En un ataque directo contra los derechos democráticos de toda la clase trabajadora, el presidente Donald Trump amenazó el martes en su plataforma de redes sociales con “DETENER” unilateralmente toda financiación federal para “cualquier facultad, escuela o universidad que permita protestas ilegales”.

Ignorando la Primera Enmienda, Trump escribió:

Los agitadores serán encarcelados o enviados de manera permanente al país de donde vinieron. Los estudiantes estadounidenses serán permanentemente expulsados o, dependiendo del delito, arrestados.

Trump concluyó con un llamado a prohibir toda cobertura facial, escribiendo “¡NO MÁSCARAS!”. Con esta exigencia eugenésica, Trump sigue iniciativas legislativas recientes tanto de políticos republicanos como demócratas que buscan prohibir el uso de mascarillas en público, incluso cuando el COVID-19, el sarampión, la gripe y otros patógenos mortales continúan propagándose sin control en Estados Unidos.

Trump no tiene autoridad legal para obligar a universidades o escuelas a deportar o suspender estudiantes unilateralmente. La libertad de expresión, incluida la objeción a las políticas del gobierno de EE.UU., está protegida bajo la Primera Enmienda, incluso en universidades públicas.

Con su publicación, Trump se coloca por encima de la Constitución y la Carta de Derechos, y afirma poderes de estado policial para encarcelar y deportar a cualquier persona que exprese oposición pública contra él o su gobierno. Si Trump puede arrestar a ciudadanos estadounidenses y deportar con visas a estudiantes extranjeros que disientan, ¿qué le impediría aplicar estas medidas a cualquiera más, incluidos empleados federales que protesten contra despidos ilegales o trabajadores que hagan huelga contra reducciones salariales y la destrucción de sus beneficios sociales?

Trump se siente envalentonado para hacer estas amenazas exclusivamente debido al apoyo de facto que recibe del Partido Demócrata. Durante el primer año de protestas contra el genocidio, bajo la administración de Biden, más de 3.000 personas, incluidos estudiantes y docentes, fueron arrestadas en campus universitarios y escuelas por exigir el fin de la masacre.

El ataque bipartidista contra los derechos democráticos de la clase trabajadora en Estados Unidos ha sido reflejado por los aliados imperialistas de Washington en todo el mundo, que buscan reprimir la creciente oposición en amplios sectores de la población contra la guerra imperialista y la desigualdad.

Subrayando que la declaración de Trump está dirigida contra toda oposición pública al régimen sionista en Israel, que actúa como un bastión del imperialismo estadounidense en Medio Oriente, la nominada de Trump para embajadora en la ONU y actual representante de Nueva York, Elise Stefanik, compartió la publicación de Trump el martes y escribió: “Bajo [Trump], las universidades y facultades rendirán cuentas”.

Stefanik, equiparando falsamente la oposición a un gobierno de apartheid fascista que lleva a cabo genocidio y limpieza étnica contra los palestinos con el odio hacia el pueblo judío, escribió: “El antisemitismo y el odio antiisraelí no serán tolerados en las universidades estadounidenses. Promesas hechas, promesas cumplidas”.

En 2023, Stefanik encabezó la caza de brujas contra presidentes de universidades como Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Pensilvania y otras instituciones cuya comunidad estudiantil organizó protestas y campamentos en oposición al genocidio. Aunque se presenta como la máxima defensora del pueblo judío, Stefanik es una ferviente promotora de la teoría supremacista y antisemita del “Gran Reemplazo”, la cual ha inspirado múltiples atentados fascistas en EE.UU. e internacionalmente.

A pesar de su promoción de teorías conspirativas racistas, Stefanik fue invitada al evento “Never is Now” de la Liga Antidifamación, celebrado en Nueva York los días 3 y 4 de marzo. Aunque fue abucheada por afirmar que Trump habría prevenido el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, la Jewish Telegraph Agency informó que recibió “mayoritariamente vítores” cuando alabó el historial de Trump respecto a Israel, desde elogiando su propuesta de deportar a estudiantes antiisraelíes hasta prometiendo “desmantelar” la agencia de ayuda de la ONU para los palestinos.

