El 29 de diciembre del 2023 Sudáfrica puso contra las cuerdas no solamente a Israel, sino a todo occidente. Por primera vez, un país del Sur Global acusó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) de violar la Convención sobre la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio. Las imágenes están ahí para quien quiera buscarlas: ciudades enteras reducidas a montañas de escombros grises, cuerpos envueltos en bolsas blancas apilados fuera de un hospital, madres arrodilladas sobre esas mismas bolsas preguntándose por qué el mundo permite semejante horror.

Con su denuncia, Sudáfrica busca demostrar ante el máximo tribunal de la ONU que los incesantes ataques de Israel sobre Gaza constituyen actos de genocidio según la definición que plantea la misma convención y que las sistemáticas declaraciones públicas de las máximas autoridades del Estado de Israel demuestran su intención genocida; es decir, no esconden su voluntad deliberada de destruir al pueblo palestino.

En este marco, el viernes 26 de enero la CIJ tomó una primera determinación: en base a la contundente evidencia recopilada, consideró que los argumentos de Sudáfrica demuestran, al menos, la necesidad urgente de intervenir en favor del pueblo de Gaza. Es por esto que aprobó una serie de medidas de emergencia en un intento por preservar los derechos humanos de los palestinos en la Franja mientras procede a evaluar los méritos de la acusación.

En otras palabras, la Corte Mundial rechaza la defensa de Israel y admite la plausibilidad del genocidio: decide continuar con su investigación, considerando que son verosímiles y pertinentes las denuncias presentadas. Si bien el juicio puede llevar años en resolverse, lo cierto es que llegar a esta instancia constituye en sí mismo un hecho histórico. Nunca antes, en ningún tribunal internacional, se había investigado por genocidio a un país perteneciente al corazón del poder de Occidente.

Israel al banquillo de los acusados

El Estado de Israel es señalado desde hace décadas por sus sistemáticas y continuas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional, a la vez que mantiene un largo historial de incumplimientos de las resoluciones de la ONU. Sin embargo, esta será la primera vez en que se verá forzado a responder legalmente por sus acciones.

La valiente denuncia presentada por Sudáfrica compromete a toda la «comunidad internacional occidental» y al «mundo basado en reglas» que dice defender. Apenas se presentó la denuncia, el Estado de Israel anunció que impugnaría el caso al considerarlo un «libelo de sangre» (en alusión a las falsas acusaciones que se utilizaron para perseguir a la comunidad judía). Inmediatamente, Washington y Londres se apuraron a calificar la denuncia como «infundada» y «una tontería».

Sin embargo, la inmensa mayoría de jueces que conforman el máximo tribunal de la ONU, lejos estuvieron de considerar «infundada» la denuncia. Menos aún, «una tontería». Durante la lectura del fallo, la presidenta de la corte, Joan E. Donoghue, explicó durante más de 45 minutos las razones que dan motivos para creer que el pueblo palestino podría estar sufriendo un genocidio.

Donoghue señaló que lo que está sucediendo en Gaza es una «verdadera tragedia humana» y denunció la situación «especialmente desoladora que viven los niños y niñas en la Franja» añadiendo que «una generación entera de niños está siendo traumatizada y tardará años en sanar; miles han sido asesinados, mutilados o quedado huérfanos. Cientos de miles están siendo privados de su educación. Su futuro está en peligro con consecuencias de largo alcance y duraderas».

Imágenes del horror

Las cifras no alcanzan a dar cuenta del horror que se vive en Gaza. «Un infierno en vida», repiten locales y veedores internacionales. Cada día que pasa, cientos de personas son asesinadas, alcanzadas por bombas que caen incluso en las zonas «seguras», mientras buscan refugio en una escuela u hospital o esperan en una eterna fila por algo de comida. Mientras tanto, millones son forzados a desplazarse más y más lejos para sobrevivir. Pocas veces la humanidad ha sido testigo en vivo y en directo de semejante barbarie. La «única democracia de medio oriente» se asienta sobre ríos de sangre inocente.

Hasta la fecha, el Estado de Israel asesinó a más de 27.400 personas en Palestina; se estima que al menos 12.000 de ellos eran niñas y niños. También hay más de 8.000 desaparecidos bajo los escombros, al menos 66.600 heridos y 1.93 millones de desplazados. La Organización Mundial de la Salud calcula que 1 de cada 4 hogares está en condiciones «catastróficas» y con riesgo de inanición, mientras más de la mitad de los hogares palestinos han sido destruidos por los ataques. Los sistemáticos bombardeos contra hospitales palestinos, sumados al bloqueo impuesto por el Estado de Israel contra la Franja de Gaza, ha hecho que el sistema sanitario se encuentre completamente colapsado, llegando a operar por encima del triple de su capacidad.

