Geraldina Colotti
Respecto a las elecciones presidenciales en Venezuela y las protestas que siguieron a nivel nacional e internacional, provocadas por la extrema derecha, entrevistamos al constitucionalista Hermann Escarra, una autoridad en el tema.
Se ha especulado mucho sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. Considerando el profundo conocimiento que usted tiene de Europa, ¿podría explicarle a un no venezolano cuál es el marco legal, político y constitucional en el que se han arraigado estas especulaciones?
El sistema electoral venezolano está considerado entre los más avanzados del mundo, tanto en el sentido tecnológico como por el sistema de garantías que brinda: por la Constitución, por la Ley Orgánica del Poder Electoral y por la Ley Orgánica que regula los procesos electorales. Cabe recordar que en Venezuela existen 5 poderes. La noción clásica que deriva del pensamiento de Montesquieu y de la Revolución Francesa, en particular de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, contempla el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nuestra constitución suma el Poder Moral, retomando la decisión de Simón Bolívar de incluirlo en el proyecto de constitución de Bolivia, luego de haberlo previsto en el Discurso de Angostura, relativo al Poder Electoral. En 1999, cuando la Asamblea Nacional Constituyente redactó el texto de la Carta Magna, se decidió contemplar la idea de los 5 poderes: sumando a los tres poderes “clásicos” (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), el Poder Moral, o Ciudadano, y el Poder Electoral; actualizando así los sistemas para garantizar la democracia y los derechos fundamentales en todos los aspectos.
El otro aspecto que hay que resaltar para quienes se refieren al pensamiento europeo es que además de la existencia de un Poder electoral, tenemos una normativa electoral contemplada por la propia constitución: hasta el punto de que, para resolver una disputa de carácter electoral, se prevé la posibilidad de apelar ante la máxima instancia institucional, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); en la Sala Electoral, en la forma prevista en el artículo 297 de la Constitución. El Poder Electoral, y específicamente la Sala Electoral, se encuentra entonces regulado tanto en el TSJ como en el ámbito constitucional. Esto deja claro que el Poder Electoral no es un ministerio, no es una estructura de gobierno ni una oficina. No es un servicio público regulado por el ejecutivo, es un poder autónomo, independiente, así como son independientes los demás poderes, el Legislativo, el Judicial, el Ejecutivo y el Poder Ciudadano.
¿Y cuáles son sus prerrogativas?
La función del Poder Electoral, además de organizar los votos, es garantizar la estabilidad democrática de las instituciones. Se trata de un sistema completo y amplio de garantías, que sirve para proteger, a través de distintas formas jurídicas, los derechos políticos, en particular el derecho de sufragio y participación. Y aquí es necesario resaltar otro aspecto fundamental: la democracia venezolana, nacida de la Constitución de 1999, transita del concepto de democracia representativa al de democracia participativa y “protagónica”, como consta en el texto constitucional. Se dice también que la soberanía reside intrasferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista por la Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, a través de los órganos del poder público. Los órganos del Estado son una emanación de la soberanía popular a la que están subordinados. A esto hay que añadir que en nuestro sistema de garantías tienen especial importancia los estándares establecidos a nivel internacional. Así, por ejemplo, si se deben evaluar garantías jurídicas, se hace según los parámetros establecidos por las normas internacionales en materia de derechos civiles y políticos; si se debe evaluar la gobernabilidad y la democracia, se hace sobre la base de los estándares establecidos en diversos documentos aprobados, por ejemplo, por las Naciones Unidas u otras instituciones designadas. Y así ocurre con la garantía de los ciudadanos de ejercer su voto de manera secreta, universal y directa, como lo hemos hecho en Venezuela desde 1947. El Estado venezolano es un Estado pleno de derecho, inspirado en la primera carta constitucional aprobada por el pueblo, en 1811, y que incluye numerosos mecanismos de participación popular. Por ello, nuestro presidente Nicolás Maduro, reelegido el 28 de julio, antes de las elecciones presidenciales recorrió el país para cumplir con otro de sus deberes constitucionales, el de Presidente de la Comisión de Participación. En este contexto recogió las propuestas de todos los ciudadanos y ciudadanas, entendidos no sólo en el sentido jurídico sino en el de todos y todas habitantes, de todas las edades y procedencias, incluidos niños y menores, y las transmitió a la Asamblea Nacional Constituyente, en la que se pronuncia y se ejerce el poder originario, el poder popular. En definitiva, debemos conocer nuestra Constitución -la Ley Orgánica del TSJ, la Ley Orgánica del poder Electoral y los procesos electorales- para tener una visión exacta de lo ocurrido.
