En España, las víctimas mortales del Covid-19 son, principalmente, personas de edad avanzada en residencias de ancianos. A fecha de 29 de abril, más de 16.200 mayores habían sucumbido al virus, casi el 70% de las muertes de la epidemia en la península. A este ratio, que aumenta día a día, se ha añadido desde finales de marzo una avalancha de horribles testimonios.

Residentes abandonados por el personal, cuidadores dejados sin instrucciones ni equipo de protección, ancianos descubiertos en sus camas varios días después de su muerte, otros que huyen para evitar la epidemia… « Es una atrocidad. Fue una carnicería », declara a Mediapart Raúl Camargo, ex diputado regional de Podemos que el año pasado presentó un proyecto de ley regional para mejorar la atención en las residencias de mayores. El texto fue rechazado por la Asamblea de Madrid.

En España, el 75% de las residencias de ancianos son de propiedad privada. Para suplir la falta de plazas públicas, el Estado, a través de las diecisiete regiones con competencia en esta materia, delega la gestión de las plazas o de centros completos a operadores privados. Tres de los cuatro mayores actores que han invertido en este sector pertenecen, total o parcialmente, a grupos o fondos de inversión franceses. Por orden de importancia: DomusVi, Orpea (propiedad de un fondo de inversión canadiense y de FFP, la compañía de inversiones de la familia Peugeot) y Amavir (propiedad de la familia Mulliez, que también es propietaria, entre otros, de Auchan y Leroy Merlin).

Según una investigación de nuestro socio editorial infoLibre, el grupo Orpea figura en la lista negra de residencias en Madrid. A 30 de marzo, de las quince residencias de ancianos más afectadas de la región, tres pertenecen a este grupo. También en la Comunidad de Madrid y en la misma fecha, siete centros de Amavir habían registrado, al menos, diez muertes cada uno. Pero es el grupo DomusVi, número uno en España con 138 residencias, la sociedad que se encuentra en el centro de todas las miradas desde el comienzo de la crisis.

En un artículo titulado « El ‘mapa de la muerte’ de la multinacional DomusVi », infoLibre detallaba, el 8 de abril, el funesto balance del grupo en España: ocho residencias con más de 150 muertos, índices de contagio de hasta el 90% y cinco centros intervenidos por los servicios sanitarios del Ejército a petición de las autoridades regionales para contener la epidemia. Un balance provisional e incompleto, ya que la empresa no ha facilitado el acceso a los datos oficiales de las personas que han muerto desde el comienzo de la crisis.

Dado que el virus es particularmente letal para los ancianos, puede parecer lógico a primera vista que este grupo, el mayor de España, se vea afectado por la pandemia. Pero los ratios de contaminación de algunos de sus establecimientos, las denuncias preliminares y los testimonios de las familias de los residentes y de empleados denunciando condiciones de vida y de trabajo indignas, indican más bien un problema sistémico.

DomusVi France -tercer actor nacional de Francia- es propiedad del fondo de inversión británico ICG y de Sagesse Retraite Santé, Holding y Family Office de Yves Journel, cuyo patrimonio personal casi se ha duplicado desde 2017 hasta alcanzar los 1.000 millones de euros. Este empresario del « oro gris », la 121º fortuna de Francia y fundador de la empresa original en Francia en 1990, ostenta actualmente un tercio de las acciones de la multinacional. Desde 2015, y con la adquisición del número 3 de las residencias en España, el grupo Geriatros, DomusVi ha seguido invirtiendo en el mercado de estos centros en todo el territorio español.

Este interés puede explicarse por los efectos combinados de la falta de oferta pública, la ausencia de reglamentación de las residencias y la creciente demanda de una población cada vez más envejecida. España es, de hecho, el país con la mayor esperanza de vida del mundo después de Japón. Interrogado por El Diario unos meses antes de la propagación de la pandemia, el profesor de economía Albino Prada definió el sector de la dependencia como « un mercado cautivo, subvencionado en parte por las finanzas públicas ». El caso de la DomusVi lo ilustra perfectamente: de las 138 residencias del grupo, casi el 65% se alimenta de fondos públicos.

El mercado español genera mucho dinero para los grupos franceses. En 2016, el año de su consolidación en España, Orpea vio aumentar su facturación en un 18,8%. Según la consultora DBK Inform, en 2018 el sector de las residencias de ancianos en España representaba unos 4.500 millones de euros, un 3,4% más que el año anterior.

Interrogados por Mediapart sobre los beneficios del grupo y la gestión de la crisis del Covid-19 por su filial española, el grupo DomusVi y el vehículo de inversión de Yves Journel, SRS, no quisieron expresarse.

Por su parte, las familias de los residentes consultadas por Mediapart evocan condiciones de vida indignas a pesar de que el coste medio mensual del alojamiento es de 2.000 euros. Caídas repetidas, personas dependientes abandonadas durante varios días sin moverse o ser cambiadas… La lista de quejas se basa esencialmente en la falta crónica de personal en las residencias.

« A medida que los beneficios de la empresa que gestionaba la residencia aumentaban, peor era el servicio. Pero fue claramente con DomusVi que todo fue a peor », asegura a Mediapart José Luis García, portavoz de la asociación de familias de residentes de la DomusVi en Alcoy, cerca de Alicante, refiriéndose a las sucesivas ventas de la residencia a grupos extranjeros. En este centro valenciano devastado por la pandemia, «70 ancianos de 134 residentes» han muerto por el virus, según el portavoz.