Aún así, los principales medios de comunicación occidentales se han limitado —en el mejor de los casos— a mantener un silencio cómplice. Y quienes intentan dar cuenta del horror en el propio terreno, en muchos casos pagaron con sus vidas: en 120 días de asedio fueron asesinados más de 120 periodistas. La «única democracia de oriente medio» produjo el «daño colateral» de un periodista muerto por día.

Según el Artículo 2 de la Convención sobre el Genocidio, se considera un acto de genocidio no solamente la matanza de personas con intención de destruir total o parcialmente a los miembros de un grupo nacional, étnico o religioso, sino también la imposición deliberada de condiciones de vida pensadas para destruir físicamente al grupo. Es por esto que más allá de las escalofriantes cifras de muertes, la destrucción de las condiciones que hacen posible la vida en Gaza también debe ser considerada en sí misma un acto genocida. No son daños colaterales, no son excesos: es un plan sistemático.

Los laberintos del derecho internacional

Desde el punto de vista legal, para que estos actos sean considerados dentro de lo dispuesto por la Convención sobre Genocidio, se debe probar, además, la existencia de una «intención genocida». Es por ello que dentro de la extensa y minuciosa demanda de 84 páginas presentada por Sudáfrica se incluyen 10 páginas de declaraciones públicas realizadas por autoridades israelíes que dan cuenta de su determinación explícita de destruir al pueblo palestino.

Los discursos de odio y el lenguaje deshumanizante contra los palestinos por parte de las autoridades del Estado de Israel son, desde hace décadas, parte de una política de estado. En uno de sus últimos trabajos, Law for Palestine, una organización destinada a recopilar información sobre Palestina y la Ley Internacional, compiló una base de datos con más de 500 registros de incitación al genocidio por parte de autoridades israelíes.

Haciéndose eco de este señalamiento, la Corte también advirtió el uso de lenguaje deshumanizante contra el pueblo palestino e incorporó en su dictamen algunas declaraciones, como las del ministro de defensa isrealí Yoav Gallant, que aseguró estar combatiendo «animales humanos», o las del ministro de infraestructura y energía de Israel, que afirmó que los palestinos «no recibirán una gota de agua ni una batería hasta que abandonen el mundo».

En este contexto, la Corte Internacional de Justicia aceptó seis de las nueve medidas provisionales solicitadas por Sudáfrica. Estas medidas son de carácter vinculante y se ordena su inmediata aplicación: tienen por objetivo evitar el desarrollo de un posible genocidio mientras el tribunal investiga los acontecimientos. En este marco, la corte le exigió al Estado de Israel la adopción de todas las medidas a su alcance para prevenir el asesinato de palestinos en la Franja de Gaza, así como los daños físicos y psicológicos a la población y la imposición de condiciones que pongan en riesgo la vida de los habitantes, entre otras medidas. Además, según la disposición de la corte, Israel debe tomar medidas urgentes y efectivas para garantizar la provisión de ayuda humanitaria a la población palestina.

Luego de revelado el fallo, gran parte de la prensa occidental destacó que la Corte no había ordenado explícitamente un cese al fuego, tal como había solicitado Sudáfrica. Sin embargo, la CIJ sí obligó al Estado de Israel a dar cuenta en el plazo de un mes de las medidas tomadas para acatar las órdenes del tribunal; esto es, explicar de qué modo previene el horror que hasta hoy ha impuesto en Gaza.

Los días siguientes al fallo, pese a todo, fueron particularmente sangrientos. El Estado de Israel intensificó sus operativos y ataques no solamente en la Franja de Gaza, sino también en los territorios ocupados de Cisjordania. El Estado de Israel nunca se preocupó por cumplir con las disposiciones de la ley internacional, y nada indica que esta vez será distinto.

El fallo de la corte no solo obliga a Israel a acatar la orden, sino al conjunto de los países firmantes de la Convención sobre el Genocidio a garantizar su cumplimiento. En este sentido, la resolución del máximo tribunal invoca el Artículo III de la Convención, donde figura el crimen de complicidad con la comisión de un genocidio. De esta manera, si se determina que el pueblo palestino está sufriendo un genocidio, cualquier país o entidad que colabore con el Estado de Israel podría ser señalado como cómplice.

