En las últimas semanas numerosos opositores acusaron a las autoridades de trabas burocráticas y persecución judicial para excluirles del proceso y limitar así el número de candidatos que se enfrentarán al actual mandatario Kaïs Saïed, aspirante a un segundo mandato de cinco años
Nueve aspirantes han sido detenidos en las semanas previas a las elecciones presidenciales
Durante el proceso de registro de candidaturas, potenciales aspirantes fueron detenidos o condenados mientras que a otros se les impidió obtener el certificado de antecedentes penales, imprescindible para registrar su candidatura. Es evidente que el presidente, Kaïs Saïed, que se otorgó poderes absolutos después de un “autogolpe” en el 2021, no quiere ningún rival de peso en los próximos comicios. Ahora bien, para ello ha tenido que forzar la máquina y ha provocado un conflicto institucional que ha erosionado su maltrecha legitimidad.
Diversas organizaciones sociales y políticas han emitido el siguiente comunicado:
En defensa del derecho a la democracia
y contra las elecciones presidenciales fraudulentas
Habiendo tomado nota de las decisiones del pleno del Tribunal Administrativo relativas a los litigios sobre las candidaturas a las elecciones presidenciales del 06 de octubre de 2024 y de la victoria del derecho a la competencia y del derecho de sufragio pasivo, y tras las declaraciones del Presidente de la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE) afirmando que el Consejo de su organismo examinará estas decisiones, evaluará su motivación y se basará en las sentencias de los tribunales penales para decidir si las aplica o no.
Basándose en lo que han podido saber sobre las relaciones de la Instancia Superior Independiente para las Elecciones con las asociaciones de observación electoral y las restricciones y retrasos en la concesión o denegación de acreditaciones
Constatando que los y las profesionales de los medios de comunicación son objeto de presiones, acoso, injerencias en sus líneas editoriales y ataques a la independencia de sus estructuras editoriales en su cobertura de las elecciones
Defendiendo los valores del Estado de derecho y el derecho a unas elecciones presidenciales pluralistas que garanticen las condiciones mínimas de integridad y transparencia:
Denunciamos la decisión de la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE) como una infracción de la autoridad del Tribunal Administrativo y una violación de la ley.
Apreciamos el respeto de la independencia y el triunfo de los valores del Estado de derecho demostrados por el pleno del Tribunal Administrativo y sus jueces, y hacen un llamamiento a todos los jueces para que sigan este ejemplo cuando examinen diversos litigios -en particular aquellos en los que estén sometidos a presiones políticas- con el fin de proteger los derechos y las libertades e impedir cualquier utilización del poder judicial en litigios políticos.
Llamamos la atención sobre el hecho de que la ley electoral confiere competencia exclusiva a los tribunales electorales, representados por las salas de apelación del Tribunal Administrativo como tribunales de primera instancia y por el pleno judicial del Tribunal Administrativo como tribunales de apelación, para los litigios relativos a las candidaturas a las elecciones presidenciales, y estipula explícitamente que las sentencias dictadas por el pleno son ejecutorias sin derecho a recurso y deben ejecutarse en el acta.
Destacamos que la no ejecución de las decisiones del pleno del Tribunal Administrativo relativas a las personas cuya inscripción en la lista definitiva de candidatos a las elecciones presidenciales ha ordenado no tiene fundamento jurídico y constituye un acto fuera del marco legal, constitutivo de falsificación sancionable.
Advertimos de la gravedad de los reiterados ataques a la libertad de los medios de comunicación y hacen un llamado a las autoridades públicas, incluido el Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE), para que respeten la libertad de los medios y el derecho a la información de los y las ciudadanos.as y se abstengan de aterrorizar a los periodistas mediante juicios penales y los efectos del infame Decreto 54.
Pedimos a la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE) que respete la ley y se abstenga de cualquier práctica que socava la transparencia y la integridad del proceso electoral, en particular impidiendo y acosando a los y las observadores.as electorales, contrariamente a lo que ha sucedido en anteriores elecciones democráticas.
Exigimos que se respete el derecho de los electores y las electoras tunecinos.as a elegir a sus dirigentes libres de cualquier manipulación o injerencia, y en contextos que garanticen la integridad, el pluralismo y la transparencia de las elecciones.
Apoyamos la lucha pacífica y democrática para defender el derecho a unas elecciones pluralistas, y denuncian el uso de la intimidación y los procedimientos penales al servicio de un candidato o para acosar a otros.
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Túnez: por el derecho a la democracia, contra las elecciones presidenciales fraudulentas