«Puertas giratorias» entre los sectores público y privado

Paulino Campos es el presidente de la federación REDE, que agrupa a diferentes asociaciones de familias de ancianos en Galicia, una región del noroeste donde, por razones históricas, el grupo está muy bien implantado. « En su residencia de Barreiro [cerca de Vigo], a veces sólo hay un auxiliar por cada diez o quince residentes. Las personas en silla de ruedas se dejan en el patio entre las 11h y las 19 horas. Ya no lo llamamos residencia, sino aparcamiento para ancianos », relata.

El discurso de los empleados no es más suave. Contratada como personal administrativo en una residencia del grupo en Vigo, Maribel Barreiro fue reasignada a realizar tareas físicas de gestión de stock en el mismo establecimiento, según ella para « castigarla »  por su actividad sindical. « Lo que escuchamos es que si uno de ellos muere, no es nada grave, porque hay mucha gente en la lista de espera », asegura esta empleada que denuncia la « presión diaria » de la dirección sobre el personal.

La crisis del coronavirus sólo ha agravado los fallos preexistentes. DomusVi, al igual que los demás líderes del sector Orpea, Amavir y el grupo español Aralia, ya había sido objeto de quejas por parte de las asociaciones de familias y de personal. En febrero de 2020, la Comunidad de Madrid inició un procedimiento para rescindir el contrato de la residencia DomusVi en Usera, uno de los distritos de la capital, tras identificar casos de subcontratación del personal de enfermería.

Sin embargo, menos de una semana antes de este episodio, en una reunión con la prensa, el francés Sylvain Rabuel, recientemente nombrado director de todo el grupo, declaró: « Para nosotros, el turn-over es un mal absoluto », antes de elogiar las « raíces extremadamente fuertes » del grupo.

Una alusión a la presencia del fundador Yves Journel en la capital, pero también a su sucursal española « construida por la directora general de DomusVi en España », Josefina Fernández Minguelez, directora original de Geriatros, el operador español adquirido por DomusVi en 2015.

La historia de esta rama española ilustra perfectamente el principio de las « puertas giratorias », esta lógica de connivencia entre el sector público y el privado. En este caso concreto, entre los círculos gubernamentales y bancarios. Geriatros fue originalmente parte de la « obra social » de la Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia), inversiones de interés público que no debían reportar ningún beneficio económico.

En 2012, con el fin de estudiar la eventual liquidación de las cajas de ahorro, el gobierno de Mariano Rajoy nombró un comité de expertos para elaborar un informe sobre el futuro de estas entidades. « Encabezado por Ángel Corcóstegui, ex director general del Banco Santander. Su conclusión fue, por supuesto, desmantelar las Cajas de Ahorros y vender su obra social », señala Raúl Camargo. El fondo de inversión del mismo Corcóstegui, Magnum Capital, compró más tarde Geriatros por 45 millones de euros. Tres años después, revendió el grupo a PaI Partners por… 300 millones de euros. El mismo fondo de capital de riesgo al que Yves Journel compró su participación en 2017 junto con ICG.

Frente a este lucrativo juego de sillas para los inversores, Josefina Fernández, por otro lado, nunca ha dejado la dirección del grupo. Esta exfuncionaria de Hacienda de la región de Galicia pasó de gestionar una única residencia a ser directora gerente de una red de 138 centros en todo el país. « Ella ya estaba allí cuando el grupo Geriatros formaba parte de Caixa Galicia. Fue el entonces presidente de Galicia, Manuel Fraga, un hombre de la derecha dura española y exministro de Franco, quien la nombró. Los últimos fondos que compraron Geriatros la dejaron allí. No como propietaria sino como gerente », continúa Camargo.

Contactados por Mediapart, el grupo DomusVi España y su directora no han respondido a nuestras peticiones.

Exdirectora de la red Geriatros, Sandra Fernández Prado, se reunió con la directora de DomusVi España en 2010. Tras una entrevista de trabajo de « entre 10 y 20 minutos », Josefina Fernández ofreció el puesto de directora de la instalación a la joven que acababa de terminar un doctorado en gerontología, pero que no tenía ninguna experiencia similar. « La entrevista consistió en una simple revisión de mi currículum y a lo largo de la conversación, me dio la sensación de que tenía mucha prisa por que asumiera mis funciones », relata la joven, todavía « pasmada » por esta experiencia laboral de nueve meses. « En retrospectiva y con madurez, me digo a mí misma que fue totalmente irresponsable haberme seleccionado de aquella manera ».

¿Podían los inversores extranjeros ignorar estos problemas de gestión? Esta es la pregunta que muchas familias en España se hacen actualmente. En Vigo, Paulino Campos señala como principal responsable del terrible balance de DomusVi a la gerente española. «Los franceses le dieron vía libre porque sintieron que no podían competir con alguien con tantos lazos políticos y financieros en Galicia». Sin embargo, para el exdiputado Raúl Camargo, no hay duda de que los inversores son responsables del escándalo sanitario en curso. «Lo saben y lo sabían. Pero lo que vieron fueron los beneficios. No la gente».

Versión y edición española : Irene Casado Sánchez