Hasta el mismo Financial Times publicaba un editorial hace pocos días en el que sorprendentemente manifestaba: “…La redistribución debe situarse en la agenda; los privilegios de los más ricos deben ponerse en cuestión. Políticas hasta ahora consideradas excéntricas, como la renta básica o la imposición sobre la riqueza deben empezar a considerarse”. Pero otras personas se han enrocado todavía más en su oposición a la incondicionalidad y la universalidad de la Renta Básica, qué duda cabe. Cabe recordar que hay quien entiende por Renta Básica las más variadas y rocambolescas formas condicionadas de ayudas para pobres. Algunos de sus “nuevos defensores”, en realidad defienden una prestación condicionada en alguna de sus muchas variantes. Apelar a la mejora de los desastrosos programas autonómicos de rentas mínimas o garantizadas, incluso del mejor, –siempre condicionados a la situación laboral–, como parece estar estudiando el Gobierno, parece una estrategia deplorable, más aun para quienes se encuentran (ya desde antes del confinamiento) en los márgenes del mercado laboral.

Ante el incremento de voces que defienden la Renta Básica, se han podido leer y escuchar alegatos más o menos tradicionales contrarios a la propuesta, pero que se enmarcan en esta coyuntura tan extraordinaria. Una pequeña pero muy representativa muestra de dichas objeciones a la Renta Básica que encontramos últimamente, es la siguiente:

1) Las ayudas deben dirigirse a quienes “más lo necesitan” y, por tanto, deben excluirse a quienes sobrepasan un determinado umbral de renta, a «quien no la necesita». Dicho de otra forma: la universalidad de la renta básica en esta ocasión es de lo menos oportuno. Se trata de un prurito puntilloso que aqueja a sus defensores.

2) Los recursos empleados para financiar la renta básica deberían detraerse de otros servicios imprescindibles como los servicios universales de sanidad y de la educación públicas. Esta es una propuesta del todo punto inadmisible, más aún en un momento en que dichos servicios universales más requieren de mayor financiación. Hay quien sin el menor rubor ha dicho, ante una situación tan sensible por la precariedad sanitaria de la pandemia, que la Renta Básica sería en detrimento de la ¡sanidad pública!

3) La renta básica no es una medida que por sí sola pueda solucionar los problemas inmensos que la crisis pandémica –y, añadimos, la situación previa económica de la que partíamos que ya apuntaba negrísimos nubarrones en el horizonte– está generando.

Creemos que estas objeciones son muy fáciles de abordar.

Las ayudas deben dirigirse a quienes “más lo necesitan”

No hay duda de que la universalidad de la renta básica resulta contraintuitiva para algunas personas. ¿Por qué van a recibirla también los ricos?, ¿por qué no concentrar esfuerzos en quienes más lo necesitan? Es sabido que cuando se establece una línea o umbral, podemos cometer dos tipos de errores: el falso positivo y el falso negativo. El primero aparece cuando alguien “pasa la prueba” y no debería hacerlo, el segundo cuando alguien “no supera la prueba”, pero debería haberla superado. El segundo error es evidentemente más perjudicial para quienes lo pueden sufrir. Y ¿debemos recordar que de la población pobre que existía antes de la crisis pandémica en el reino de España solo recibían rentas condicionadas para pobres menos del 8%? ² Como bien explica Scott Santens:

“Un estudio de ayudas condicionadas en 30 países encontró un promedio de error sorprendentemente alto. Si su objetivo fuese llevar comida a los desnutridos, ¿piensas que condicionar la asistencia a los que están en el 40% inferior se traduciría en una asistencia a la mayoría de los desnutridos? Puede que lo pienses, pero según el estudio, te faltaría un enorme 50% de ellos. Otro estudio con 38 programas de ayudas en 23 países encontró que apuntando a la pobreza se excluye entre el 44% y el 97% de las personas a las que los programas están destinados a llegar. Así de fácil es trazar una línea y dejar fuera a la mayoría de las personas a las que quieres ayudar.”

En un estudio reciente se desveló que quienes perciben ayudas como “merecedores” y quienes no la perciben como “no merecedores” se dividen de forma muy marcada en relación a su satisfacción con el gobierno: entre los primeros aumenta un 0,6%, en los segundos disminuye un 10,5%. Lo que equivale a mostrar que la valoración negativa del gobierno es 17,5 veces superior que la positiva. Un gobierno debería tener esto en muy cuenta.

