El pasado 24 de junio tuvo lugar un intento de salto a la valla de Melilla. Según la Delegación del Gobierno de la Ciudad Autónoma, unas 2.000 personas se aproximaron a las inmediaciones del perímetro fronterizo; 133, en su mayoría de origen sudanés y chadiano, lograron llegar y se encuentran ahora en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde se encuentran aisladas a la espera de solicitar Protección Internacional. Asimismo, algunas personas que consiguieron llegar a territorio español fueron violentamente devueltas en caliente; práctica que vulnera la legislación internacional en materia de derechos humanos.

Las políticas migratorias, materializadas en la brutalidad policial y la militarización fronteriza, han provocado la muerte de, al menos, 37 personas migrantes y refugiadas. Los cuerpos están siendo enterrados en Nador sin realizar autopsias esenciales para una posible investigación, sin identificar y sin informar a las familias. Igualmente, más de 300 personas fueron hospitalizadas, no habiendo recursos suficientes para atenderlas en el hospital El Hassani de Nador. Todo ello, como resultado del trato cruel e inhumano y la omisión del deber de socorro.

En las últimas semanas se han intensificado las redadas, persecuciones y desplazamientos forzosos en Marruecos en autobuses, por parte de la gendarmería contra las comunidades migrantes que se ven obligadas a asentarse en los bosques cercanos a la ciudad de Nador. Esta creciente hostilidad ha influido inevitablemente en la naturaleza de este salto.

Esto ocurre en un escenario de calma tensa entre los gobiernos de España y Marruecos. Tras el anuncio del ejecutivo español mostrando apoyo a la “iniciativa de autonomía marroquí” sobre la cuestión del Sáhara Occidental, el pasado 7 de abril entró en vigor un convenio entre España y Marruecos con la intención de incrementar la cooperación en materia de seguridad y de lucha contra la delincuencia contribuyendo a criminalizar las migraciones. Intención que se trasladará también a la cumbre de la OTAN en Madrid, incluyendo Ceuta y Melilla bajo su protección, lo que contribuirá a la militarización, securitización y externalización, aún más, de la frontera sur.

Las entidades y las personas que apoyamos este comunicado, NOS SOLIDARIZAMOS con las familias de las 37 personas muertas, víctimas de las prácticas y políticas migratorias que se traducen realmente en necropolíticas. DENUNCIAMOS la vulneración de la legislación internacional en materia de derechos humanos, especialmente la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los refugiados, así como la legitimación del racismo institucional que agrede a los cuerpos negros en la frontera.

Por ello, EXIGIMOS

→ Investigación independiente que esclarezca las muertes ocurridas; así como, la reparación de las víctimas (identificación, repatriación e información a las familias).

→ El acceso a una sanidad de calidad y atención especializada a las personas heridas.

→ Finalización de las devoluciones en caliente y derogación, por parte de los grupos parlamentarios, de los rechazos en frontera en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

→ La protección, garantía y mecanismos de monitoreo de los Derechos Humanos en toda la Frontera Sur, respetando los acuerdos internacionales, especialmente el Estatuto de las Personas Refugiadas, y atendiendo a la particular vulnerabilidad de las menores.

→ Transparencia en relación con la “nueva etapa” de partenariado entre España y Marruecos; así como en qué se gasta el dinero que recibe Marruecos de la UE y España.

→ Establecimiento de VÍAS LEGALES Y SEGURAS y DEROGACIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA.

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FECHA LÍMITE PARA ADHESIONES: 1 DE JULIO 2022

Comunicado disponible en más idiomas: https://bit.ly/comunicado24j