El canciller de Venezuela, Yván Gil, denunció este miércoles la actitud injerencista del Gobierno de Canadá, que se sumó a las maniobras desestabilizadoras urdidas desde los Estados Unidos al opinar sobre los derechos humanos en la nación suramericana y la implementación del Acuerdo de Barbados.

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A través de la red social X, Gil manifestó que el Gobierno canadiense, «atrapado en su complejo de superioridad, creyéndose imperio y desde su miseria moral, insiste en atacar a Venezuela. ¡Saquen sus narices de nuestra Patria!».

El canciller venezolano aseveró que las autoridades canadienses han sido «incapaces de condenar las verdaderas violaciones a los DD.HH. en el mundo, como el genocidio en Gaza».

Recordó que el país norteño muestra «un historial vergonzoso en su propio territorio» en la materia y «demuestra cuán ruin y mentiroso puede ser para hacerle el juego a terroristas y desestabilizadores».

Este martes, la embajada de Canadá en Venezuela expresó «preocupación por la detención de Rocío San Miguel y otros defensores de derechos humanos (…)» y exigió «la plena implementación del Acuerdo de Barbados».

Las autoridades de Venezuela han enfatizado su pleno respeto por el Acuerdo de Barbados y señalado reiteradamente que un sector de la oposición lo incumple instigado por la Casa Blanca, cuestión que Canadá prefiere no mencionar.

El 11 de febrero, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, confirmó la detención de Rocío del Carmen San Miguel Sosa por su presunta vinculación con una trama conspirativa y magnicida denominada «Brazalete Blanco».

Informó sobre el inicio de las audiencias de presentación de seis ciudadanos, entre ellas San Miguel Sosa, que tras investigaciones preliminares aparecen involucrados en una conspiración para atacar bases militares en Táchira y otros estados, organizada además por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia Antidrogas de EE.UU (DEA).

La intención de este plan terrorista era asesinar al presidente Nicolás Maduro, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, y al gobernador tachirense, Freddy Bernal.

William Saab detalló que se solicitaría al tribunal segundo Contra Terrorismo la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de San Miguel Sosa por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros. El Ministerio Público venezolano ha informado que se han respetado los plazos legales correspondientes y los derechos humanos de los detenidos.

Tras las detenciones, Amnistía Internacional, Provea y sus organizaciones no gubernamentales asociadas al Departamento de Estado comenzaron a referirse públicamente a San Miguel Sosa como «defensora de derechos humanos» y desde el exterior se ha lanzado una feroz campaña en contra del sistema de Justicia y el Estado venezolano para menoscabar las investigaciones de este asunto y generar un clima de impunidad.

Esta narrativa fue desenmascarada este martes por el ministro de Comunicación e Información venezolano, además de vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Freddy Ñáñez.