Con el golpe de Estado de Trump en marcha mediante el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y de marines en ciudades estadounidenses, la administración fascista ha acelerado drásticamente el ritmo de los secuestros y deportaciones a cargo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Una de las redadas laborales más grandes de la nueva administración de Trump se llevó a cabo el martes, cuando agentes arrestaron a cerca de 80 trabajadores en la planta empacadora de carne Glenn Valley Foods en Omaha, Nebraska. Esto representa más de la mitad de toda la fuerza laboral de la planta, y según una orden judicial, 107 de los 140 trabajadores estaban “bajo investigación”. En la redada participaron no solo ICE, sino también otras tres agencias federales, incluido el FBI, además de la policía de Omaha.
Según Flatwater Free Press, esta también fue la mayor redada laboral en el estado de Nebraska desde 2018.
Reuters informó que el presidente de la empresa, Chad Hartmann, protestó ante los agentes alegando que la empresa utiliza el sistema E-Verify, administrado por el gobierno, para comprobar el estatus legal de todos los aspirantes. Sin embargo, un agente respondió con desdén que ese “sistema está roto”. Esto sugiere que muchos, si no la mayoría, de los detenidos no son indocumentados.
Significativamente, la redada provocó una resistencia inmediata por parte de los trabajadores. Periodistas locales captaron imágenes de trabajadores y miembros de sus familias intentando bloquear con sus cuerpos los vehículos federales. Según National Public Radio (NPR), cientos más se reunieron en el distrito empacador de Omaha para protestar por los arrestos masivos.
También el martes, agentes de ICE realizaron redadas contra trabajadores agrícolas en todo el sur de California. Diversos medios publicaron videos de agentes persiguiendo a trabajadores por los campos. “Estas son personas que ahora tendrán miedo de llevar a sus hijos a la escuela, miedo de asistir a una graduación, miedo de ir al supermercado”, dijo Elizabeth Strater, presidenta de United Farm Workers, al Los Angeles Times. “El daño ya está hecho”.
El periódico también reportó que agentes migratorios visitaron “cinco centros de empaque y al menos cinco granjas” en la fértil llanura de Oxnard, ubicada unos 97 kilómetros al oeste de Los Ángeles. Al menos la mitad de los más de 250.000 trabajadores agrícolas de California son indocumentados, según un informe de la Universidad de California en Merced citado por el Times .
Las redadas laborales ponen de manifiesto que los ataques contra los inmigrantes son, en realidad, un ataque contra la clase obrera. Los inmigrantes participan en todas las industrias, incluyendo no solo la agricultura y la industria cárnica, sino también la manufactura, la logística y otros sectores clave.
En el sur de California, muchos inmigrantes trabajan como transportistas portuarios, moviendo carga desde los puertos de Los Ángeles y Long Beach hasta almacenes y redes ferroviarias en el interior. “No estoy de acuerdo con Trump en esto”, dijo un transportista portuario mexico-estadounidense al WSWS. “Sus políticas son muy malas. Aquí trabajan muchos inmigrantes, tienen familias, contribuyen. No es justo. Yo tengo familia inmigrante. Esto nos afecta a todos”.
Agregó: “Necesitamos algo como una huelga general. Muchos conductores trabajan entre fronteras o tienen lazos [internacionales], como entre EE.UU. y México. Somos una comunidad internacional”.
Los inmigrantes constituyen una parte sustancial de la población de las grandes ciudades estadounidenses. Alrededor del 40 por ciento de la ciudad de Los Ángeles y el 35 por ciento de la ciudad de Nueva York son personas nacidas en el extranjero. Ciudades y regiones enteras, especialmente en el suroeste de EE.UU., donde hay una gran concentración de inmigrantes hispanos, están siendo sometidas a un régimen de terror policial.
Lo que está ocurriendo forma parte de una estrategia deliberada desde la Casa Blanca, orquestada por asesores fascistas como el jefe de gabinete Stephen Miller. Según informa el New York Times, ICE está escalonando turnos y trabajando siete días a la semana para lograr cumplir con la cuota de 3.000 arrestos diarios impuesta por Trump.
Las redadas se caracterizan por un descarado desprecio por la ley, donde los detenidos son privados de cualquier debido proceso legal. Según The Guardian, muchos de los arrestados en los últimos días ya han sido deportados.
La situación exige la intervención de la clase obrera a través de una huelga general. Como escribió el Partido Socialista por la Igualdad en una declaración del miércoles: “La clase obrera debe utilizar su inmenso poder industrial y económico. Las protestas deben orientarse a la preparación de una huelga general de toda la clase obrera para detener el golpe de Estado de Trump”.
La declaración continúa: “La ofensiva contra el golpe de Trump debe unir a todos los sectores de la clase obrera, más allá de la nacionalidad, raza, género y cualquier otra división. No debe hacerse ninguna distinción entre inmigrante o nativo. Estados Unidos es una nación de inmigrantes, y los trabajadores inmigrantes conforman una parte enorme y esencial de la fuerza laboral del país. Su defensa debe convertirse en causa de toda la clase obrera”.