Las principales potencias de Occidente han sostenido siempre al Estado de Israel. Desde 1948 hasta comienzos de 2023, Israel recibió más de 158.000 millones de dólares de Estados Unidos, dentro de los cuales se incluyen 124.000 millones en ayuda militar. Esta lógica solo aumentó luego del 7 de octubre, al punto que el presidente Biden prometió seguir enviando dinero «hasta deshacerse de Hamas». Además del apoyo militar, tanto Estados Unidos como Inglaterra han vetado sistemáticamente cualquier resolución contraria a Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU.

De esta manera, Sudáfrica logra un fallo que apunta directamente contra el corazón de Occidente, exponiendo la hipocresía flagrante de las principales fuerzas del Norte Global que, mientras se presentan a sí mismas como líderes del «mundo libre», defienden y promueven una matanza a cielo abierto.

Cuando el sheriff es amigo del criminal

El abogado especialista en derechos humanos Francis Boyle asegura que, si bien es probable que Israel no cumpla con las órdenes de la Corte Internacional de Justicia, el fallo «abre la puerta a una serie de medidas que pueden tomarse en materia de derecho internacional». Boyle fue el primero en ganar una orden del tribunal mundial amparado en la Convención sobre Genocidio, en el juicio contra Yugoslavia de 1993.

«Como en cualquier otro procedimiento legal, vas al juez para obtener una orden. Pero el juez no ejecuta la orden, sino que la ejecuta el sheriff», explica Boyle. «Bajo los términos de la carta de la ONU, el Consejo de Seguridad es el sheriff. Si los Estados Unidos o el Reino Unido vetan cualquier medida de ejecución contra Israel en el consejo —cosa que hacen sistemáticamente—, entonces Sudáfrica podría llevar esta orden a la Asamblea General de la ONU para exigir su ejecución».

Boyle señala que en caso de darse esta situación las consecuencias podrían ser «bastante serias» para Israel, ya que la Asamblea General podría suspender al estado de participar en sus actividades. «Lo mismo que hizo contra el régimen criminal del apartheid en Sudáfrica, y también contra Yugoslavia», ejemplifica.

A su vez, la Asamblea General podría recomendar a sus estados miembros adoptar sanciones económicas frente al desacato de Israel y admitir a Palestina como un estado miembro pleno de derecho en la ONU, ya que actualmente solo tiene estatus de estado observador. «Los votos para admitir a Palestina están», asegura Boyle. «Mientras que Israel y los sionistas de todo el mundo quieren destruir Palestina e infligir a los palestinos una segunda Nakba, la inclusión de Palestina en la ONU es importante para protegerlos».

En tierras ocupadas

Es posible que el eje argumentativo de la defensa del Estado de Israel sufra un nuevo revés en las próximas semanas. En el año 2022, la Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre los Territorios Palestinos Ocupados, creada por la ONU, afirmó en un reporte ante la Asamblea General tener «motivos razonables» para considerar a la ocupación israelí como ilegal según el derecho internacional, por su permanencia y políticas de anexión de facto de territorios ocupados.

A raíz de este informe, la Asamblea General solicitó a la CIJ un pronunciamiento no vinculante sobre la cuestión; esta opinión consultiva se dará a conocer el 19 de febrero próximo. Hassan Ben Imran, experto en derecho internacional y parte del consejo directivo de la organización Law for Palestine, asegura que si la corte mundial considera —como lo hizo la comisión previamente— que la ocupación israelí es ilegal, implicaría el derrumbe definitivo del principal argumento que esgrimen tanto Israel como sus aliados y promotores: el derecho a la autodefensa.

«Esto significa que Israel no puede reclamar el derecho a la autodefensa, porque está ocupando ilegalmente los territorios. La mera presencia militar israelí en los territorios palestinos es la continuación de una agresión, del uso ilegal de la fuerza, no un acto de autodefensa. Desde el punto de vista legal, en lugar de ser el agredido, Israel sería el agresor», explica.

Estrategias de distracción

Apenas se conoció el fallo del pasado 26 de enero, el ultraderechista primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se apresuró a encabezar una estrategia mediática que intenta correr el eje del debate internacional. Rápidamente se refirió al veredicto como un «intento vil de denegar a Israel su derecho fundamental a la autodefensa», calificando las medidas de la Corte como una «discriminación flagrante contra el estado judío».

La idea de la discriminación contra el «estado judío» no es inocente. Toda la defensa del Estado de Israel se basa en la premisa de que cualquier critica contra sus políticas equivalen a un ataque antisemita contra el pueblo judío. Pero la estrategia de Netanyahu no se limitó tan solo a criticar el fallo de la Corte. Dos días antes de que la CIJ se pronunciara, Tel Aviv distribuyó entre sus aliados un supuesto informe de inteligencia en el que dice recopilar pruebas de que 12 miembros que trabajan para la Agencia de la ONU de refugiados de Palestina (UNRWA) habrían sido partícipes en los ataques contra Israel. Una denuncia que solo involucra al 0,0009 % de la organización, que cuenta con 13,000 empleados palestinos en Gaza.