Y la objeción que creemos más importante: si una Renta Básica se financia, como se ha propuesto, mediante una reforma del IRPF que beneficie al 80% de la población menos rica (la situada por debajo del 20% más rico), quien “no lo merece” lo pagará en la declaración de IRPF correspondiente. Aún más, en la situación tan extraordinaria que vivimos, se ha propuesto algo todavía más sencillo por la convicción de la urgencia que debe adoptarse: que se dé a quien lo pida sin comprobaciones largas e inútiles a priori. Y si alguien “que no lo merece” la pide y la recibe, que se le descuenta en la declaración de IRPF del 2021. El Estado tiene muchos recursos para que “quien no lo merezca” no se aproveche de la situación. Pero lo importante es que quien lo necesita la reciba seguro. De ahí la conveniencia de la universalidad.

Todavía podemos encontrar estos días a políticos y académicos de izquierdas –a los de derechas ya se les supone– que consideran que la Renta Básica es una medida cara. ¿Cara? Escribía recientemente Luis Flores de Ecologistas en Acción: “En Europa, el Quantitative Easing anunciado por el Banco Central Europeo tiene el triste nombre de Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Dispone de 750.000 millones de euros”, que en gran parte se destinarán, como ha denunciado Ecologistas en Acción, a comprar bonos de las principales corporaciones del continente (aquí la lista completa). Entre los beneficiarios se encuentran algunas de las empresas de combustibles fósiles más contaminantes, como Enel, Total, Repsol, Shell, Naturgy, o ENI. Para muchos opinólogos tanto de derecha como de izquierda –que también los hay– siempre parece caro cuando se trata de medidas que van destinadas a la población no rica. Lo triste y alarmante, sobre todo para los de izquierdas, es que no parezcan tan caras en el primer caso.

El estado tiene muchos recursos que no ha utilizado: recortar el presupuesto del ejército de más de 10.000 millones –de hecho, ha optado por lo contrario, darle protagonismo; perseguir decididamente el fraude y la evasión fiscal –se calcula en más de 140.000 millones³ de euros de fortunas procedentes del reino de España, esto es, más del 10% del PIB; retirar la nacionalidad a quien no pague los impuestos que debería a partir de determinado volumen; etc. En fin, quizás más pronto que tarde sea evidente para el propio gobierno que es más costoso no implantar una Renta Básica que ponerla inmediatamente en funcionamiento, especialmente en términos humanos y sociales, en particular para las mujeres que mayoritariamente se encuentran en peores condiciones económicas que los hombres.

Los recursos empleados para financiar la renta básica deberían detraerse de otros servicios imprescindibles como los servicios universales de sanidad y de la educación públicas

Los recursos de la Renta Básica no tienen por qué detraerse de servicios universales imprescindibles como la sanidad y la educación públicas. De hecho, quienes defendemos que la Renta Básica tiene que convertirse en una herramienta de emancipación, su implementación debe ir pareja a la defensa y a la ampliación si cabe de los mecanismos de renta indirecta como son los principales ejes del estado del bienestar: salud, educación y dependencia. Es por ello que, en el mencionado modelo de financiación no se detrae ni un céntimo de todos estos servicios, aunque podrían detraerse perfectamente de otras partidas presupuestarias, como el ejército, la casa real, etc. Y pueden obtenerse también otros ingresos con un marcado objetivo más igualitario. Veamos un ejemplo: si solamente se implantase un impuesto del 10% a la decila más rica de la población del reino de España (sin contar su vivienda de residencia), podrían obtenerse más de 84.000 millones de euros ⁴. Repárese que aquí no se tiene en cuenta el dinero que los más ricos tienen en paraísos fiscales y solamente se contabiliza la riqueza conocida. 84.000 es una cantidad impresionante. Aun así, este 10% de la población seguiría siendo rica, sin lugar a dudas. Otro ejemplo: también podría implantarse un impuesto según el nivel de riqueza, tal como propone Piketty en su último libro Capital e ideología: a quien disponga de 100 veces el patrimonio medio, se le aplicaría un tipo del 10%; a quien lo tenga de 1.000 veces, del 60%; a quien lo tenga de 10.000 veces, del 90%. Posibilidades hay muchas.

