La semana pasada se aprobaba la Ley de la Vivienda, un primer marco legislativo que regula el mercado inmobiliario en el Estado español. Como comentamos en este mismo diario, esta ley fue elaborada por los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, hace más de un año, pero ha sido ahora cuando ha sido validada y aprobada por sus socios en el Congreso, ERC y EH Bildu.

En la citada noticia, ya apuntábamos todas las demandas que se quedaban sin recoger en esta Ley, demandas que son defendidas por los principales colectivos y plataformas de inquilinos y antidesahucios.

Ni se pone tope al alquiler, ni se pone freno a la especulación y ni mucho menos se hace frente al negocio de los fondos buitres y los bancos. Nada de eso está incluido en esta “progresista” Ley de vivienda. Todos estos aspectos han sido denunciados tanto por la PAH como por plataformas de inquilinos y antidesahucios de Madrid y Barcelona, las poblaciones donde la especulación y los altos precios de la vivienda provocan más daño.

Pero como decimos, es temporada de campaña electoral, no de forma oficial pero si oficiosa, y los partidos políticos redoblan su ya habitual hipocresía. Este fin de semana ha sido el turno del PSOE y de Unidas Podemos. Y ambos, con la cuestión de la vivienda como foco.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la clausura de la conferencia municipal del PSOE celebrada en Valencia, ha sacado pecho del texto legislativo aprobado hace apenas unos días. Pero además añadió un nuevo compromiso. El actual presidente del Ejecutivo aseguró que se van a movilizar 50.000 viviendas y terrenos del SAREB (el banco malo) para alquiler y compra de vivienda pública. Es decir, usar aquellos activos “tóxicos” que el Gobierno de Mariano Rajoy y sucesivos compraron a los bancos.

Además, en un momento de inspiración de pre campaña en el que se puede decir cualquier cosa si ningún tipo de responsabilidad de realizarla, aseguró que, aún sin fecha, se comprometía a elevar el porcentaje de parque de vivienda pública en el Estado español a un 20% frente al 3% actual.

Unidas Podemos, no tardó en salir al paso, para decir que esta cuestión era algo que desde su formación se venía reclamando hacía mucho tiempo, y lamentaba que esta decisión no se tomara antes. Incluso apuntó que el uso de los activos de la SAREB debería ser mayor a esas 50.000 viviendas, ya que quedarían aún cerca de 15.000 activos para usar.

Pero más allá de estas palabras, hay dos cuestiones tangibles que no entienden de falsas promesas y que desmontan todo triunfalismo que se desprende desde el Ejecutivo.

En primer lugar, es la propia Ley de la Vivienda que cómo ya hemos comentado, es absolutamente insuficiente y no recoge las principales demandas de los colectivos y plataformas que llevan años organizándose y defendiendo los derechos de los inquilinos.

Y en segundo lugar está la realidad de miles y miles de familias en el Estado español. Pedro Sánchez habla de la movilización de 50.000 viviendas para aumentar el parque de vivienda pública, pero es que la situación es mucho más dramática.

En 2022 se produjeron 38.266 actuaciones de desahucios, según el propio Consejo General del Poder Judicial que divulgó estos datos. En 2021 fueron 41.259 las actuaciones que se efectuaron para echar a la gente de sus casas. Y solo por coger las cifras de los dos últimos años.

Entonces, si no se toca el precio del alquiler, no se pone tope a la subida de precios, no se frena la especulación de la banca y los fondos buitres, solo nos queda preguntarnos ante tanto triunfalismo “progresista” ¿a quién quiere engañar el gobierno y los partidos que lo conforman?

La búsqueda constante de parches que no toquen los beneficios de los fondos buitres y la banca y que no aborden este problema de forma estructural, se deshacen como azucarillos cuando se topan con la realidad. Las medidas aprobadas, e incluso las prometidas, son totalmente insuficientes.

La problemática de la vivienda está condicionada por la precariedad laboral a lo que se suma la voracidad de la lógica capitalista muy especialmente en mercados como el de la vivienda. Esto nos sitúa en un grave problema estructural.

Ahí que el problema de la vivienda necesite de soluciones de fondo, radicales, que toquen los intereses de los grandes tenedores de vivienda como la congelación de todos los alquileres, la intervención del mercado del alquiler bajo el control de los inquilinos, la expropiación de las viviendas de los grandes tenedores para crear un parque público de alquiler social.

Así como otras no exclusivas al ámbito de la vivienda como la incorporación inmediata de cláusulas de revisión salarial en todos los convenios que indexen el IPC de forma mensual y de forma automática o la nacionalización sin indemnización y bajo control de trabajadores y usuarios de los oligopolios de la energía y el trasporte entre otras.