No se trata de un ataque azaroso: apunta contra una agencia diseñada para promover el desarrollo humanitario de los refugiados palestinos. La UNRWA fue creada en 1949 por mandato de la Asamblea General, luego de la creación del Estado de Israel. Actualmente asiste a más de 5,6 millones de palestinos distribuidos entre los territorios ocupados, incluida Jerusalén, así como en los campamentos de refugiados de Siria, Líbano y Jordania. No es la primera vez que Israel apunta contra esta agencia: desde el inicio de sus ataques, mató a más de 150 trabajadores de la ONU y bombardeó 145 instalaciones de la UNRWA, 50 de las cuales fueron destruidas completamente.

Convenientemente, las repercusiones de la acusación del Estado de Israel contra la UNRWA se dieron a conocer el mismo día del veredicto de la Corte Internacional de Justicia. Su estrategia apunta a desviar la atención de lo verdaderamente importante. Desoyendo las advertencias del conjunto de los organismos internacionales sobre las trágicas consecuencias que esto podría desatar, de forma inmediata varios países —entre ellos Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Austria, Finlandia, Japón y Australia— anunciaron la suspensión de su financiamiento a la agencia.

Esta cruel decisión vuelve aún más desesperante la ya trágica situación palestina. De no revertirse la campaña de desfinanciamiento, la UNRWA se verá forzada a detener sus actividades a finales del presente mes. Para los 2,3 millones de habitantes de Gaza, esto significaría quedar abandonados a una situación todavía más crítica que la expuesta por el fallo de la CIJ. La determinación también afecta al conjunto de la población palestina que vive en campos de refugiados fuera de Gaza, lo que constituye sin duda alguna un nuevo crimen de castigo colectivo.

El pasado miércoles 30 de enero el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier denunció que «la actividad criminal nunca puede quedar impune. Pero la discusión en este momento es más una distracción de lo que realmente está sucediendo todos los días, cada hora, cada minuto en Gaza». La denuncia hacia la UNRWA, al menos en lo inmediato, busca eludir la sanción mediática con respecto al fallo de la Corte, al tiempo que condiciona aún más la supervivencia de los gazatíes.

Sin embargo, su objetivo va más allá: atacando la credibilidad de la UNRWA, una de las principales fuentes de información de las Naciones Unidas sobre la situación humanitaria en la Gaza, el Estado de Israel pretende atacar el núcleo de la evidencia considerada dentro del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, Israel y sus aliados disparan directamente contra las pruebas presentadas en su contra.

La solidaridad del Sur

Si una cosa está clara, es que ningún dictamen de un tribunal internacional cambiará por sí solo la situación de Palestina, especialmente si se tiene en cuenta la impotencia que han mostrado los organismos internacionales a la hora de hacer valer incluso el reclamo de sus propias agencias en el territorio.

Pero es justamente en este contexto cuando más pesará el accionar de los pueblos del mundo, en especial la solidaridad del Sur Global. Fue justamente Sudáfrica, un país del Sur Global, quien apuntó directamente contra los crímenes de Israel y sus aliados occidentales —crímenes que sucedían frente a la vista de todos—, mientras que una y otra vez los países centrales no han hecho más que apoyar las atrocidades de Israel.

Pese a la criminalización de los gobiernos y el silencio cómplice de los medios de comunicación, las inmensas movilizaciones a favor de Palestina han logrado sacudir las conciencias de millones alrededor del mundo. La causa palestina no es tan solo una lucha por la defensa de los más básicos derechos humanos, sino una de las luchas antimperialistas más significativas de nuestro tiempo.

En esta pulseada, América Latina tiene la posibilidad de jugar un rol particularmente importante. La presión que estos países pueden ejercer no solo sobre Israel, sino sobre todo el sistema jurídico internacional resulta vital para que Occidente asuma sus responsabilidades consagradas para con el pueblo palestino. La propia historia de América Latina y el Caribe es una historia de sufrimiento y enfrentamiento a los atropellos del Norte Global. Las luchas contra los crímenes del imperialismo forman parte de la historia del respeto de los pueblos del mundo. En cada bandera palestina flameando, en cada Kufiya, anida el nombre de todos y cada uno de los pueblos oprimidos.

Este artículo fue publicado en Jacobin Revista