Actualmente el gobierno estadounidense impone sanciones a un tercio de los países del mundo, afectando desproporcionadamente a los países más pobres. El 60 por cien de los cuales están sujetos a algún tipo de sanción estadounidense (1).

Esta tendencia ha aumentado durante los últimos cuatro gobiernos estadounidenses y ha alcanzado su punto máximo con Biden, quien impuso más de 6.000 sanciones en sólo dos años.

Se ha convertido en la herramienta de política exterior más importante del arsenal de Estados Unidos, pero nadie en Washington está seguro de que esta política funcione.

La excesiva dependencia de Washington del dólar estadounidense como arma de guerra dio un giro decisivo tras los ataques del 11 de septiembre en Nueva York. Hasta entonces, las sanciones económicas apuntaban principalmente a “estados rebeldes” como Cuba y Libia, con el fin de impedirles participar en el sistema financiero mundial y facilitar golpes de Estado.

Sin embargo, a partir de 2001, los sucesivos presidentes estadounidenses aplicaron sanciones con mayor libertad para aislar a ciertos países del mundo, en particular cambiando su política hacia Asia central.

La escalada de sanciones en todo el mundo ha ido acompañada del crecimiento de una industria paralela multimillonaria de grupos de presión e influencia en la que gobiernos extranjeros y empresas transnacionales gastan sumas exorbitantes para orientar las directrices políticas.

El Congreso inunda el Departamento de Estado y la Casa Blanca con demandas de sanciones, muchas de las cuales están destinadas a eliminar la competencia extranjera de las industrias estatales de origen. En una fiesta navideña en 2011, Adam Szubin, entonces director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), cantó una canción llamada “Everything Little Thing We Do Is Sanctions” (Cada pequeña cosa que hacemos es un castigo), que recordaba al grupo Police (“Everything Little Thing She Does Is Magic”).

Las sanciones inteligentes son un menú con la capacidad de adaptarlas a la conducta y la vulnerabilidad del país. Pero en Washington vieron la carta y dijeron: “Quiero ponerlo todo en el plato”.

La postura adoptada por una serie de dirigentes de la Casa Blanca ignora el efecto devastador de las políticas de coerción económica sobre las poblaciones civiles, ya que innumerables estudios han demostrado que las sanciones causan un sufrimiento inmenso e incluso la muerte de cientos de miles de personas.

Las sanciones afectan indirectamente la salud de las poblaciones con consecuencias generalmente devastadoras. Poco después de la imposición de sanciones económicas a un país, muchos tratamientos médicos que salvan vidas dejan de estar disponibles. Incluso la producción de algunos medicamentos fabricados en un país se ve disminuida o incluso detenida debido a la escasez de componentes básicos o repuestos para las máquinas, escribió el investigador iraní Farrokh Habibzadeh en una carta publicada por The Lancet en 2018 (2).

“La falta de alternativas afecta no sólo a los equipos médicos, sino también a otras infraestructuras esenciales como los generadores de electricidad. Los frecuentes cortes de energía provocan graves problemas (pérdida de medicamentos, ventiladores, monitores, etc.) Cientos de miles de personas mueren en silencio. Este asesinato en masa silencioso en una parte del mundo sumida en la agitación apenas se nota, e incluso se ignora”, añade Habibzadeh.

No pensamos en los daños colaterales de las sanciones de la misma manera que pensamos en los daños colaterales de la guerra.

En 2021 los funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos redactaron una propuesta interna para que el gobierno de Biden reestructurara el sistema de sanciones en lo que podría haber sido la revisión más sustancial de la política de sanciones en décadas. Sin embargo, la Casa Blanca se ha negado a implementar la mayoría de los cambios, prefiriendo mantener miles de sanciones contra cientos de países.

Cuando el Tesoro publicó su Revisión de Sanciones de 2021 en octubre de ese año, el borrador de 40 páginas se había reducido a ocho y contenía las recomendaciones más diluidas del documento anterior.

Debates similares sobre la revisión de las políticas de coerción económica de Washington fracasaron en 2022 tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El uso continuo de sanciones por parte de Estados Unidos ha empujado a muchos países de todo el mundo a considerar la desdolarización del comercio bilateral, y bloques económicos alternativos como Brics, Mercosur y la Organización de Cooperación de Shanghai han despertado lógicamente un renovado interés.

(1) https://www.washingtonpost.com/business/interactive/2024/us-sanction-countries-work/
(2) https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31944-5/fulltext