Atemperados los ánimos por aumentar la edad para que los franceses puedan acceder a una pensión laboral, todavía por debajo del promedio de los países de la Unión Europea, ahora un hecho particular detonó las protestas. Como dieron cuenta abundantemente los medios, el 27 de junio, Nahel Merzouk, un joven de 17 años de edad, originario del norte de África, perdió la vida por la reacción exagerada de un policía en Nanterre, al noroeste de París.

La violencia multitudinaria sobrevino enseguida. En una semana de acciones al alza, según recuento global, los incendios afectaron a 150 alcaldías y 250 estaciones de policía, además de escuelas, clínicas y bibliotecas, todas instituciones representativas del Estado francés, el Leviatán, como lo calificaba Thomas Hobbes.

Ese hecho, reprobable en sí mismo, puso a prueba la gobernabilidad y el orden de amplias franjas del país, una escalada que por fin encontró una pausa tras los llamados al orden y la civilidad, patentizando al mismo tiempo su solidaridad, de un líder inusitado de opinión, el destacado futbolista Kylian Mbappé.

En un recuento y análisis somero de los hechos, el resentimiento de los jóvenes por el deterioro del poder adquisitivo de su salario en sus primeros empleos y, de manera especial, la insuficiente integración social y económica de quienes tienen ascendencia de las que fueran colonias del imperio francés en el otro lado del Mediterráneo incendiaron la pradera. Había causas sociales de fondo: un estudio de 2017 reveló que los jóvenes árabes o negros son alrededor de 20 veces más susceptibles de ser detenidos por la policía que los franceses blancos.

No es fortuito. Hay una parte significativa de la población de Francia que no reconoce que tiene décadas de ser un país multiétnico, multirracial y plurirreligioso, y que, en los hechos cotidianos, trata como extranjeros a quienes no responden al fenotipo europeo, a pesar de ser tan franceses como ellos. Es justamente la clientela electoral de los Le Pen.

Los marginados reaccionan, y en ocasiones, como las protestas por la acción policiaca desmesurada, lo hacen violentamente. Son millones de personas que no se sienten genuinamente representadas en la sociedad y la economía francesas. En el país cuna de las libertades fundamentales de la mujer y del hombre siguen persistiendo graves asignaturas pendientes en materia de derechos humanos.

La vida cotidiana de los jóvenes de las protestas está marcada por la experiencia del racismo y, consecuentemente, sienten que no pueden tener la misma identidad que quienes les estigmatizan.

Pero la legitimidad, o cuando menos la explicación sociológica del origen del resentimiento social, no niega el hecho crudo de que los embates a la República francesa y sus instituciones torales, lejos de auspiciar un cambio social hacia adelante, hacia la igualdad racial y la equidad social, irónica y paradójicamente le están abriendo las puertas del poder a la ultraderecha.

No hay personaje que más haya festinado y usufructuado las protestas, tanto en lo relativo a la reforma al sistema de pensiones como a los disturbios por la agresión al joven, que Marine Le Pen, líder de la formación de extrema derecha francesa Agrupación Nacional, al darle los elementos para denostar a las instituciones republicanas, forjadas por las fuerzas de centro-izquierda, en distintas entrevistas con medios nacionales e internacionales.

Se trata de una ultraderecha antinmigrante y autoritaria que ya fue segundo lugar en el proceso de relección de Macron y que ya gobierna en múltiples ciudades y provincias, gracias a que, en la última década, una parte importante de la derecha moderada y democrática se ha aliado con la extrema derecha neofascista.

El llamado tercer nivel de gobierno de los estados federales, como en Francia, Estados Unidos y México, es el primer contacto entre la ciudadanía y la autoridad constituida, nivel que ahora en aquel país está infestado por la presencia de la extrema derecha. Una presencia que permite a la derecha gobernar con apoyo económico de la oligarquía local, a cambio de aceptar recortes en las políticas sociales, de género, antirracistas, educativas.

Se trata de un crecimiento inusitado y admitido por el propio presidente en funciones, para quien ya no se descarta que de los gobiernos locales el neofascismo transite a los poderes federales.

En suma, sin negar legitimidad a las protestas sociales y generacionales en Francia, primero la crisis de las pensiones y luego el estallido de los jóvenes, las fuerzas progresistas de Francia deben estar alerta para no permitir que a la postre sea la extrema derecha, un amasijo de integristas, racistas y clasistas, quien capitalice y usufructúe una lucha con móviles muy diferentes.

* Presidente de la Fundación Colosio