Puesto que la información que se posee es todavía incompleta y sin los datos necesarios para evaluar los acuerdos, es pronto para saber qué consecuencias concretas va a tener la negociación que se lleva a cabo para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa, candidato del Partido Socialista de Cataluña. Sin embargo, con lo que se sabe sí se pueden establecer algunas conclusiones generales muy relevantes.

a) El acuerdo implica que Cataluña saldría del sistema de financiación autonómica común u ordinario para pasar a tener uno especial o singular más o menos parecido al que ahora tienen el País Vasco o Navarra. Eso significa que tendría y recaudaría sus propios impuestos (para aumentar quizá en 30.000 y 35.000 millones de euros sus ingresos) y a cambio pagaría al Estado una «cuota» o cupo (cuyo método de cálculo y cuantía no se concreta) para compensarlo por los servicios que proporciona a Cataluña y otra (también sin concretar) como contribución solidaria a las comunidades de menor renta. Para hacer posible todo ello, Cataluña tendría capacidad normativa y una agencia propia dedicada a la recaudación e inspección de sus propios tributos.

b) El acuerdo afecta al conjunto de las Comunidades Autónomas y, sin embargo, se está negociando con una sola de ellas.

c) El acuerdo modifica el sistema de financiación autonómica, la forma en que pueda llevarse a cabo la política fiscal del Estado, las posibilidades que este tendrá en el futuro de llevar a cabo el resto de las políticas económicas y sociales y, en general, afectará a la marcha de la economía española en su conjunto y a las condiciones de vida de toda la población española. Sin embargo, sólo se está debatiendo con el objetivo de conseguir que el candidato del Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa, sea presidente de la Generalitat.

d) La experiencia ha demostrado que ese sistema es muy volátil y que esas cuotas acaban siendo una especie de cromo que se intercambia cada vez que hay elecciones, casi siempre a la baja y en perjuicio del Estado y, por tanto, del resto de los territorios.

e) El sistema que prevé el acuerdo implicará con casi totalidad seguridad menos ingresos para el Estado, así que su resultado será un aumento en las desigualdades entre sus territorios y poblaciones, sin que nada asegure, además, que no aumenten también en el interior de la propia Cataluña.

f) El acuerdo implica de hecho y de derecho, una vez que se establezca la normativa correspondiente, una sustitución del principio de solidaridad (a cada uno según su necesidad y de cada uno según su capacidad) por otro de ordinalidad (recibe más quien más aporta).

g) El acuerdo de cupo o cuota con Cataluña será materialmente imposible de aplicar a los demás territorios, salvo admitiendo un quebranto fundamental de las finanzas y de la estructura del Estado. Implica, por tanto, conceder un privilegio a una de las comunidades.

h) La fragmentación de impuestos tan esenciales como el IRPF o el IVA y de la agencia tributaria estatal que llevará consigo el acuerdo, tal y como se ha presentado, supondrá un aumento de las ineficiencias y menor eficacia, así como la disminución de su capacidad recaudatoria y redistributiva.

i) La creación de un consorcio para llevar a cabo, con el dinero del Estado, las inversiones que ahora se diseñan y ejecutan a nivel estatal, también supondrá pérdida de eficiencia y un deterioro de la dotación de capital y de los servicios públicos para todo el territorio nacional, incluida Cataluña.

j) El acuerdo, tal y como se ha presentado hasta ahora, implica en la práctica convertir a España en un país cuasi confederal y la renuncia a los principios de solidaridad e igualdad que, al menos teóricamente, hoy día se reconocen como inspiradores de las políticas económicas y sociales. Dejando a un lado el debate sobre si esto en bueno o malo, peor o mejor (que hay que abordar), lo cierto es que supone un cambio radical de esencia y de principios, una mutación de conjunto, que se está resolviendo entre el gobierno de la Nación y un partido político catalán para obtener su voto en el acto de investidura del presidente de una sola comunidad autónoma.

Un gobierno que revienta los principios de solidaridad e igualdad y destroza el cerebro, los pies y las manos del Estado central, impidiendo que este lleve a cabo políticas de definición y ejecución común y de redistribución (mucho más, cuando formamos parte de una unión monetaria justamente diseñada con el objetivo de maniatar a los gobiernos en beneficio de los grandes capitales) es cualquier cosa menos un gobierno progresista. Tratar de gobernar a cualquier precio no es progreso, es oportunismo y traición.