Fuente: La Jornada Ángel Guerra Cabrera 04.12.22
El martes próximo, el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el veredicto para Argentina, no solamente para Cristina Kirchner y los demás acusados. Lo que resuelvan estos jueces tendrá consecuencias considerables y extendidas en el tiempo como resultado de un proceso plagado de irregularidades. Así como el ciclo de golpes militares culminó con la monstruosidad que personificaron Videla, Massera y Agosti, la obstrucción del sistema democrático por la persecución judicial conocida como lawfare iniciará otro ciclo con derivaciones dramáticas.
Habrá apelaciones y el proceso se extenderá indefinidamente para arrinconar a la ex presidenta. Cristina Kirchner no tiene derechos especiales y está obligada a acatar la ley como cualquier ciudadano. Es una realidad que en su caso hay un ensañamiento especial, pero ojo, porque también habrá consecuencias especiales por ese ensañamiento.
La vicepresidenta ha sido varias veces senadora, dos veces presidenta de la nación y actualmente vicepresidenta. Son cargos electivos. Una y otra vez ganó elecciones o fue votada masivamente por millones de argentinos que se sienten expresados por ella. Es una ciudadana común, pero en su persona están representados millones de argentinos que, si resulta proscrita, serán proscritos con ella.
No es que por ese motivo tenga impunidad ante la justicia. La vicepresidenta se presentó cada vez que fue citada por los tribunales. No buscó la protección de los fueros, estuvo dos años sin cargos mientras hizo frente a las causas judiciales absurdas que montaba el juez Claudio Bonadio, con su palero, el fiscal Carlos Stornelli. Nadie puede acusarla de haber eludido la justicia. Para cargar contra Cristina Kirchner tuvieron que buscar a Bonadio, uno de los personajes más turbios del Poder Judicial.