Un curioso silencio hay en estos días por parte de los gobiernos nacional y bonaerense en torno a quién es Ulpiano Martínez, el fiscal federal de Bahía Blanca a cargo de la causa por “desaparición  forzada” de Facundo Astudillo Castro, sobre quien ya pesa un pedido formal de la querella para que se lo aparte del expediente.

Pero alcanza con rastrear un poco para encontrar innumerables documentos (de hace un mes o de hace diez años) que pintan de cuerpo entero al funcionario judicial. Un verdadero prontuario.

Vale recordar que hace pocos días Cristina Castro, la madre del joven de Pedro Luro, le hizo una dura exigencia (a través de un video) a la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic, donde hace una mención especial al fiscal. Además de afirmar que viene “sufriendo noticias falsas que salen del expediente que supuestamente está reservado”, Castro le pide a Frederic que, “si quiere cumplir con lo que le exige la ONU, traiga a Bahía Blanca gente de su confianza”, desplace a la delegación de la Policía Federal de esa ciudad y haga lo posible para correr “al fiscal Ulpiano Martínez, quienes deberían estar investigando y no lo están haciendo”.

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El problema no es la coherencia histórica de Martínez, siempre relacionado con el poder político y económico y siempre a favor de la impunidad de los genocidas (al punto de ser un obstaculizador serial de causas, con particular dedicación a salvar a civiles protagonistas de la dictadura cívico-militar-eclesiástica). El problema es que desde las altas esferas gubernamentales ahora se deposite la confianza en él, como representante de “la Justicia”, para “investigar” qué pasó y dónde está Facundo.

Frondoso prontuario

Santiago Ulpiano Martínez debutó como funcionario judicial en en 1981, plena dictadura. Desde entonces escaló posiciones bajo el ala del ex juez federal de Bahía Blanca Luis Balaguer, quien terminaría preso por estafas y falsificaciones de documentos.

Entre 2009 y 2015 Martínez subrogó en dos juzgados federales bahienses, período en el que actuó en varias causas sensibles y cosechó fuertes cuestionamientos por parte de sobrevivientes del genocidio y de organizaciones de derechos humanos, incluyendo a actuales referentes y funcionarios del arco oficialista.

En abril de 2010 tuvo en sus manos la posibilidad de permitir la extradición del desaparecedor Alfredo Astiz para que fuera juzgado en Francia por los casos de las monjas desaparecidas Leónie Duquet y Alice Domon. El pedido lo había realizado el Estado español. Martínez se negó al pedido, en una clara defensa judicial del genocida.

Ese mismo año la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo cuestionó en Twitter, no solo por lo de Astiz sino por haber fallado a favor del Grupo Clarín respecto a medidas cautelares relacionadas a la Ley de Medios.

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Pero si hay algo que Martínez tiene es coherencia. Porque también fue garante de la impunidad del excapellán del V Cuerpo del Ejército Aldo Vara, quien en los Juicios por la Verdad de 1999 reconoció haber estado en el centro clandestino de detención La Escuelita y haber “confesado” a exalumnos suyos detenidos, torturados y al borde de la muerte. El favor a los genocidas, pasando información arrancada en esas confesiones, recibiría el reconocimiento del juez Martínez.

En 2013, antes de apartarse de la causa, permitió que Vara se fugara a Paraguay al dilatar in eternum el expediente con un consciente rechazo al pedido de detención del cura realizado por la Fiscalía. Cuando Interpol encontró al cura genocida en Ciudad del Este en 2014 ya era tarde. Al poco tiempo murió. Impune.

Una actitud similar adoptó en 2014 cuando demoró, también in eternum, el llamado a declaración indagatoria de Vicente Massot, entonces dueño del diario La Nueva Provincia, el órgano de propaganda de la dictadura en la región bahiense. El empresario ligado a la Armada estaba imputado en la causa en la que se investigaban los asesinatos de los obreros gráficos de su diario Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

Al igual que en el caso Vara, Ulpiano Martínez terminó apartándose de la causa no sin antes dejar la instrucción a medio camino, impidiendo que las querellas pudieran ver a Massot en el banquillo de acusados.

