Las condiciones relativas a política de vivienda que la dirección de Podemos sometió a referéndum de sus bases para apoyar los Presupuestos Generales de Estado y que han sido aprobadas masivamente me parecen una gran equivocación.

Lo que acaba de aprobar Podemos implica anunciar de antemano que se votará en contra de los Presupuestos que deberán debatirse próximamente en el Parlamento. La razón es sencilla: se trata de condiciones de imposible cumplimiento.

Puede ser que yo esté equivocado, pero a mí me parece de todo punto imposible que un gobierno cualquiera pueda reducir un 40 por ciento, por ley y en el marco de una legislatura el precio de los alquileres en toda España. Ni creo que fuese factible legalmente, al menos sin un cambio normativo que debería ir mucho más allá de donde puede o debe ir una ley de Presupuestos, ni tampoco económicamente.

Lo primero (la posibilidad legal de lograrlo) lo dejo a un lado porque no tengo conocimientos para pronunciarme al respecto con un mínimo de rigor. Y lo mismo debo decir de la otra condición aprobada por Podemos (prohibir la compra de vivienda que no sea destinada a residencia). Algo que, aunque fuese universalmente deseable, no creo que sea viable jurídicamente con nuestro actual ordenamiento legal. Y conste que no quiero decir que cambiarlo sea algo imposible en cualquier caso, sino que sí lo es en el marco de una Ley de Presupuestos, o incluso a mediano plazo, dada la correlación de fuerzas políticas y sociales que hay en España.

Desde el punto de vista económico, creo que quienes hayan urdido semejante condición desconocen, al menos, dos hechos fundamentales.

Aunque sea deseable (como yo defiendo) que la vivienda sea un bien público cuya provisión no dependa del mercado, lo cierto es que eso no es así, salvo en una proporción tan reducida en España que resulta prácticamente insignificante. Por tanto, para modificar los precios en semejante proporción, e incluso en una menor, haría falta -si se me permite la expresión- «reventar» el mercado. Es decir, producir una intervención tan drástica que paralizaría el intercambio de viviendas. Daría lugar a la aparición inmediata de un mercado aún más negro que el actual de la vivienda de alquiler. Y quizá un conflicto social aún más grave. La oferta a esos nuevos precios reglamentariamente establecidos se desplomaría. Y, lo que quizá sería más probable, a la larga ni tan siquiera se lograría (salvo, como digo, que se hiciera desaparecer el mercado tal como hoy día funciona) que los precios de mercado bajaran, por una segunda y sencilla razón. Actualmente, la mayor parte de ellos vienen referenciados por algoritmos vinculados a grandes portales inmobiliarios o a los movimientos de poderosos fondos de inversión, con una capacidad prácticamente invencible para derrotar a cualquier injerencia regulatoria, si tan sólo se siguen las «leyes» del mercado.

Pedir al actual gobierno de coalición que, en el marco de una ley presupuestaria, logre bajar los precios del alquiler un 40 por ciento es simplemente una quimera, una condición de imposible cumplimiento. Y exigirla equivale a señalar que, de antemano y por otras razones, no se quiere votar a su favor.

La primera equivocación de Podemos consiste, por tanto, en la formulación de su política de vivienda. Al menos, en el corto plazo del debate presupuestario. Su aportación como grupo radical (en el mejor sentido del término) hubiera sido mucho más positiva si hubiera establecido condiciones realistas, que se pudieran cumplir, en un horizonte de desmercantilización del derecho a la vivienda. He hablado de ellas en otros artículos y no voy a tratarlas de nuevo aquí.

La segunda equivocación que, a mi juicio, comete Podemos es aún más grave. Lo que ha hecho este partido es anunciar una negativa a aprobar los Presupuestos que podría dar la puntilla a un gobierno democrático y progresista (por muchas limitaciones y contradicciones que tenga, como las tiene) cuando se está poniendo en marcha un golpe de Estado de los de nueva ola. Es decir, no de los que se llevan a cabo con tanques en las calles, sino a través de los medios, la judicatura, la mentira y la manipulación de todo tipo de instituciones. Lo dijo hace unos días con extraordinaria claridad el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado: «Nuestra obligación es acabar con este Gobierno lo antes posible, y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance».

La derecha no lo disimula, no lo niega, no lo dice con retórica, sino claramente: lo que pretende y está organizando es acabar con el gobierno de Pedro Sánchez por cualquier medio que tenga a su alcance. No con los democráticos o constitucionales, sino con cualquiera que sea efectivo para ese fin, como es fácil comprobar.

Ayudar a tumbar a este gobierno cuando está en marcha un golpe de Estado es una barbaridad que puede cometer Podemos.

No es la única fuerza política de izquierdas, eso sí, que está cometiendo barbaridades, ni la que más traiciona a sus postulados u ofertas electorales, ni la que más frustración y dolor produce por el comportamiento de sus dirigentes, ni la única que se ha convertido en un grupo en donde el debate interno y la democracia brillan por su ausencia. Pero nada de eso podría justificar el error gravísimo al que todo indica que se encamina Podemos si no rectifica.