El Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad con el Genocidio Palestino en el Estado español (TPCGP-25) cerró este sábado en Madrid su primera sesión pública con una resolución final que denuncia la responsabilidad política, económica, cultural y mediática de numerosos actores españoles en el sostenimiento de la ocupación, el apartheid y la destrucción sistemática de Palestina.

El foro, independiente y autónomo, convocado por la Red Universitaria por Palestina (RUxP), reunió durante el 28 y 29 de noviembre a 220 personas en la Facultad de Políticas y Sociología de la Universidad Complutense.

Presidido por Rabab I. Abdulhadi (Universidad San Francisco), Luz Gómez (UAM) y Raji Sourani (Centro Palestino para los Derechos Humanos), el Tribunal ha examinado informes que superan las 600 páginas, además de decenas de testimonios y documentación aportada por colectivos, organizaciones y campañas de la sociedad civil. El objetivo: analizar, desde el derecho internacional y la ética pública, la posible complicidad del Estado español y de instituciones bajo su jurisdicción en crímenes que abarcan desde la ocupación y el apartheid hasta el actual genocidio.

Un entramado “estructural, profundo y sistémico”

La resolución final —la “Declaración de Madrid”— concluye que el Estado español lleva décadas colaborando con la política colonial israelí —“con la ocupación, el apartheid, la Nakba permanente y con el genocidio en último término”—, pese al conocimiento pleno de las ilegalidades y crímenes de guerra cometidos por Israel. Según el Tribunal, los sucesivos gobiernos no han adoptado las medidas necesarias para suspender relaciones económicas o diplomáticas ni han impuesto sanciones exigidas por el derecho internacional.

Uno de los casos señalados es el ataque contra la Global Sumud Flotilla, donde 49 personas con pasaporte español fueron secuestradas y deportadas por Israel. El documento sostiene que el Gobierno español “abandonó su obligación legal de proteger los derechos de sus ciudadanos”.

El TPCGP-25 apunta también a la “simbiosis estatal-corporativa” entre instituciones públicas y empresas vinculadas a la industria bélico-policial-securitaria, que alimenta una red de intereses compartidos con el Estado israelí. Esta colaboración, afirman, sostiene la producción de armamento, tecnología de vigilancia y proyectos estratégicos que benefician a corporaciones implicadas en la ocupación.

Puertos, banca, empresas y universidades

La resolución documenta múltiples ámbitos de complicidad. Desde los puertos del Estado español —como Algeciras, València, Barcelona, Cartagena o Rota— que se han convertido en “nodos logísticos” de rutas regulares que abastecen al ejército israelí; pasando por la “Banca Armada”, con entidades como Santander, BBVA, Caixabank o Ibercaja, que desempeñan un “papel clave” en la financiación de armas utilizadas en Gaza y Cisjordania.

También señalan a constructoras y empresas energéticas españolas que participan en proyectos en territorios ocupados que vulneran el derecho internacional. Del mismo modo, advierten que el sector tecnológico español depende de tecnología israelí —directa o indirectamente—, consolidando su papel en sistemas de ciberseguridad utilizados para sostener el apartheid.

En el ámbito sanitario, el Tribunal denuncia el silencio de colegios profesionales y sociedades científicas, así como la relevancia del gigante farmacéutico TEVA. En el ámbito académico, critican que numerosas universidades mantienen colaboraciones, convenios y proyectos de investigación —incluyendo tecnología de doble uso— con instituciones israelíes.

Medios, cultura y deporte: una legitimación estructural

El Tribunal sostiene que los medios de comunicación en el Estado español “no son espectadores” sino “actores estructurales del genocidio” que construyen narrativas que deshumanizan al pueblo palestino y blanquean las políticas del sionismo. En este sentido, remarcan que la cobertura mediática de Gaza en 2023–2025 “muestra enfoques y posiciones políticas de complicidad con el genocidio presentadas frecuentemente como ‘neutrales”.

También identifica una red cultural que legitima la ocupación mediante la promoción de Israel en instituciones y eventos culturales, y un entramado deportivo donde destacan la “inversión de capital israelí o sionista en clubes —como el Atlético de Madrid o el Movistar Team—, en retransmisiones deportivas por empresas cercanas a Netanyahu —como DAZN— o la compra de tecnología israelí por organismos como La Liga o el FC Barcelona”.

Continuar el trabajo

El TPCGP-25 afirma que su resolución emana de la “conciencia colectiva” como “un instrumento indispensable frente a la impunidad” y se compromete a prolongar el proceso de investigación, denuncia y memoria.

En palabras de la presidencia: “Nuestra tarea es crear conocimiento, y ningún conocimiento es neutral. Creemos conocimiento por y para la justicia”, apuntó Rabab I. Abdulhadi. “Palestina ha renacido de sus cenizas tras Karameh, Beirut y Oslo. Lo hará tras Gaza”, señaló Luz Gómez.

Por último, el Tribunal llama a la sociedad civil a seguir documentando y actuando frente a la impunidad, especialmente en un contexto donde los mecanismos institucionales son “insuficientes o demasiado lentos para responder a la gravedad de los hechos”.

Más información y materiales: https://tribunaldelospueblos.org/ // https://www.youtube.com/@RUxP2024 // www.redxpalestina.org // https://x.com/RedxPalestina. Más noticias sobre el genocidio en Palestina en este especial.