de que se espera que alguien como Machado, un títere imperialista que ha exigido sanciones estadounidenses más profundas e incluso una operación militar estadounidense en Venezuela, le gane a Maduro en las elecciones es una condena devastadora contra el chavismo, su llamada “revolución bolivariana” y toda la “marea rosa” latinoamericana.
Las medidas coactivas de Washington han continuado con los flujos y reflujos en las negociaciones entre el Gobierno de Maduro y la oposición patrocinada por EE.UU., que actualmente se llevan a cabo en Barbados.
El fallo de la Corte Suprema contra Machado se basó en expediente que abrió la Contraloría General en 2014 afirmando que Machado no incluyó en su declaración de bienes los bonos de alimentación cuando era diputada, complementado su por cargos de participación en corrupción por parte de la camarilla de Guaidó y apoyo a las draconianas sanciones estadounidenses.
El 22 de octubre, la Plataforma Unitaria Democrática respaldada por EE.UU. celebró primarias con procedimientos dudosos y afirmó que participaron 2,3 millones de personas y el 93 por ciento votó por Machado.
La oposición había rechazado una oferta de las autoridades electorales para ayudarles a organizar las primarias y se opuso a una solicitud de que retrasaran la votación hasta noviembre.
La Corte Suprema de Justicia de Venezuela resolvió una semana después suspender los resultados de las primarias de la oposición y ordenó la presentación de todos los documentos relacionados con su organización, registro de candidatos y votación. Luego, el tribunal advirtió que la supuesta Comisión Nacional de Primarias tendría que dar cuenta de la participación de candidatos prohibidos como Machado.
Luego, el fiscal general anunció una investigación de las primarias y sus organizadores bajo sospecha de fraude electoral, delitos financieros y conspiración, que fue seguida por la confirmación de la Corte Suprema de que Machado sigue inhabilitada.
Machado anunció el lunes que continuará su campaña presidencial de todos modos y denunció a Maduro por no respetar el acuerdo de Barbados.
Paralelamente a las elecciones, Maduro había liberado a varias docenas de presos vinculados a la oposición, incluidos al menos dos ex boinas verdes que participaron en la fallida invasión en 2020. La Casa Blanca también liberó a Alex Saab, un importante aliado de Maduro esencialmente secuestrado por las autoridades estadounidenses en Cabo Verde.
La semana pasada, sin embargo, Caracas arrestó a más de 30 civiles y soldados acusados de planear el “asesinato” de Maduro, y el martes, el negociador chavista en Barbados, Jorge Rodríguez, advirtió que la reimposición de sanciones estadounidenses conduciría a represalias “severas” contra la oposición. Posteriormente, Caracas ha amenazado con revertir su acuerdo reaccionario de aceptar vuelos de repatriación de los Estados Unidos que transportan a refugiados venezolanos.
Ha quedado claro que los derechos sociales y democráticos de la clase trabajadora no forman parte de las consideraciones de ninguna de las partes involucradas en Barbados o el Esequibo. Frente a la amenaza inmediata de una mayor devastación económica, la guerra y las conspiraciones en curso para otro golpe de Estado derechista en Caracas, los trabajadores venezolanos deben sacar las conclusiones políticas necesarias frente al callejón sin salida político del “bolivarianismo” y de todas las fuerzas que respaldaron a Chávez o Maduro en algún momento y promovieron un “frente popular” con sectores de la burguesía que supuestamente podrían combatir el imperialismo.
Los trabajadores deben movilizarse independientemente de todas las facciones de la élite gobernante y recurrir al emergente movimiento de masas de trabajadores en América Latina, Estados Unidos, Europa y más allá contra la guerra y la explotación capitalista. Esto requiere la construcción de una nueva dirección trotskista en la clase trabajadora, una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 30 de enero de 2024)