Sudáfrica se encuentra en un momento crítico que decidirá su futuro durante décadas. Por primera vez en más de un cuarto de siglo, el país podría enfrentarse a la posibilidad de alguna forma de guerra civil.

El expresidente Jacob Zuma se declaró por encima de la Constitución y la ley – y el árbitro de ambas – en su declaración del jueves 25 de marzo de 2021, en relación con la audiencia del Tribunal Constitucional el mismo día y su “decisión de no comparecer ante la Comisión de Investigación sobre las acusaciones de captura del Estado, fraude y corrupción en el sector público, incluidos los órganos del Estado”.

Zuma acusó al Tribunal Constitucional, a la comisión de investigación encabezada por el vicepresidente del Tribunal Supremo Raymond Zondo y (implícitamente) al gobierno electo de Cyril Rampahosa de establecer una «dictadura judicial … en detrimento de los procesos democráticos legítimos», y que los «principios básicos sobre la separación de poderes entre el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo “se estaban“ debilitando gradualmente”.

En efecto, afirma que el proceso judicial actual en Sudáfrica es del mismo orden que bajo el apartheid, y que el desafío a la ley es tan legítimo para él ahora como lo era hace 61 años para Nelson Mandela, Robert Sobukwe y otros incluyendo el mismo como ex militante y más tarde comandante de Umkhonto weSizwe (la guerrilla armada del ANC, conocida por sus siglas MK), tras la masacre de Sharpeville de 21 de marzo de 1960.

De hecho, esto crearía un “momento Sharpeville”, como cuando el principio anterior de oposición pacífica al apartheid fue superado por la masacre de manifestantes desarmados por el estado, lo que dio lugar a una lucha armada contra el Estado.

Es razonable concluir que Zuma ahora respalda la posibilidad de futuras acciones ilegales – y, casi con certeza, violentas – de sus propios partidarios, quienes argumentarán que están actuando, como él dice, a favor de la “verdadera libertad y democracia” en contra de la “dictadura judicial”.

Como ex presidente electo que se niega a colaborar en una investigación judicial sobre corrupción bajo su administración, Zuma se enfrenta a su sucesor, Ramaphosa, no dejándole otra alternativa que ceder ante sus actos o hacer cumplir por el estado la orden de la Corte Constitucional, en caso de que acepte la petición de la Comisión Zondo de una sentencia de prisión de dos años por desacato al tribunal (o una pena de prisión más corta).

El New York Times predijo el 25 de marzo que su arresto «desencadenará protestas masivas de los partidarios de Zuma y desestabilizará al país mientras se recupera del peor brote de coronavirus en el continente, de una economía golpeada por la pandemia y de un desempleo sin precedentes» .

El NYT informa que “al menos 40 testigos han implicado directamente al Sr. Zuma en planes para saquear decenas de millones de dólares de empresas estatales. En total, se estima que se desviaron  33 mil millones de dólares de las arcas del estado durante su mandato”.

El mismo periódico señala que también debe ser juzgado en mayo acusado de recibir sobornos de traficantes de armas en la década de 1990.

Como ha argumentado la Fundación Helen Suzman , «el desacato al tribunal por parte de un ex presidente representa una amenaza excepcional para los tribunales, la administración de justicia y el estado de derecho». En términos de igualdad ante la ley, continúa, ello requiere que el gobierno de Ramaphosa emita una “sanción punitiva” para “coaccionar al Sr. Zuma para que cumpla con la orden del Tribunal Constitucional y comparezca y testifique ante la comisión”.

Esta es, con mucho, la mayor crisis constitucional y política en Sudáfrica desde las primeras elecciones generales con sufragio universal en abril de 1994.

El liderazgo valiente del gobierno para defender la Constitución y la ley es ahora esencial. Es la única forma de defender lo mejor del legado de Sudáfrica y no capitular ante lo peor.