«Ni la policía ni el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, van a acallarnos a base de sanciones», advierten. El pasado 2 de enero, quince activistas fueron expulsados del Gran Canaria Arena, cuando intentaban mostrar banderas palestinas para solidarizarse con este pueblo, coincidiendo con un partido entre el CB Gran Canaria y el Hapoel de Tel Aviv.Dos meses después, algunos de estos activistas han recibido propuestas de sanción que oscilan entre los 1.500 y los 5.000 euros. Este jueves los afectados denunciaron el caso en una rueda de prensa en la que señalaron la responsabilidad de la policía y la Delegación del Gobierno en estos actos de represión.
El pasado 2 de enero, quince activistas fueron expulsados del Gran Canaria Arena, cuando intentaban mostrar banderas palestinas para solidarizarse con este pueblo, coincidiendo con la celebración de un partido entre el Club Baloncesto Gran Canaria y el Hapoel de Tel Aviv.
Dos meses después, algunos de estos activistas han recibido propuestas de sanción que oscilan entre los 1.500 y los 5.000 euros, así como varios meses de prohibición de acceso a recintos deportivos.
Este jueves, 3 de julio, los afectados denunciaron este insólito atropello, en una rueda de prensa en la que señalaron la responsabilidad de la policía y la Delegación del Gobierno en estos actos de represión.
“Muchos pagan las multas sin recurrir porque se asustan. Eso es lo que buscan: amedrentar al movimiento de protesta”
REPRESIÓN CON MULTAS Y CRIMINALIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD
Durante la rueda de prensa, Javier Delgado, uno de los activistas afectados, denunció la existencia de una «sistemática campaña de persecución contra quienes muestran su solidaridad con Palestina«.
Delgado señaló que la Delegación del Gobierno en Canarias «está utilizando estas sanciones como herramienta para intimidar a los movimientos sociales».
«No es un caso aislado, advirtió- En el último año y medio se han impuesto más de 25.000 € en sanciones a activistas en Gran Canaria por acciones vinculadas a la causa palestina”.
El activista denunció, igualmente, “amenazas, provocaciones policiales, empujones, falsedades en las actas, y una sistemática negativa de los funcionarios de la Delegación del Gobierno a aceptar pruebas como vídeos, audios o testigos que contradicen la versión policial”.
Todo esto -recordó-, “es posible por el marco jurídico impuesto por la llamada Ley Mordaza, cuya aprobación cumple este año una década. Esta ley otorga presunción de veracidad a las declaraciones policiales, reduce los márgenes de defensa ciudadana y permite sancionar conductas sin necesidad de procedimiento judicial previo”.
LA LEY MORDAZA: UNA DÉCADA DE VULNERACIÓN SISTEMÁTICA DE DERECHOS
La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como «Ley Mordaza», fue aprobada en 2015 por el gobierno de Rajoy y, desde entonces, ha sido utilizada de forma masiva para castigar la protesta.
Según datos oficiales, desde su entrada en vigor hasta finales de 2023 se han impuesto más de 2.155.990 millones de multas, por un total cercano a los 1.300 millones de euros en sanciones.
Solo en 2023 se registraron más de 284.000 sanciones, un 17 % más que el año anterior. Las sanciones se aplican de forma rápida y arbitraria a través de procedimientos administrativos, sin que exista juicio previo. La palabra del agente tiene valor probatorio suficiente.
En este contexto, Canarias aparece como una de las comunidades autónomas más afectadas, con más de 79 millones de euros recaudados desde que comenzó la aplicación de esta ley.
“El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, ha convertido la delegación en un espacio de prácticas fascistas”
LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO COMO MOTOR DE LA REPRESIÓN
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El delegado del Gobierno central en Canarias, Anselmo Pestana
Para los activistas denunciados por expresar su solidaridad con Palestina en el Gran Canaria Arena, lo que está ocurriendo en Canarias no es un exceso puntual, sino una política sistemática.
“El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, ha convertido la delegación en un espacio de prácticas fascistas”– apuntó Delgado.
“La policía miente, y la delegación lo sabe”- afirmó.
Esta impunidad, unida al silencio administrativo sistemático frente a las denuncias, está generando un clima de miedo entre quienes protestan.
“Muchos pagan las multas sin recurrir, porque se asustan. Eso es lo que buscan: asustar al movimiento de protesta”- advirtió.
Delgado criticó igualmente al gobierno estatal, formado por PSOE y Sumar, por incumplir sus reiteradas promesas incumplidas de derogar la Ley Mordaza.
“Lo han anunciado varias veces, incluso en campaña electoral, pero no han hecho nada”, denunció.
RECOMENDACIONES Y RESISTENCIA
La rueda de prensa finalizó con recomendaciones prácticas para otros activistas: grabar siempre cualquier interacción con la policía, no pagar las multas sin recurrir, y organizarse con colectivos que cuenten con cajas de resistencia y apoyo legal.
“Reivindicamos el derecho a la protesta, que la policía y la delegación del Gobierno tengan claro que no nos van a callar y que vamos a seguir adelante”-, concluyó Delgado.