Africa es un país                                                                                                                          16/02/26 UCT vía Wikimedia Commons.

Cada año, al comenzar la temporada de matrículas, las mismas imágenes circulan desde los campus de toda Sudáfrica. Los estudiantes se agrupan frente a los edificios administrativos o a la entrada del campus, coreando contra los «bloques de cuotas» y sosteniendo carteles que insisten en que la educación es un derecho. Esta mañana, se supo del inicio de una protesta similar en la Universidad de Ciudad del Cabo, que se promociona como «la mejor universidad de África». El lenguaje es familiar; también lo es el momento. La exclusión financiera (estudiantes que han aprobado sus cursos pero no pueden matricularse por deudas pendientes) se convierte en la primera crisis del calendario académico. Una década y un año después de que #FeesMustFall convulsionara el sector y sacudiera al país, tras las comisiones, los cambios de política y la expansión parcial de los subsidios estatales, la confrontación entre los estudiantes ansiosos por aprender y las universidades bajo presión se ha asentado en el ritmo de la propia institución.

La confrontación anual por las tasas no se reduce a un único mecanismo. A veces se trata de un bloqueo de la matrícula provocado por una deuda pendiente; a veces, de un cargo de matrícula inicial prohibitivamente alto; y a veces, simplemente, del aumento constante de los costos de matrícula y residencia. Cada uno es administrativamente distinto, pero juntos reflejan algo más fundamental: las universidades dependen de los ingresos por tasas como componente estructural de su modelo operativo.

Desde la transición democrática, la matrícula ha aumentado significativamente, las expectativas han aumentado y se ha pedido a las universidades que amplíen el acceso, mejoren la producción investigadora y compitan a nivel internacional. Sin embargo, la financiación pública no ha seguido el ritmo. La brecha entre el mandato y la subvención se ha cubierto, en parte, con las cuotas estudiantiles. Cuando estas cuotas no se materializan, las consecuencias se extienden a toda la institución: se ajustan los presupuestos, se congelan los nombramientos y se retrasan los proyectos de capital. La presión financiera se convierte en una condición permanente en lugar de una crisis episódica.

Es en este contexto que el lenguaje de la sostenibilidad, la eficiencia y la gestión de riesgos se ha consolidado. Las universidades se rigen por indicadores de rendimiento, planes estratégicos, regímenes de cumplimiento normativo y clasificaciones competitivas. La autoridad reside en lo que se puede medir y reportar. Las decisiones deben justificarse en términos legibles para los consejos, auditores, financiadores y el Estado.

Esto es lo que a menudo se describe, de forma un tanto imprecisa, como la corporativización de la universidad. Esto no significa que las universidades se hayan convertido simplemente en empresas, sino que las técnicas asociadas con el gobierno corporativo han llegado a organizar cómo las universidades se entienden a sí mismas. Lo que se puede contar se convierte en lo que se puede defender. Lo que se puede defender se convierte en lo que debe priorizarse, y todo lo demás es prescindible (casi siempre, las humanidades).

La presión a la que se han visto sometidas las universidades en la era de las reformas neoliberales y el capitalismo tardío ha suscitado periódicamente preguntas existenciales sobre su propósito. Estas preguntas no son nuevas. Surgieron con fuerza durante #RhodesMustFall y #FeesMustFall, cuando los estudiantes exigieron no solo acceso, sino transformación: del currículo, del idioma, de la cultura institucional, del propio asentamiento post-apartheid.

Sin embargo, incluso en el punto álgido de esas confrontaciones, una premisa prevaleció ampliamente. Aunque la universidad fue criticada por ser excluyente, colonial, corporatizada, burocrática y cómplice, y aunque se la acusó de reproducir la desigualdad y de proteger con excesivo celo la autoridad epistémica, no se la trató como incoherente. Se cuestionó su legitimidad; no su existencia. La lucha giraba en torno a quién pertenecía a ella y qué debía enseñar, no a si la institución misma había perdido su razón de ser.

En otras palabras, la universidad ha tenido que solicitar recursos al estado durante mucho tiempo, defender su autonomía y negociar su modelo de financiación. Ha tenido que justificar sus prioridades. Lo que rara vez ha tenido que justificar es su propio significado continuo. Por estratificada o comprometida que estuviera, se asumía que era un lugar donde el conocimiento se producía, preservaba y transmitía de maneras reconocibles. Esta suposición ahora es menos segura.

Lo que está cambiando no es solo el modelo de financiación, ni siquiera la lógica de gestión que lo rige. Es el significado social de la propia universidad. Su autoridad como lugar de formación y verificación se está debilitando. Sus prácticas están siendo desplazadas, complementadas y, en algunos casos, socavadas por fuerzas que no reconocen su monopolio sobre el conocimiento, la atención o la acreditación. La crisis, entonces, puede no ser solo de acceso o corporatización. Puede que se trate de si la universidad sigue siendo una institución coherente.

La economía contemporánea no depende de la universidad como antes. En la posguerra, la educación superior masiva estuvo ligada a la expansión de los estratos profesionales y directivos. La promesa —aunque se cumpliera de forma desigual— era que una formación prolongada se traduciría en movilidad social y empleo estable. La universidad estaba inserta en un pacto de desarrollo más amplio y, en muchos sentidos, el fallismo en Sudáfrica fue principalmente una exigencia de la universidad (y del Estado) para que cumpliera con su parte del trato.