¿Qué pasó entonces?
Lo cierto es que un sector violento de la ultraderecha ha denunciado presunto fraude, pero sin presentar pruebas. Cuando se levanta un escándalo de esta magnitud sobre las actas electorales, quien haga una acusación similar debe presentar las pruebas: pruebas ciertas, no manipuladas, y debe presentarlas en los lugares correspondientes. No sólo esto no sucedió, sino que se produjeron gravísimos actos de violencia contra personas e instituciones públicas como hospitales y escuelas, que estallaron en la noche del día 28 y en los días siguientes. Pero, mientras tanto, hay que decir que, en Venezuela, cuando el CNE, como ocurrió el 28 de julio y todas las veces anteriores, certifica la irreversibilidad del resultado con el 80% de los votos escrutados, se declara el ganador. Cualquiera que sea el porcentaje que se registre en el recuento final, no cambia el resultado que dio la victoria a Nicolás Maduro.
¿Por qué parece imprescindible pedir al Cne que presente las actas y por qué no ha ocurrido hasta el momento?
Como decíamos, corresponde a quienes denuncian fraude presentar pruebas de sus acusaciones. A esto hay que agregar que la respuesta de la Sala Electoral, emitida luego de haber escuchado a los 9 candidatos presentes (porque el segundo clasificado, Edmundo González, de la Plataforma Unitaria Democrática – Pud – no se presentó) destacó elementos graves, de esta manera: “Todos los integrantes de la alianza Pud, que apoyaron a Edmundo González Urrutia, no entregaron ningún material, alegando que no poseían ningún tipo de documentación relacionada con este proceso electoral. Por lo tanto, no tienen actas de votación ni testigos de votación. También afirmaron que no habían participado en el traslado del material electoral, informando incluso que la organización Súmate formaba parte del equipo de asesores técnicos de la PUD”. Estos partidos que apoyaron a Edmundo González también dijeron desconocer quién insertó las supuestas actas y papeletas en la página web, la cual fue denunciada por graves irregularidades. Cabe señalar también lo que prescribe el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Electoral: “El Cne ordenará la publicación de los resultados de los procesos electorales en la Gaceta electoral dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los candidatos”. De aquí dos conclusiones: es imprescindible publicar los resultados, no las actas. Probablemente esto se debe a que las actas están en manos de todos los partidos, que las recibieron, en cada mesa electoral al final de la votación, y que tuvieron que refrendarlas. Cada partido es capaz de producirlas y hacerlas públicas. Por ello, al presentarse en la Sala Electoral, el presidente Maduro declaró que podría presentar todas las actas de todos los partidos que lo apoyaron. Obviamente no puedo saber cuál será la respuesta jurídica de la Sala Electoral ante el recurso, pero lo que sí es seguro es lo que dice la ley sobre los resultados y el plazo para presentarlos por parte del CNE. ¿Por qué entonces esta campaña sobre la presentación de las actas, si todos los partidos las tienen, una campaña lanzada desafiando las normas y dirigida al extranjero? Y por otro lado, el reglamento general de la Ley Orgánica del proceso electoral establece claramente a quién y cómo se debe entregar las actas: a los testigos de mesa, a los representantes de partidos y a los candidatos, quienes deben tener copias. ¿Por qué el señor González, que denuncia un supuesto fraude, no presenta las actas a los órganos competentes, poniendo así fin a todas las dudas y a la violencia que ha desatado?
Incluso algunos países latinoamericanos progresistas, que no son hostiles a Venezuela, insisten en la publicación de las actas e incluso proponen una comisión internacional de verificación. ¿Qué está pasando y por qué Colombia y Brasil se comportan así?
La de la comisión internacional de verificación me parece una iniciativa extraña, considerando los principios que han regido y siguen gobernando a la República Bolivariana de Venezuela, a saber, los de autodeterminación y no injerencia imperialista. Además, una cosa es acompañar procesos electorales y otra intervenir en los asuntos internos de un país, cuando sabes que existen órganos competentes y autorizados para este tipo de verificación y que, como dije antes, ahora están en pleno funcionamiento.
¿Qué escenarios se abren ahora que el TSJ ha entrado en escena?
