El martes, Terry Doughty, juez del Tribunal de Distrito de Luisiana, respaldó las afirmaciones de que durante la pandemia la Casa Blanca había impuesto una censura “masiva” para silenciar cualquier cuestionamiento de la eficacia de las vacunas.

Como consecuencia de ellos, el juez prohibe a las instituciones públicas reunirse con los directivos de las redes sociales para eliminar la libertad de expresión en línea.

“Durante la pandemia de Covid-19, un período quizás mejor caracterizado por la duda y la incertidumbre generalizadas, el gobierno de los Estados Unidos parece haber asumido un papel similar al de un ‘Ministerio de la Verdad’ orwelliano”, dice el juez en una larga sentencia de 155 páginas.

En julio de 2021 Biden afirmó que Facebook estaba “matando gente” al difundir información “errónea” sobre las vacunas contra el coronavirus.

Los fiscales de Louisiana y Missouri presentaron la demanda, en la que acusaban al gobierno de estar involucrado en una “empresa de censura”. Afirmaban que había violado la Primera Enmienda al tratar de bloquear a los usuarios de las redes sociales que ejercían su derecho a la libertad de expresión.

Para demostrarlo, recopilaron y presentaron en el juicio miles de comunicaciones entre funcionarios públicos y empresas tecnológicas durante la pandemia. Una de ellas es un correo electrónico enviado en abril de 2021 por Rob Flaherty, director de estrategia digital de la Casa Blanca, a Google.

En él, Flaherty escribió que “YouTube está conduciendo a la gente a dudar” de las vacunas. Decía que la preocupación al respecto era “compartida en los niveles más altos” de la Casa Blanca.

En su correo electrónico, Flaherty pedía un “diálogo de buena fe” entre Google y la Casa Blanca que incluiría reuniones cada dos semanas.

En su fallo, el juez asegura que es “evidente” el “esfuerzo masivo” que realizaron tanto la Casa Blanca como las instituciones públlicas, para suprimir los mensajes por su contenido.

La orden judicial prohíbe que los funcionarios y las instituciones públicas se comuniquen con las empresas que administran las redes sociales para “instar, alentar, presionar o inducir de cualquier manera la remoción, eliminación, supresión o reducción de contenidos protegidos por la libertad de expresión”.

La única excepción son los casos de seguridad nacional o las amenazas criminales, según la sentencia.

La resolución judicial no es firme porque el gobierno de Biden puede apelarla.

El mes pasado también se filtró que los ministros de Reino Unido habían creado una unidad contra la “desinformación” que se utilizó para atacar a los críticos del confinamiento y a quienes cuestionaban la vacunación masiva de los niños.

El gobierno de Londres utilizó una empresa de inteligencia artificial para vigilar las redes sociales y señalar a quienes se oponían a los pasaportes de vacunas.

—https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/07/04/joe-biden-white-house-accused-covid-vaccine-censorship/