Ese pacto se ha deshilachado a medida que el capitalismo global se estanca. El crecimiento económico es más lento y los mercados laborales están más fragmentados. La automatización y la plataformización están reorganizando el trabajo, lo que queda de él, sobre una base precaria. Un gran número de graduados se desplazan a través del empleo precario o el desempleo. En muchos contextos, especialmente en el Sur global, la educación superior ya no garantiza la absorción en sectores en expansión de la economía. Produce, en cambio, un excedente de sujetos titulados para quienes no existe una plaza estable.

En tales condiciones, la universidad corre el riesgo de parecer cada vez más superflua para las funciones esenciales de la economía, ya que, si bien el capital ciertamente aún requiere investigación de alto nivel y conocimientos especializados para su sustento, no tiene una necesidad particular de la formación universal de disciplinas con una cultura crítica y una base histórica sólida, cuando las habilidades modulares, las certificaciones a corto plazo y las competencias adaptables suelen ser suficientes para la mayoría de los roles. Esto no significa, por supuesto, que el capital tenga interés en abolir la universidad por completo, pero sí significa que la economía política más amplia en la que se inserta la institución privilegia cada vez más la velocidad, la modularidad y la flexibilidad por encima del lento y acumulativo proceso de formación intelectual que las universidades tradicionalmente han procurado proporcionar.

Un cambio en la forma en que los estudiantes se involucran con el trabajo académico ya está en marcha, y en todo el hemisferio norte, el profesorado observa cada vez más que muchos estudiantes ahora tienen dificultades para mantener la concentración incluso en lecturas moderadamente largas, y mucho menos en libros completos. Este patrón de declive, que es significativamente anterior a la llegada de la IA generativa, no puede atribuirse simplemente a la mala conducta académica; en cambio, refleja una transformación más amplia en cómo se entrena y recompensa la atención en la cultura contemporánea. La adopción generalizada de teléfonos inteligentes ha socavado gradualmente la resistencia necesaria para la lectura profunda, mientras que décadas de pruebas estandarizadas han reducido nuestra definición colectiva de alfabetización, y las profundas disrupciones de la pandemia no han hecho más que agravar estas pérdidas existentes. El resultado no es una disminución de la inteligencia bruta, sino una creciente fragilidad, una menor capacidad para mantener argumentos extensos a la vista el tiempo suficiente para involucrarse plenamente en ellos.

Es en esta ecología cognitiva ya debilitada donde ha llegado la IA generativa, y si bien no creó la crisis subyacente, sin duda está acelerando sus efectos. Cuando se puede producir prosa aparentemente fluida y bien estructurada al instante y bajo demanda, el vínculo tradicional entre la realización de una tarea académica y la formación intelectual que dicha tarea pretendía cultivar comienza a debilitarse, y si bien el resultado final sigue siendo legible y parece pulido, la comprensión subyacente que una vez sirvió como su garante se vuelve cada vez más difícil de verificar. Desde la perspectiva del estudiante, el cálculo puede parecer completamente racional : si un título universitario se comercializa principalmente como un instrumento de empleabilidad, y si el éxito profesional parece depender cada vez más de la presentación, el networking y un cierto refinamiento intangible en lugar de la profundidad sustancial, entonces optimizar para obtener un producto final defendible es una adaptación lógica. En este sentido, delegar partes del proceso cognitivo a una herramienta de IA no se percibe necesariamente como una violación de la integridad académica, sino como una respuesta pragmática a los incentivos del propio sistema.

La universidad continúa certificando a sus graduados y los estudiantes siguen presentando trabajos, pero la naturaleza del intercambio entre ellos ha comenzado a cambiar. Si bien la institución aún promete formación intelectual y crecimiento personal, el sistema más amplio en el que opera recompensa cada vez más un desempeño más preciso y medible, lo que deja la relación entre ambos fundamentalmente inestable.

Si bien este patrón es visible en las instituciones de élite del norte, sus implicaciones son más agudas en sociedades donde la promesa de incorporación siempre fue más precaria y donde las limitaciones de infraestructura, las barreras de costos y el acceso digital desigual median la adopción de nuevas tecnologías. En Sudáfrica y en gran parte del continente, la universidad se expandió rápidamente en los últimos 30 años, pero la economía a la que alimenta no se ha expandido al mismo ritmo.

El desempleo de los graduados en Sudáfrica sigue siendo mucho menor que el desempleo general , y un título aún ofrece algún tipo de protección. Sin embargo, la tendencia ha cambiado. Desde finales de la década de 2000, el desempleo de los graduados prácticamente se ha duplicado, y es más alto entre los graduados jóvenes, africanos y mujeres. En toda el África subsahariana, solo una pequeña minoría de los adultos jóvenes accede a la educación terciaria (solo uno de cada 10) , incluso cuando el número de graduados ha crecido más rápido que la creación de empleo formal estable. El resultado es una disyunción temporal peculiar. El acceso a la universidad se ha ampliado precisamente en el momento en que la economía política más amplia se ha vuelto menos capaz de absorber a los educados a gran escala.

La crisis de la universidad no es autónoma. Refleja una crisis más amplia en la capacidad del capitalismo para organizar trabajo significativo y justificar largos periodos de preparación disciplinada. Cuando la acumulación produce superfluidad junto con la abundancia, cuando el crecimiento no se traduce en absorción, las instituciones construidas en torno a la recompensa diferida pierden su fuerza moral.

Hasta que estemos preparados para preguntarnos qué propósito tiene la educación más allá de la empleabilidad —a qué tipo de bien humano contribuye y qué tipo de sociedad presupone—, la universidad seguirá oscilando entre la optimización gerencial y la duda existencial. Persistirá como parte de la infraestructura social, procesando estudiantes y otorgando credenciales. Pero su coherencia como institución de formación seguirá amenazada.

– William Shoki, editor