Cinco de los 14 agentes y mandos de la Policía Local de Palma de Mallorca juzgados por constituir una mafia policial al servicio del magnate Cursach y que finalmente fueron exonerados con el apoyo de la Fiscalía reclaman más de dos millones en indemnizaciones. La prueba de cargo en la que se escudan podría ser anulada.

El estrambótico e inédito caso Cursach está a punto de entrar en una nueva fase: la venganza. El día 5 de junio comienza en el Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears (TSJIB) el juicio contra el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y cinco agentes de la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional, acusados de detención ilegal, revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la justicia.

El próximo juicio es la puntilla a un caso único en la reciente historia procesal española, como apuntan fuentes jurídicas a este diario, en el que una instrucción compleja, llevada a cabo por un juez y un fiscal sin una mácula en su larga trayectoria, desveló conexiones presuntamente delictivas entre miembros de la Policía Local de Palma de Mallorca, políticos de la isla y un emporio empresarial que dominaba los negocios de la noche.

Sin embargo, el extraño viraje de la Fiscalía Anticorrupción, junto con una reprobable actuación del juez Miguel Florit —que ordenó la incautación de los móviles de dos periodistas para comprobar de dónde salían unas supuestas filtraciones de información judicial [esto fue declarado ilegal posteriormente]— sentó la bases para tumbar la investigación de Penalva y Subirán y retirar los cargos a todos los acusados del caso Cursach, que fueron absueltos, con una petición de perdón del fiscal Tomás Herranz.

La hora de la ’vendetta’

De los 14 agentes y mandos de la Policía Local de Palma que fueron procesados por haber aceptado prebendas, como sobres de dinero, servicios sexuales y drogas gratis en los locales del Grupo Cursach a cambio, por ejemplo, de realizar inspecciones de aforo abusivas en los locales que hacían la competencia a Cursach, cinco se han constituido como acusación particular en el juicio contra Subirán, Penalva y los agentes de Blanqueo.

En un principio todos los policías enjuiciados se constituyeron como parte en la causa contra el juez y el fiscal, a través de la asociación JAVA (Asociación de Víctimas por Arbitrariedades Judiciales), que llegó a pedir, sin éxito, prisión provisional para Subirán y Penalva, hoy jubilados anticipadamente.

JAVA finalmente desistió de constituirse como acusación particular y solo cinco policías han acabado personados como presuntos perjudicados: Feliciano Franco, Carlos Tomás Picó, Alfonso Ramírez, Rafael Estarellas y Francisca García. Todos, salvo Ramírez, estuvieron en prisión provisional por la causa Cursach y sus derivadas.

En los escritos de acusación de los cinco, a los que ha tenido acceso Público, se piden entre siete y 37 años de prisión para el juez y el fiscal por presuntas filtraciones a la prensa que vulneraron el derecho de los demandantes al honor, intimidad personal y familiar y presunción de inocencia.

Además aseguran que los testigos fueron «inducidos» por parte de los acusados a declarar sobre el acoso que sufrían los locales competencia de Cursach por parte de la llamada patrulla verde, la unidad de la Policía Local de Palma dedicada a las inspecciones de los locales de ocio.

Sexo gratis a cambio de «no freírle con inspecciones»

Hay que subrayar que algunos de estos policías fueron acusados de extorsionar a dichos establecimientos de ocio y prostíbulos bajo amenazas de expedientes y sanciones a cambio de dinero y de disfrutar de servicios sexuales gratuitos.

De hecho, el dueño de una discoteca de Palma, que además regentaba un prostíbulo, llegó a declarar en el juzgado que no le salía rentable tener abierto el local porque los policías, entre ellos dos de los que ahora piden cárcel para Subirán y Penalva, abusaban cuanto querían de los servicios sexuales.