Un movimiento de esta magnitud solo puede prepararse mediante una rebelión contra la burocracia sindical, muchos de cuyos miembros han estado promoviendo las políticas de “Estados Unidos Primero” de Trump durante meses y que ahora han emitido solo declaraciones simbólicas o se mantienen en un silencio cómplice. La United Food and Commercial Workers (UFCW, Sindicato de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio), que representa a decenas de miles de trabajadores de empacadoras de carne en todo el país, no ha emitido declaración alguna sobre las redadas del martes. De hecho, no ha emitido ni una sola declaración sobre inmigración desde que Trump asumió la presidencia, y el nombre de Trump aparece solo una vez en todos sus comunicados desde su investidura.
La federación sindical AFL-CIO, cuyos sindicatos afiliados representan a 12,5 millones de trabajadores, solo ha emitido una cobarde declaración exigiendo la liberación del funcionario sindical David Huerta, quien fue golpeado y arrestado mientras observaba manifestaciones en Los Ángeles. Se han negado a movilizar a sus miembros en una acción industrial masiva contra el golpe de Estado de Trump.
En una declaración, United Farm Workers (Sindicato de Trabajadores Agrícolas Unidos) exigió que “todos los niveles del gobierno tomen todas las medidas posibles para proteger a los trabajadores inmigrantes y sus familias. Esperamos que los representantes federales, estatales y locales de California actúen de inmediato para exigir transparencia.” Así, solo convocan a la acción de los demócratas locales, quienes, a pesar de protestas ocasionales, están colaborando con Trump al imponer toques de queda y arrestar a manifestantes. Mientras tanto, el sindicato implora a las empresas que “capaciten a todo el personal para que conozca sus derechos y los requisitos necesarios para entrar a la propiedad, tales como una orden judicial firmada.”
Las redadas contra los trabajadores agrícolas y de producción de alimentos son particularmente impactantes dado que, durante su primer mandato, Trump firmó una orden ejecutiva bajo la Ley de Producción para Defensa ordenando que los trabajadores de la industria alimentaria se mantuvieran en sus puestos durante los primeros meses de la pandemia. Es decir, los “trabajadores esenciales” de ayer están siendo cazados como animales hoy.
La industria de procesamiento de carne ya era una de las más peligrosas del país, con altas tasas de lesiones debido, entre otras cosas, a los movimientos repetitivos y precisos requeridos en las líneas de trabajo. Al comienzo de la pandemia, estas plantas se convirtieron en superpropagadoras y vectores clave de transmisión del COVID hacia las áreas rurales donde se ubican típicamente. Según cifras de la Red de Información sobre Alimentación y Medio Ambiente, hubo más de 59.000 casos confirmados de COVID entre los trabajadores de empacadoras de carne y 298 muertes entre abril de 2020 y septiembre de 2021. Al sumar a los trabajadores agrícolas y demás trabajadores en procesamiento de alimentos, los números ascienden a más de 91.000 casos y 466 muertes, respectivamente.
Sin embargo, casi con certeza estas cifras están muy subestimadas, dado que se recopilaron a partir de informes de noticias locales y declaraciones corporativas.
Los funcionarios de la UFCW y otros sindicatos jugaron un papel clave para mantener abiertas las plantas. En uno de los casos más infames, la UFCW negoció un “bono por asistencia” en una planta porcina de Tyson en Waterloo, Iowa, mientras que los gerentes hacían apuestas sobre cuántos trabajadores se infectarían. Al menos seis trabajadores murieron de COVID en esta planta.
La concentración de trabajadores inmigrantes altamente explotados en la industria cárnica ha aumentado desde los años 80, cuando la burocracia de UFCW ayudó a romper la huelga de Hormel de 1985-86 al descertificar la sección local cuando los trabajadores se negaron a regresar a sus puestos. En aquella época, los salarios en la industria cárnica eran comparables a los de la manufactura, pero desde entonces los salarios reales se han desplomado. El salario medio por hora actualmente es de apenas 18,44 dólares, según las cifras gubernamentales más recientes de mayo de 2024.
Sin embargo, es significativo que uno de los principales focos de oposición a las redadas haya sido Chicago, el histórico epicentro de la industria cárnica en Estados Unidos. En la novela de denuncia La Jungla, el escritor Upton Sinclair describe cómo los empresarios del sector cárnico de los siglos XIX y XX explotaban a inmigrantes provenientes de distintos países, comenzando por los alemanes, luego irlandeses, “bohemios” (checos), polacos, lituanos y eslovacos.
“Eran como ratas en una trampa, esa era la verdad; y cada día caían más y más”, escribe Sinclair. “Pero algún día se vengarían, porque esto ya sobrepasaba la resistencia humana”. La novela culmina con el crecimiento del movimiento socialista entre los trabajadores de Chicago, uniendo a inmigrantes y nativos.
Esto da una idea de la dirección que debe asumir la lucha contra las redadas migratorias, a un nivel mucho más alto de la crisis del capitalismo estadounidense.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 11 de junio de 2025)