La organización político-militar vasca dejó las armas hace 12 años y se disolvió hace cinco. Ni en el País Vasco ni en España aparece ETA como preocupación de la ciudadanía en encuesta alguna y, sin embargo, quienes se supone que deben trabajar para solucionar problemas, faltos al parecer de propuesta alguna, no tienen mejor idea que machacar al potencial votante avivando fantasmas pasados

El tema lo puso en la agenda Covite, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, que hizo pública una lista de 44 candidatos condenados por terrorismo en las listas de la plataforma independentista vasca EH Bildu. Una confluencia de intereses elevó el listado a primera plana de los periódicos en España y en el País Vasco. En Madrid, EH Bildu se ha convertido en socio importante del PSOE y de Podemos para sacar adelante iniciativas progresistas, y el PP cree que ese acercamiento a los independentistas vascos puede laminar a los socialistas, sobre todo si logran vincularlo a la extinta ETA. En el País Vasco, el PNV, formación nacionalista moderada y conservadora, ve con cierta angustia como, pese a seguir ganando comicios, EH Bildu se acerca cada vez más, hasta el punto de disputarle la hegemonía electoral en algunas provincias. Esta conjunción astral ha convertido a ETA y a EH Bildu en el eje de campaña en España. Ver para creer.

La formación independentista vasca decidió mover ficha el martes, haciendo pública una carta en la que las siete personas con condenas por delitos de sangre anunciaban que se retiraban de la campaña y no asumirían el cargo de ser elegidos –es demasiado tarde para modificar las listas. Que ni nuestras palabras ni nuestras acciones añadan jamás el más mínimo padecimiento al ya habido, escribieron para explicar el paso dado.

Ver la incomodidad de dirigentes del PP como Isabel Díaz Ayuso –que simplemente se negó a creer lo anunciado y sigue insistiendo hasta la fecha– o del propio PNV, que tildó de tacticismo electoral el movimiento, deja entrever que la decisión fue más que acertada. El problema, evidentemente, no era la inclusión de estas personas, con sus derechos civiles y políticos plenamente vigentes. La derecha, vasca y española, se ha quedado sin juguete y refunfuña.

Por supuesto, que sólo hayan sido siete los que hayan renunciado, en vez de los 44 señalados por Covite, ha sido insuficiente para muchos. Pero esto plantea ahora un ejercicio interesante que, por supuesto, nadie fuera del País Vasco hará. ¿Quiénes son los otros 37 de la lista? ¿Por qué están en ella?

Por ejemplo, encontramos a Teresa Toda, encarcelada durante siete años por ser subdirectora del periódico Egin, cerrado en tiempos de José María Aznar. A Gotzon Amaro, condenado a ocho años por su responsabilidad en las Gestoras Pro-Amnistía, grupo de apoyo a presos ilegalizado en los mismos años. A Zaloa Zenarrutzabeitia, castigada con seis años de prisión por militar en la organización juvenil Segi, igualmente ilegalizada. A Adolfo Araiz, miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna (HB), el partido histórico de la izquierda independentista, igualmente ilegalizado. A Hasier Arraiz, miembro de la dirección de Batasuna, formación heredera de HB, también ilegalizada. A Jaione Carrera, abogada, condenada por ejercer como tal. A Agus Rodríguez, condenado por ser miembro de la junta directiva de una Herriko Taberna, red de bares y centros sociales vinculados al independentismo vasco.

Suma y sigue. Entre esas 37 personas restantes hay antiguos militantes de ETA, pero hay, sobre todo, personas represaliadas por su ideología y su actividad política, que nada tenía que ver con la acción armada. Dando la vuelta a la tortilla, esa lista de 37 es el reflejo de una política represiva en la que, bajo el paraguas del todo es ETA, se cerraron periódicos, ilegalizaron colectivos de solidaridad, prohibieron partidos y persiguieron todo tipo de militancias. Una política de Estado que, conviene no olvidarlo, amparó y propició la tortura de más de seis mil personas en los calabozos de la Guardia Civil y la Policía Nacional española, según datos de los informes encargados por los gobiernos del País Vasco y de Navarra.

Queda una larga semana de campaña antes de que sean vascos y españoles los que decidan si, definitivamente, ETA sigue causándoles desvelos. Puede que se les acabe haciendo larga a quienes fiaron toda la campaña a esta carta. Mientras tanto, quizá quepa agradecer a Covite este involuntario recordatorio de que, efectivamente, lo que hubo en el País Vasco fue un conflicto en el que tanto ETA como los aparatos del Estado español vulneraron los derechos de miles de personas.