El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha decretado el cerco a todo un departamento (equivalente a provincias o estados en otros países), agrícola y ganadero, habitado por 160 mil personas y situado en el centro norte del país. Se trata de Cabañas, cercado con 8 mil efectivos militares y policiales que estarían detrás de una pequeña pandilla delincuencial.

Para no pocos salvadoreños el actual cerco les recuerda los operativos de tierra arrasada que lanzaba el Ejército contra la guerrilla, durante la guerra civil que escaló en la década de 1980. Ahora, bajo el estado de excepción se impusieron cercos a municipios y ciudades, pero esta es la primera vez que se cierra un departamento.

El estado de excepción está vigente desde marzo de 2022, fue aceptado por un parlamento y una justicia sometidos a la voluntad del presidente. En ese lapso se detuvo y encarceló a más de 70 mil personas, alojadas en cárceles de alta seguridad donde su humanidad es sistemáticamente vulnerada, como atestiguan fotos y videos difundidos por el propio gobierno. Seis organismos de derechos humanos difundieron un informe en el que aseguran que este estado policial ha dejado 5 mil 490 víctimas de violaciones a derechos humanos, en apenas 15 meses, a razón de 12 violaciones por día.

Se trata de detenciones arbitrarias, amenazas, lesiones, agresiones y violaciones sexuales, sumadas a la muerte de 173 personas bajo custodia del Estado. El gobierno está en plena escalada. Una reciente reforma judicial habilita juicios masivos a grupos de hasta 900 personas, lo que anula las garantías jurídicas mínimas.

Un editorial de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (Arpas), basado en un informe del diario El Faro, asegura que el gobierno de Bukele negocia reducción de homicidios y apoyo electoral para el partido Nuevas Ideas a cambio de beneficios para pandilleros y sus familias. Agrega que algunos analistas consideran que el pacto de Bukele con las maras no es como las treguas en gobiernos anteriores, y podría tratarse de una alianza estratégica para la gobernabilidad (Arpas, 4/22).

El Faro asegura, con base en documentos oficiales, que Bukele lleva años negociando con la Mara Salvatrucha 13 (MS-13) el apoyo electoral a su candidatura, liberando a líderes pandilleros ( El Faro, 3/9/20). Estas alianzas son habituales en todo el mundo y, en efecto, son creadas con doble objetivo: estabilizar la gobernabilidad y destruir a las organizaciones de la sociedad, siendo este objetivo quizá el más apreciado por los gobiernos actuales.

En un periodo de levantamientos y revueltas populares en toda América Latina, azuzar a la delincuencia organizada contra los pueblos que luchan, parece ser un excelente negocio para los de arriba. Es muy probable que el gobierno de Lasso en Ecuador y los gobiernos mexicanos que lanzaron la guerra contra las drogas, hayan tenido y tengan aún ese tipo de acuerdos con la delincuencia, aunque mejor protegidos de la difusión mediática.

La militarización y el ataque contra los pueblos persiguen liberar territorios para que el capital pueda convertir los bienes comunes en mercancías. En El Salvador, Cabañas ha sido el epicentro de la resistencia a la minería trasnacional y una región de interés para las grandes empresas que buscan explotar oro y plata. Entre 2000 y 2017, empresas canadienses y australianas se toparon con la oposición de las comunidades afectadas.

En Cabañas los líderes comunitarios denuncian persecución, amenazas, hostigamiento judicial y vigilancia. Varios dirigentes fueron asesinados y encarcelados en los últimos años. Se puede concluir que el cerco a Cabañas busca debilitar la resistencia de las comunidades, que tienen muy claro que la minería terminaría por asestar un golpe definitivo a su sobrevivencia, porque la crisis hídrica que afecta a toda América Central se agrava en El Salvador.

En el Corredor Seco Centroamericano se suceden largas sequías, tormentas y fuertes diluvios que profundizan la pobreza al afectar los ciclos productivos de la tierra. Casi 70 por ciento del territorio salvadoreño sufre sequía alta o severa. Los migrantes de esa región poblada por 10 millones de personas, pueden ser considerados refugiados climáticos.

Bukele está cerrando el círculo de la guerra de despojo contra los pueblos: engendró un Estado policial, militarizó amplias regiones del país, desplaza poblaciones y abre nuevos territorios a la acumulación por despojo. Un país convertido en campo de concentración, que las otras clases dominantes desean imitar.