La querella legal advierte de que no contar con los recursos asignados por BRIC ha sido devastador para los estados. «Comunidades de todo el país se ven obligadas a retrasar, reducir o cancelar cientos de proyectos de mitigación que dependen de estos fondos«, se lee en la demanda.

Además, los estados afirman que la cancelación del programa ha sido «ilegal», ya que «contraviene rotundamente» la decisión del Congreso de continuar financiándolo, violando así la Constitución.

La asignación de fondos para la prevención de desastres fue aprobada con apoyo bipartidista y mayoritario bajo la administración del presidente Bill Clinton (1993-2021) y se ha mantenido por casi tres décadas, resaltan los demandantes.

«En nombre de reducir el despilfarro, el fraude y el abuso, el presidente Trump y sus lacayos han vuelto a poner en peligro la seguridad pública con su recorte indiscriminado de los fondos para la mitigación de riesgos antes de un desastre», dice en un comunicado el fiscal general de California, Rob Bonta.

El demócrata agrega que California, el mayor beneficiario del programa, se encuentra en una situación de «riesgo excepcional» ante desastres naturales, por lo que poner fin a esos fondos «obstaculiza» el trabajo de prevención.

La fiscal de Arizona, Kris Mayes, advierte de que la Administración Trump ha demostrado «una hostilidad abierta» para brindar ayuda a los estados en caso de desastres, en un intento por recortar drásticamente los fondos de FEMA.

La Casa Blanca ha defendido los recortes a FEMA para asignar mayor responsabilidad a los estados en la respuesta a emergencias.

La demanda llega poco después de que el estado de Texas fuera azotado por devastadoras lluvias que provocaron la muerte de más de 130 personas en el festivo del 4 de julio. Las autoridades buscan a más de 100 desaparecidos.

El condado de Kerr, donde se contabilizaron la mayoría de las muertes, tuvo dificultades para financiar las alertas de inundación y ha enfrentado críticas.

En ese sentido, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que tiene bajo su mando a FEMA, dijo en una visita a Texas la semana pasada que el Gobierno Trump está «empoderando a los funcionarios estatales y locales para que tomen las mejores decisiones para su gente».

A California y Arizona se unieron a la demanda los estados de Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minesota, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Wisconsin y Washington.