600.000 familias en pobreza severa han quedado fuera  del acceso al Ingreso Mínimo Vital, la medida aprobada en mayo de 2020 para que nadie quedase atrás. Personas que ahora tienen una certeza: se han quedado atrás.

“¿Qué hago, me muero ya?”. El interrogante aflora en medio de un tweet. Un texto breve en el que un joven explica que no puede más. Que justo cuando parecía que se abría la última puerta en forma de una prestación, se la han negado. No ha cotizado lo suficiente. En un país con un 40% de paro juvenil, con unas cifras de desempleo que superan los cuatro millones. No se sabe cómo —por qué tara suya no atajada a tiempo— el chico no ha juntado los meses necesarios de inmersión en un mercado de trabajo para tantos cerrado a cal y canto para optar a una mísera ayuda de subsistencia. Su existencia no es económicamente viable. Que pase el siguiente.

“No tengo ingresos de ningún tipo y el tiempo corre en mi contra, lo único que tengo es miedo”, afirma el chico. El mismo miedo que ha acosado históricamente al hombre, el miedo que impulsa a la gente a jugarse la vida para atravesar el mar, el miedo que comparte quien más abajo contesta: “Me pasa igual, pero además tengo más de 40, dos hijos, un gato. Cero ahorros, pago alquiler, cabeza de familia”. La mujer que escribe estas líneas es una “afortunada”, este mes empezará a cobrar 320 euros. 320 euros no son un parapeto para protegerse de acabar en la calle, alimentar a dos hijos, resguardarse del terror de no saber qué pasará. Ambos buscan trabajo, una forma algo más sólida de incertidumbre: solo el 7% de los contratos firmados en 2020 lo fueron a tiempo completo e indefinidos.

600.000 familias en condiciones de extrema pobreza han quedado fuera del acceso al Ingreso Mínimo Vital, la medida aprobada en mayo de 2020 para que nadie quedase atrás. Personas que ahora tienen una certeza: se han quedado atrás. El dato forma parte de un informe presentado por el colectivo RMI Tu Derecho el pasado 1 de marzo. Ocho páginas que detallan a dónde no ha llegado esta medida, qué colectivos se han quedado afuera: del cerca de millón de solicitudes presentadas, se habían resuelto en diciembre la mitad, el 75% fueron denegadas. Toneladas de miedo, un tsunami de ansiedad y angustia que arrasa cada día millones de existencias económicamente no viables. ¿Qué hacen?  ¿se mueren ya?

Algunos se lo preguntan en tweets intentando hacerse un hueco entre la última polémica del día, los ultraderechistas de moda, la azarosa vida de los contenedores de basura, el borrado de no sé quién, el sujeto político recontralegítimo de no sé cuántos, boomers, chandals, celebrities con opiniones idiotas, pánicos morales que corean indignados contra la última burrada que no sé quién dijo. En el mundo llano donde las tripas de las neveras resuenan, y las madres esperan con temor una orden de desahucio, gente como la que integra RMI Tu Derecho hacen cuentas de las víctimas de la distancia entre las grandes proclamas y la realidad de los hechos. Lo saben porque es a ellas a quien se dirige la gente cuando las administraciones, ocultas tras formularios a rellenar y teléfonos que nunca contestan, no tienen más que ofrecer que la fría burocracia, la burocracia electrónica tan eficiente en denegar salidas, tan lenta en rendir cuentas.

A veces me pregunto si la resistencia de una parte del Gobierno frente a la Ley Trans, poniendo en cuestión elementos que el mismo PSOE había aprobado en otras leyes autonómicas, no tiene tanto que ver con evitar el “borrado” de mujeres sino con perpetuar el borrado de otros temas del debate público. Y no se trata de confrontar aquí unos derechos a otros, ni jerarquizar urgencias. No se trata de emular ese recurrente remedo de debate entre priorizar lo material o el reconocimiento. Entre quienes quedan atrás muchas son las mujeres, también las mujeres trans, muchas las personas migrantes, muchas las racializadas. Y muchos, también, quienes no son nada de esto. Ojalá la experiencia común del miedo hiciera más ruido que los debates de twitter.

Porque mientras Carmen Calvo llama nuestra atención con sus aspavientos, le perdemos la pista a su compañero de partido y de ejecutivo, Jose Luis Escrivá, que, como recuerda el informe de RMI Tu Derecho, estuvo al frente del Airef, el organismo creado para velar por el cumplimiento del artículo 135 de la Constitución. Desde esa entidad, Escrivá estudió distintos modelos de renta mínima: la prioridad no era la subsistencia de sus eventuales beneficiarios si no que la presión fiscal no fuese excesiva. Y esto impone límites que, reflexionan desde el colectivo, se traducen en requisitos difíciles de cumplir y cuantías escasas. Gente abandonada al miedo.

El estudio de las rentas mínimas es del 2018, cuando aún ni se olía pandemia, la crisis económica, el revés en el mercado de trabajo, los ERTE financiados con dinero público. Un escudo social que permitió salvar puestos de trabajo (de momento) quitándole a las empresas el miedo. Para muchas empresas pequeñas, medianas, un miedo justificado y real a sucumbir con el cierre de sus negocios. Para otras empresas más grandes, el miedo a perder beneficios, ver recortada esa parte del pastel que se llevan que las crisis no menguan. Porque de un tiempo a esta parte quien pone el capital no asume ningún riesgo, y el papá Estado, que dice la derecha, siempre tiene a sus hijos predilectos. Aquellos que nunca pasarán miedo. Pues la viabilidad de sus beneficios cotiza mucho más fuerte en el mercado que la viabilidad de tu existencia. ¡El siguiente!