Fuente: https://www.elconfidencial.com/economia/2020-02-11/tribunal-cuentas-informe-demoledor-ayudas-carbon_2449263/
El Tribunal de Cuentas hace un informe demoledor sobre las ayudas al carbón
Las ayudas al carbón han sido un pozo sin fondo. Así lo revela el informe del Tribunal de Cuentas sobre las subvenciones a la minería. Irregularidades, ineficiencia, ocultación…
El informe del Tribunal de Cuentas no deja lugar a dudas. Y refleja con una contundencia inusual el descontrol en las ayudas a la minería del carbón entre 2006 y 2017. En total, 1.786 millones de euros que se han movido de forma “ineficiente”, “irregular”, “discrecional” o, incluso, de forma opaca. En todos los casos, al margen de las mínimas normas de contabilidad pública. De esa cantidad, 1.105 millones de euros fueron destinados a infraestructuras y 681 millones a proyectos empresariales “sin que se elaboraran estudios, análisis o memorias que facilitasen información sobre el impacto de los fondos aplicados”.
El documento se refiere a los diferentes planes de reindustrialización alternativos al carbón aprobados durante ese periodo, y que, según el órgano fiscalizador, “carecían de los elementos esenciales para poder surtir los efectos estratégicos, ya que no se habían definido objetivos ni indicadores para realizar un seguimiento de los progresos conseguidos con ellos, ni se cuantificaba el impacto que se esperaba lograr”.
Es más, sostiene el informe, las deficiencias en la preparación de los planes del carbón se tradujeron en la inclusión en ellos de medidas que “no tuvieron virtualidad alguna, ya que no se concretaron en ninguna actuación, ni tampoco implicaron la ejecución de recursos presupuestarios, como fue el caso de las medidas previstas para restaurar el medio ambiente y la seguridad minera”.
El Tribunal de Cuentas se refiere al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, que era el encargado de gestionar los fondos públicos pese a que carecía de medios técnicos y humanos suficientes para gestionar tantos cientos de millones de euros.
Carácter no técnico
El origen de las ayudas durante ese periodo se encuentra en un real decreto aprobado en 2007, época de Joan Clos como ministro de Industria, y cuyos procedimientos, en opinión del tribunal, tenían ya “lagunas significativas” en aspectos que afectaban al control interno, lo que explica que varias subvenciones concedidas hayan sido objeto de procesos judiciales penales. Máxime cuando en las mesas regionales de la minería, que era donde se adjudicaban los proyectos, no había representación del instituto público, pese a que este era quien los financiaba. Esas mesas, dice el informe, carecían de límite cuantitativo, lo que, unido a su carácter no técnico, “incrementaba el riesgo de que las propuestas no se ajustaran a criterios de eficacia y eficiencia”.
El Tribunal de Cuentas pone como ejemplo la inexistencia de exámenes de viabilidad de las actuaciones a financiar, pero es que tampoco se fiscalizó si en la selección de las transferencias se tuvieron en cuenta ayudas previas en la ejecución de la misma infraestructura. Es decir, si se cobraba dos veces o más por el mismo proyecto. Igualmente, tampoco se concretó la documentación técnica a aportar en relación con cada proyecto.
Entre las “múltiples deficiencias” se destaca el excesivo grado de discrecionalidad en la política de subvenciones, lo que unido al hecho de que el instituto para la reestructuración de la minería renunciara a las labores de comprobación e inspección, alimentó ese descontrol.
Entre las irregularidades se encuentra la existencia de obras subvencionadas que se ejecutaron sobre terrenos de los que el ayuntamiento beneficiario “no era propietario”, lo que incumplía uno de los requisitos para obtener la subvención. Y se pone como ejemplo un caso en el que se descubrió la adquisición, financiada con cargo a las subvenciones de infraestructuras, por un ayuntamiento de un inmueble a una institución sin fin de lucro ajena al sector público. Esta operación, según el Tribunal de Cuentas, supuso un triple incumplimiento de la contabilidad pública.
El polígono fantasma
En otros casos, dice el informe, no coincidía el objeto o el proyecto de algunos convenios con lo realmente ejecutado de acuerdo con la justificación aportada, o bien el objeto del convenio no estaba comprendido en el ámbito objetivo de las actuaciones a financiar. En este caso, se ponen como ejemplo varias subvenciones al municipio de La Robla (León) para financiar un polígono industrial sin que se haya podido individualizar las ayudas, ni siquiera en el momento de hacer las auditorías.
El descontrol también afectó a las entidades sin fines de lucro que colaboraron y que se beneficiaron de los proyectos mineros. Y, en concreto, se afirma que las subvenciones se utilizaron, en ocasiones, para la provisión de bienes y servicios en favor de beneficiarios que concurrían con otros, lo que “pudo otorgarles una cierta ventaja competitiva”.
Según el informe, en algunos casos no coincidía el objeto o el proyecto de algunos convenios con lo realmente ejecutado según la documentación
El caso más llamativo es el de la residencia de mayores La Minería, cuya financiación integral corrió a cargo del instituto minero. La explotación de esta residencia se subcontrató al 100% sin que esa operación estuviera autorizada. Y lo que es más singular, la selección de la empresa que ejecutó las obras de construcción, que se ha relacionado con el exdirigente minero de UGT José Ángel Fernández Villa, “tuvo lugar nueve meses antes de que se firmara el convenio de concesión de la subvención”, dándose la circunstancia de que ese procedimiento de selección no cumplía “ninguno de los requisitos” fijados en la ley. Es más, el convenio fue suscrito con una entidad que tenía vedada la actividad objeto de la subvención en su condición de montepío.
El Tribunal de Cuentas denuncia, en concreto, que el beneficiario no ostentaba la titularidad de los terrenos donde se asentaba la residencia, carecía de licencia de obra y los terrenos donde se edificó la residencia tenían la calificación urbanística de “rural de uso agropecuario”, lo que impedía iniciar actuaciones de construcción. El informe estima que los costes de construcción de la instalación por residente y por metro cuadrado construido fueron, en comparación con otras infraestructuras similares promovidas por entes públicos, un 31% y un 61% superiores en esta obra, respectivamente. Fernández Villa, como se sabe, fue condenado años más tarde a tres años de cárcel por apropiación indebida.
Un último párrafo lo resume todo: “Del análisis realizado sobre los datos demográficos y las estadísticas industriales o empresariales del Principado de Asturias, León y Teruel [donde llegaron los fondos públicos] se llega al resultado que el número de sociedades que se constituyeron por habitante es menor en las comarcas mineras que en las no mineras”.