Como ha podido comprobar este diario en el sumario del caso Cursach, ese empresario describió a uno de los agentes como «especialmente agresivo y cañero» en las inspecciones injustificadas y aseguró que llegaban de repente unos 14 agentes uniformados y armados pidiendo el DNI, «metiendo mano» a las mujeres, con el solo fin de presionar para que accediera a facilitarles «sexo gratis» cuando quisieran; si no, «le freirían a inspecciones». Del otro agente dijo que vejaba a las mujeres prostituidas.
La prueba de cargo que podría ser anulada

Alegan los policías en sus escritos de acusación que el chat que mantenían el juez, el fiscal y los agentes de Blanqueo, descubierto a raíz de la incautación ilegal de los móviles de los periodistas, demuestra una «malintencionada investigación» porque «la verdad no interesaba».

Al declarar el TSJIB nula la información obtenida a través del registro de llamadas y la incautación posterior de los móviles de los dos periodistas, todo lo que se hubiera avanzado en la investigación como consecuencia de esa acción, como es el mencionado chat, debe quedar anulado también, según informan fuentes jurídicas a este medio.

La Fiscalía no quiso llevar al juicio a testigos clave

Llama poderosamente la atención que, sin mediar explicación justificada, los fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz renunciaran a 56 testigos en el juicio de Cursach que podían sostener las acusaciones de cohecho, entre otras, contra la trama policial y empresarial investigada.

Precisamente renunciaron a la docena de testimonios de antiguos camareros, porteros y mujeres prostituidas que señalaban a una veintena de policías locales, siempre a los mismos, como receptores de prostitución, drogas y alcohol gratis en los locales de Cursach, como la discoteca Tito’s. Todos los agentes que fueron juzgados, y absueltos al retirar la Fiscalía los cargos, habían sido señalados por todos estos testigos.

Por ejemplo, el testigo protegido 26, que había trabajado como camarero en una de las discotecas de Cursach, declaró que a la zona VIP acudían policías locales que no pagaban por «las mujeres ni la cocaína»; que las prostitutas eran trasladadas desde tres prostíbulos de la ciudad.

El testigo protegido 29, que había trabajado en Tito’s, declaró que el grupo de policías identificados «consumían en exceso drogas especialmente cocaína cristal» y que lo hacían en el despacho del director. También «consumían» mujeres, según dijo este testigo, uno de los más represaliados precisamente por haber destapado lo que ocurría en la discoteca emblema de Cursach.

Según dijo, «los policías vertían sustancias en las copas de las prostitutas, camareras y bailarinas que eran reacias a mantener relaciones con ellos». Esto provocaba en las chicas «una especial euforia y automáticamente se volvían más cariñosas».

Fiestas reservadas en la zona VIP

En la declaración del testigo 29 consta el siguiente relato de los hechos: «Que todo lo que está relatando lo sabe el declarante porque lo ha presenciado y lo ha visto durante el trabajo. De la misma manera, sabe que todas las chicas que se negaban a hacer lo que exigían los jefes, como entrar en la Sala VIP en las circunstancias que ha dicho o participar en el juego de camisetas mojadas, etc… eran automáticamente despedidas y sabe por ellas que nunca volvieron a encontrar trabajo en la isla y tuvieron que marcharse fuera».

Este testigo mencionó especialmente a dos policías, que recuerda que llevaban carpetas debajo del brazo y despachaban con el director del local en su despacho. «Venían entre las dos y cuatro de la madrugada y se quedaban un par de horas, a veces se iban con ellas y que sabe por las chicas que quien pagaba eran los jefes».

Otro camarero de Tito’s explicó ante el juez y el fiscal que a los policías se les dispensaba «un trato de favor» y que se les organizaban fiestas reservadas en la zona VIP con chicas traídas de prostíbulos de Mallorca.

Este y el resto de testigos identificaron a los mismos policías, entre ellos los cinco que ahora piden cárcel para el fiscal y el juez y más de dos millones de euros de indemnización. En concreto, Feliciano Franco solicita un millón como compensación por los «daños psicológicos» que le ocasionó su detención y su paso por prisión preventiva, entre diciembre de 2015 y abril de 2016.