Por si fuera poco, el hoy fiscal federal se negó por esos años a investigar un total de 70 delitos sexuales cometidos como parte del plan sistemático de exterminio en el V Cuerpo. La excusa, con una alta carga de violencia machista, era que esos delitos no encuadraban en la categoría de “lesa humanidad”.

Ese mismo año 2014, en la megacausa V Cuerpo del Ejército donde se juzgaban crímenes contra 750 víctimas con un centenar de imputados, Martínez desarrolló una burda maniobra (con la ayuda invaluable del entonces camarista Néstor Montezanti), que permitió desplazar al juez Álvaro Coleffi, quien estaba avanzando en la investigación de las complicidades civiles.

El argumento utilizado por el juez Martínez era que Coleffi filtraba escuchas de una causa por narcotráfico, el recordado caso Suris, para darle “primicias” al medio bahiense La Brújula (al mismo que hoy denuncia la querella por publicar datos del caso Astudillo Castro con la connivencia de Martínez).

Recientemente se comprobó que Ulpiano Martínez había direccionado la investigación contra su colega Coleffi sin tocarles un pelo a los policías bonaerenses intervinientes en el caso Suris ni a los espías que podrían haber filtrado también las escuchas que se difundieron por muchos medios.

Las andanzas de Ulpiano Martínez y su socio Néstor Montezanti permitieron, entre otras cosas, dejar impunes a la familia Massot, a Hugo Sierra (exsecretario del juez genocida Guillermo Madueño) e incluso a Guillermo Garlatti, el exarzobispo de Bahía Blanca encubridor y hasta sostén financiero del cura Vara cuando estaba prófugo.

Montezanti terminó renunciando a su cargo de camarista y hasta fue indagado por sus actividades como miembro de la Triple A y personal del terrorífico Batallón de Inteligencia 601 del Ejército durante la dictadura. E incluso fue investigado por la infiltración, en 2014, de un policía bonaerense en la Universidad Nacional del Sur para espiar a docentes y estudiantes que peleaban contra su impune permanencia como docente de Derecho.

Denuncias sin éxito

La esmerada construcción de un frondoso prontuario le valió a Ulpiano Martínez un pedido colectivo de sobrevivientes, familiares de víctimas y organismos de derechos humanos al Consejo de la Magistratura para que lo destituyera. Sobraban las pruebas para considerarlo, desde una posición estratégica en el Poder Judicial, un favorecedor de impunidad.

Entre los firmantes de la presentación se encontraban la agrupación H.I.J.O.S local, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y diputados como el del Frente para la Victoria Horacio Pietragalla, hijo de desaparecidos y actual secretario de Derechos Humanos de la Nación. Finalmente en 2015 el Consejo de la Magistratura resolvió no ratificar a Martínez en el cargo subrogante de Bahía Blanca.

Al funcionario se le había abierto, a su vez, una causa penal motorizada por el propio Ministerio Público Fiscal por los delitos de “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Un causa que nunca tuvo resolución y mucho menos le impidió volver al ruedo en los juzgados bahienses.

En 2018, pese a las impugnaciones presentadas por organizaciones y referentes del movimiento de derechos humanos, el Senado designó (a sugerencia del Gobierno de Mauricio Macri) a Ulpiano Martínez al frente de la Fiscalía Federal N° 2 de Bahía Blanca. Desde allí hoy “investiga” la más que probable desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro a manos de una patota de la Policía Bonaerense.

La carta de impugnación difundida en aquella oportunidad por las Abuelas de Plaza de Mayo resultó premonitoria. El texto, firmado por Estela de Carlotto y dirigido a los senadores que debían decidir si encumbrar o no a Martínez, decía: “su designación como fiscal federal será un claro retroceso en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia contra los crímenes del terrorismo de Estado”.