Hay que esperar la decisión final del máximo tribunal de la República. Al dirigirse a la máxima instancia, el Presidente sacó argumentos del caos y la criminalidad para traer todos los elementos nuevamente al estado de derecho, al marco constitucional, para que las contingencias puedan resolverse con razón y con base en las pruebas y documentos aportados por los 9 ex candidatos que representan a 38 partidos. El fallo del Tsj, su compromiso con el pueblo en la aplicación de la justicia, tendrá carácter probatorio y definitivo.
El número de votos obtenidos por el segundo candidato, el candidato de extrema derecha Edmundo González, indica que la oposición todavía tiene una fuerza en el país. ¿Cómo se explica y qué puede pasar considerando el carácter golpista de esta extrema derecha venezolana?
Frente al carácter golpista de la extrema derecha, lo importante es haber logrado contener su violencia. Querían provocar una insurrección armada contra los poderes del Estado, por eso hicieron un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero sin resultados: porque Venezuela quiere paz y justicia social, quiere desarrollar su economía, su política, su cultura, sus derechos en un ambiente de convivencia, regulado por la constitución en la que todos creemos. Por este motivo, hemos conseguido y seguiremos desactivando los intentos de quienes quieren destrozar la Constitución organizando, como ha ocurrido ahora, ataques cibernéticos y criminales.
La derecha internacional intenta resucitar al Grupo de Lima. ¿Cree usted que existe peligro de agresión imperialista?
Siempre existe un peligro inminente de agresión imperialista, muy evidente desde que Obama definió a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos e inició la imposición de medidas coercitivas unilaterales ilegales, que han creado graves daños al país y han resultado en múltiples ataques. Es una posibilidad que siempre tenemos presente y que, evidentemente, no esperamos. Estamos por el encuentro y el diálogo, por objetivos comunes que garanticen la seguridad a nivel internacional y también la actividad comercial. Venezuela no es enemigo del pueblo estadounidense, pero tiene diferencias radicales con quienes la gobiernan y que, en definitiva, no es un verdadero gobierno constitucional, ya que la estructura profunda del ejecutivo está dirigida por empresas y corporaciones internacionales.
Maduro ha dicho que si los intentos de golpe persisten, podría profundizar la revolución bolivariana. ¿Cómo evalúa esta hipótesis?
Maduro es un estadista que se preocupa por la paz y el diálogo, pero sobre todo debe cumplir con sus obligaciones constitucionales, la primera de las cuales es evitar un golpe de Estado. Y la mejor manera de hacerlo es profundizando los objetivos de la revolución bolivariana: fortalecimiento del Estado de derecho, del Estado social, máxima protección de las libertades y los derechos humanos, garantía de una convivencia pacífica y plena sobre la base de los derechos políticos y sociales y del pluralismo establecido por la Constitución.
¿Cómo cree que afectaran los resultados de las elecciones estadounidenses y cómo evalúa la posición adoptada por Estados Unidos?
Ya sea que ganen los demócratas con Kamala Harris o los republicanos con Donald Trump, no habrá muchas diferencias en la política exterior estadounidense. Pero una cosa es segura: tendrán que lidiar, por un lado, con nuestra diplomacia de paz combinada con la justicia social y, por otro, con el hecho de que poseemos las primeras reservas de petróleo certificadas del mundo, con las que queremos comercializar de forma plural y no monopólica. Sobre esta base, si quieren intensificar el comercio de petróleo, podemos llegar a un acuerdo.
Desde el secuestro de Alex Saab hasta los asesinatos selectivos y el genocidio de los palestinos, todo indica que el imperialismo está superando los límites de la democracia burguesa, violando sus propias leyes para normalizar el horror. Como constitucionalista, ¿cómo analiza esta tendencia?
Este tipo de gravísimas violaciones, asesinatos y distorsiones de las normas que regulan la vida de las naciones indican que un ciclo de imperialismo ha llegado a su fin. Si miramos la historia de los imperios, notamos los síntomas que aparecen al final de un ciclo, aunque el análisis no pueda entenderse de forma mecánica. En el caso de Estados Unidos, podemos enumerar algunos de estos síntomas graves, signo de una crisis estructural del modelo: desempleo grave, una moneda que no tiene respaldo concreto, un déficit enorme, una inflación creciente, muchos frentes abiertos innecesariamente a nivel militar, que producen inestabilidad a nivel internacional, pero también interno, y muchos otros aspectos que indican una grave crisis de hegemonía. Estados Unidos se encuentra al final de un ciclo. Deberían reinventarse, buscar el diálogo con el nuevo mundo multipolar, multicéntrico, plural a nivel ideológico, que está naciendo. Deberían respetar la justicia internacional y dedicarse a la paz mundial.