Subrayando que los comentarios de Trump no son solo amenazas vacías, sino la política de su administración, un día antes de su publicación, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr., y la recién confirmada secretaria de Educación, Linda McMahon, emitieron una declaración titulada, en parte, “Medidas adicionales para acabar con el acoso antisemita en los campus universitarios”.

Apuntando contra la Universidad de Columbia, que ya ha expulsado a tres estudiantes por participar en protestas contra el genocidio, la declaración anunció “una revisión exhaustiva de los contratos y subvenciones federales de Columbia en el marco de investigaciones por posibles violaciones del Título VI de la Ley de Derechos Civiles”.

Añadió:

Dado que Columbia sigue sin actuar ante el acoso implacable contra los estudiantes judíos, el Grupo de Trabajo del Gobierno Federal para Combatir el Antisemitismo está considerando órdenes de suspensión para $51,4 millones en contratos entre Columbia y el gobierno federal. El grupo de trabajo también llevará a cabo una revisión integral de los más de $5.000 millones en subvenciones federales comprometidas con Columbia para garantizar que la universidad cumpla con las regulaciones federales, incluidas sus responsabilidades en materia de derechos civiles.

Kennedy, un fanático antivacunas responsable de fomentar una plaga, escribió: “El antisemitismo, al igual que el racismo, es una enfermedad espiritual y moral que enferma a las sociedades y mata a las personas con letalidades comparables a las plagas más mortales de la historia”. Kennedy es un sionista acérrimo, pero esto no le impidió afirmar anteriormente que el COVID-19 fue diseñado genéticamente en un laboratorio chino para no afectar a judíos y chinos.

Utilizando una mezcolanza de palabras de moda de la derecha para inventar una falsa narrativa de que las universidades americanas se han convertido en caldo de cultivo para el antisemitismo, Kennedy afirmó que la «censura» y las «falsas narrativas de la cultura de la cancelación despertada» habían «transformado nuestras grandes universidades en invernaderos de esta mortífera y virulenta pestilencia».

McMahon pintó de forma similar un cuadro de las universidades americanas que pretendía invocar a la Alemania de los años 30, declarando:

Los estadounidenses llevan más de un año viendo con horror cómo se agrede y acosa a estudiantes judíos en los campus universitarios de élite. Las acampadas y manifestaciones ilegales han paralizado por completo el funcionamiento cotidiano de los campus, privando a los estudiantes judíos de las oportunidades de aprendizaje a las que tienen derecho.

Amenazando con suspender la financiación a Columbia, McMahon concluyó:

Las instituciones que reciben fondos federales tienen la responsabilidad de proteger a todos los estudiantes de la discriminación. La aparente incapacidad de Columbia para cumplir su parte de este acuerdo básico plantea cuestiones muy serias sobre la idoneidad de la institución para seguir haciendo negocios con el gobierno de Estados Unidos.

Dado que el bloqueo y la hambruna deliberada contra los palestinos en Gaza se han reanudado —un crimen de guerra—, las protestas contra el apoyo de EE.UU. a Israel y la limpieza étnica en Gaza y Cisjordania continuarán. El martes, manifestantes se reunieron fuera de Columbia para protestar un evento con el ex primer ministro israelí Naftali Bennett, quien previamente afirmó: “He matado a muchos árabes en mi vida y no hay problema con eso”.

Sin embargo, como han demostrado 17 meses de genocidio, las protestas, por sí solas, no bastan para detener la masacre ni para proteger los derechos democráticos de los estudiantes. En una declaración publicada ayer, los Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (International Youth and Students for Social Equality; IYSSE) exigió la reinstalación de los estudiantes expulsados de Columbia y llamó a “la formación de comités de base en todos los centros de trabajo, como parte de la Alianza Internacional de Trabajadores de Base, para conectar la lucha por los derechos de los trabajadores con la oposición al genocidio, la guerra y la dictadura”.

Y concluyo:

La defensa de los derechos democráticos y la oposición a la guerra sólo pueden tener éxito mediante la movilización de la fuerza social capaz de desafiar a la clase dominante capitalista: la clase obrera internacional. Esto requiere una ruptura política con los partidos Demócrata y Republicano, que, a pesar de sus diferencias fraccionales, están unidos en su apoyo al genocidio, la guerra y la dictadura.

(Artículo originalmente publicado en inglés el 4 de marzo de 2025)