En manos de la ¿Justicia?

Desde el 8 de julio, cuando tras 70 días de “investigación” a cargo de la Bonaerense el Poder Judicial provincial se declaró “incompetente”, a Ulpiano Martínez le quema en las manos la causa por “desaparición forzada” de Facundo. Y desde esta semana también pesa sobre él un pedido de la querella para que se aparte de la causa y no siga favoreciendo a la fuerza sospechada.

Lo (al menos en apariencia) curioso es que el prontuario de Martínez no sea una excusa más que suficiente para que se levanten con fuerza las mismas voces que se levantaron con razón hace años contra las impunidades del exjuez y actual fiscal federal. Llama la atención que muchos, tal como lo pide la familia y sus abogados, en lugar de apuntar los cañones contra el garante de impunidad más bien parezcan debatirse entre el silencio o el “dejar hacer” a funcionarios judiciales comprometidos con la impunidad.

Este lunes el presidente Alberto Fernández habló del caso en el programa “Altavoz” de la Televisión Pública. Allí dijo que “el caso, puntualmente, hay que ver, exactamente, qué pasó. Es un caso que a todos nos preocupa, obviamente. Es la desaparición de una persona en democracia”.

Fernández también dijo que “con esto tenemos que ser muy severos, tenemos que ser inflexibles, tenemos que ser muy duros. No es posible que en plena democracia la violencia institucional se instale entre nosotros. Eso no es una buena idea, no nos pone felices”.

Y además afirmó que es necesario “buscar que la investigación se haga como corresponde. Hoy en día ese tema lo tiene la Policía Federal y tenemos que buscar la manera de conocer la verdad. Y en eso tienen mi compromiso absoluto. No quiero vivir en un país donde estas cosas pasen, así que espero que se pueda descubrir lo que pasó”.

Una catarata de generalidades, supuestamente bienintencionadas, y una omisión preocupante del rol del fiscal Martínez. Nada que ayude a la familia de Facundo.

En la misma línea se expresó por estos días Horacio Pietragalla, el exdiputado denunciante de Martínez y actual Secretario de Derechos Humanos de la Nación. En diversas declaraciones periodísticas planteó que el Gobierno no va a “encubrir a las fuerzas de seguridad” y que “no habrá impunidad para nadie”. E incluso fue un poco más lejos, llegando a decir textualmente que hay que esperar para anticipar cualquier hipótesis ya que “el caso está en manos de la Justicia”.

Resulta, cuanto menos, peligroso igualar “Justicia” con “Ulpiano Martínez”. Porque si no se denuncia con todas las letras quién está al frente de la “investigación” del caso y si no se hace todo lo urgente y posible para apartarlo del expediente, más temprano que tarde quien gane será la impunidad.

Lo mismo podría decirse respecto a la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura. Las misma fuerzas federales que ejecutaron o encubrieron los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en épocas de Patricia Bullrich y acaban de aplicar el gatillo fácil contra Facundo Scalzo en el Bajo Flores, ¿pueden actuar en pos de la verdad y la justicia por Facundo Astudillo Castro?

Si Sergio Berni, con su manifiesta complicidad con los sospechosos de la desaparición de Castro, representa el “ala derecha” del Estado; su “ala izquierda” está integrada por un puñado de tímidas voces y un océano de silencios. Pero ninguna de las dos alas dejan de ser parte del Estado que hoy, a 82 días de haberse tenido la última señal de vida del pibe, sigue sin dar una respuesta a la altura de las circunstancias.

Ni un funcionario de primera línea ni, mucho menos, el Presidente pueden darse el lujo de mostrarse apenas “preocupados” porque Facundo no aparece. Ellos manejan el Estado y son responsables de dar las respuestas urgentes y necesarias a todas las preguntas que, a los gritos, formula la familia de Facundo.

Dejar que todas esas preguntas las responda el garante de impunidad Santiago Ulpiano Martínez es un invalorable servicio a la Policía Bonaerense y sus patotas criminales.

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