Entramos así en una cuestión fundamental: la necesidad de replantear democráticamente los derechos de propiedad. Las grandes constituciones republicanas –la mexicana de 1917, la de Weimar de 1919 o la de la segunda república española de 1931, entre otras– especificaron claramente que la propiedad privada debía estar al servicio del interés público. Pongamos solamente lo que decía la mexicana: “la nación tendrá el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”. Lo que ya se ha convertido en un clamor es que no puede mantenerse el nivel acelerado de desigualdades emprendido a partir de las últimas décadas del siglo pasado. Recordemos que el reino de España se ha convertido en el tercer país con mayor desigualdad de la UE28, sólo por delante de Lituania y Letonia. Y esto es así, no solamente porque las riquezas inmensas no generan –en contra de lo que se viene diciendo machaconamente por parte de sus apologistas– mayores niveles de eficiencia ⁵, sino también y muy especialmente porque las grandes riquezas suponen una amenaza a la libertad de la mayoría. Como decía un filósofo del derecho, no hace mucho: “la institución de la propiedad privada no puede considerarse legítima cuando unos pocos poseen todo y el resto nada”. Los actuales oligarcas, quienes poseen inmensas y desproporcionadas fortunas, disponen de sobrados medios para que los gobiernos vayan a su favor mediante amenazas, sobornos y presiones. En este caso, no es el criterio de mayoría democrática el que prevalece, sino el de la mayoría de riqueza. Criterio no democrático por excelencia.

La renta básica no es una medida que por sí sola pueda solucionar los problemas inmensos que la crisis pandémica está generando

Por supuesto que la Renta Básica no es una medida que por sí sola pueda hacer frente a todos los problemas planteados antes, durante y después de la crisis del coronavirus. Nadie defiende semejante simpleza. La Renta Básica sería una medida, sin duda de gran envergadura, de política económica. Pero la política económica está formada por un conjunto muy amplio de medidas fiscales, monetarias, laborales… Esto es lo que diferencia precisamente las propuestas de izquierda y de derecha de la Renta Básica: 1) cómo se financia –que es como decir qué parte de la población gana y qué parte pierde– y 2) las medidas que deben acompañarla. Nadie propone la Renta Básica como la única salida a los problemas originados por el coronavirus, pero sí es una medida que apunta a posibles horizontes post-capitalistas o, por lo menos, de mejora muy sustantiva de los actuales estados del bienestar, tanto para ahora mismo, como sobre todo para cuando haya pasado el actual estado de emergencia.

La obsesión por la relación salarial que muestra buena parte de la izquierda en sus propuestas parece conformarse con una asunción del statu quo basado en el extractivismo urbano y el parasitismo inmobiliario y turístico, incapaces de garantizar empleos estables ni de calidad, y de una inexistente y difícilmente recuperable “industria nacional”. La propuesta del Plan de Choque Social redactada por muchos sindicatos, asociaciones y movimientos sociales en el que se defiende, no solamente una Renta Básica universal e incondicional sino también una multitud de medidas necesarias para hacer frente a la magnitud de la catástrofe social y económica en la que estamos inmersos, señala otros posibles caminos, y apunta más allá de la ineficiencia y del silencio administrativo, de las draconianas condicionalidades y de las medidas disciplinares que acompañan las ayudas para pobres.

Un mundo se está acabando, y la UE y los gobiernos de los Estados que la componen piensan con patrones del viejo mundo. Las medidas acordadas por la UE el jueves 9 de abril son un auténtico fracaso de “solidaridad” y completamente insuficientes e inadecuadas, la propuesta de la llamada Renta Social Extraordinaria del gobierno español es un parche pequeño para tan gran herida.

Un mundo se acaba y la población no rica se va hundiendo con él. El mundo que viene ¿será mejor o peor? Depende de los objetivos que se impongan. Como en una reincidente luchas de clases. Una vez más, va ganando la banca.

[Este texto es una versión de un artículo que notablemente actualizado se publicará en el n. 26 de la revista Barcelona Societat, (Àrea de Drets Socials, Justícia Glocal, Feminismes i LGTBI, del Ayuntamiento de Barcelona).]

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