La presencia de dirigentes políticos de izquierdas que ocupan o han ocupado cargos en el gobierno en las manifestaciones por la vivienda que se llevaron a cabo hace unos días resulta un tanto surrealista.

Esas personas y sus organizaciones respectivas han sido responsables del deterioro que en los últimos años ha sufrido el ejercicio del derecho que reconoce el artículo 47 de la Constitución Española: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada».

No digo que la cada vez mayor dificultad de acceso a la vivienda por los grupos de población de menos renta haya sido provocada por la izquierda que viene gobernando en España desde 2018, o en periodos anteriores con Rodríguez Zapatero. Entre otras cosas, porque lo mismo o peor ocurrió cuando gobernó el Partido Popular y, además, en otros muchos países del mundo, incluso en mayor medida.

Tampoco digo que me parezca mal que esos dirigentes promuevan, apoyen y asistan a las manifestaciones. Simplemente digo que eso representa manifestarse contra ellos mismos si, al mismo tiempo, no explican el por qué de su fracaso a la hora de mejorar el derecho de acceso a la vivienda.

Es ingenuo pedir que la izquierda pueda resolver cualquier problema mientras gobierna cuando los problemas son de extraordinaria magnitud, como en este caso, requieren disponer de un poder real que no se tiene, o mucho tiempo por delante para que las decisiones que se adopten den frutos positivos. Las barbaridades que durante tanto tiempo se han cometido en política de suelo y vivienda en España no se pueden revertir ni en una, ni quizá en dos o tres legislaturas. Pero sí se puede hacer algo más que es muy importante, puesto que es un inexcusable punto de partida para no errar en la inmediatez: diseñar estrategias y políticas adecuadas a medio y largo plazo, lograr acuerdos y alianzas sociales para poder llevarlas a cabo y, sobre todo, explicar a la población la naturaleza real del problema, sus causas, las dificultades o barreras que hay que superar para resolverlo y, quizá lo más importante, el por qué no se puede avanzar en la dirección deseada. Es decir, hacer pedagogía, informar, comunicar y lograr que la ciudadanía pueda ser partícipe, cooperadora y cómplice.

Casi todo esto último es lo que yo creo que no está haciendo la izquierda.

Se está equivocando en la estrategia. En el caso del POSE, de forma garrafal. Dedicarse a pedir solidaridad a los arrendadores o conceder bonos de alquiler que no van a bajar los precios sino quizá a subirlos, resulta no sólo frustrante, sino hasta patético.

A su izquierda, creo que se comete el error de empeñarse en corregir la actuación del mercado, cuando este es muy rígido a causa de la concentración, de la gran presencia de fondos de inversión especulativos y del tipo de vivienda que se ha construido. Y también, el de limitarse a hacer planteamientos puramente moralistas, como el que desarrollaba Alberto Garzón, máximo dirigente de Izquierda Unida hasta hace poco,  en un reciente artículo periodístico.

La única estrategia que podrá permitir que se ejerza el derecho a la vivienda es su desmercantilización en las áreas o modalidades requeridas para satisfacer la necesidad de habitación de la población, dándole prioridad a ese derecho y construyendo las que hagan falta para ello, si hace falta, con la colaboración del sector privado. Dicho de otro modo: no se trata de enfrentarse a los molinos del mercado como quijotes, sino salirse de él, porque está demostrado que este, movido con el exclusivo motor del afán de lucro, no es capaz de satisfacer a la totalidad de la demanda social de un bien de primera necesidad.

Es imprescindible contar con un parque nacional del bien público de la vivienda. No hay otra. Y es muy urgente avanzar en esa línea porque lo que está sucediendo con la vivienda y que expliqué en un artículo anterior, va acompañado de la mercantilización de otros bienes y servicios básicos para la vida humana, como el agua y otros recursos naturales, el conocimiento, los remedios a la salud, la educación y muchos otros.

Se puede justificar la impotencia de la izquierda, pero es injustificable que no sea consciente de ello, no explique el por qué, o que actúe como si el problema que deja sin resolver no fuese con ella.

En este sentido y por último, no puedo dejar de mencionar una última responsabilidad (hoy no toca hablar de los promotores, bancos, y fondos de inversión que se hacen de oro especulando). También creo que la tienen las docenas de miles de personas afectadas que hasta ahora apenas se han dejado notar, no se informan bien, no salen constantemente a la calle para  reclamar soluciones y que, para colmo, o no votan o votan a los partidos que aplican políticas que les impiden ejercer sus derechos constitucionales. Por tanto, bienvenidas sean estas movilizaciones que, en cualquier caso, son la condición previa para que dispongan de vivienda todas las personas que la necesiten.