Fuente: Umoya num. 99 – 2º trimestre 2020                             Pablo Arconada Ledesma

Desde 1991 Somalia se convirtió en un país sin gobierno estable y su territorio se fragmentó en pequeños feudos. Estas formas especiales de gobierno no consiguieron reconocimiento internacional ni capacidad de actuar sobre sus aguas circundantes de forma que muchas empresas pesqueras aprovecharon el vacío de poder para actuar libremente en sus costas. Así, desde la década de 1990, la pesca intensiva ilegal y el vertido de sustancias tóxicas esquilmó los recursos de sus costas y familias enteras se vieron arruinadas ante la incapacidad de seguir viviendo de un oficio que, en muchas ocasiones, pasaba de generación en generación.

Cuando a partir del año 2000 se detectó la actividad de grupos “piratas” en el Océano Índico, la prensa occidental se lanzó rápidamente a denunciar la actividad de esos barcos que
intentaban capturar los barcos de otros países para conseguir
un rescate a cambio de su liberación. Películas como Captain Philips o A Hijacking, recogieron rápidamente sólo la versión occidental de los hechos. De este modo, durante la década de 1990 la ciudadanía somalí, incapaz de reaccionar, vio cómo inmensos pesqueros de países como China, India, España, Corea del Sur, Yemen, Pakistán etc., pescaban en sus aguas de forma descontrolada. La pesca industrial, muchas veces de arrastre, esquilmó los recursos de los fondos marinos.
Sin embargo, en Somalia a los piratas se les conocía como “Badaadinta Badah”, algo así como “los guardianes de la
costa”. Y es que el apoyo popular a su actividad ha sido muy elevado ante la incapacidad de los gobiernos de las distintas zonas de Somalia para poner fin a la actividad de los grandes pesqueros industriales. Los “piratas” para la prensa occidental eran los héroes para la población local porque eran quienes protegían las costas y los recursos pesqueros.
La actividad de estos “piratas” puso en peligro el comercio internacional debido a que el mayor flujo comercial marítimo
entre Europa por el Océano Índico y el Extremo Oriente pasa
por las costas de Somalia. Ante esta amenaza, la Unión Europea
lanzó en 2010 su primera misión marítima comunitaria, conocida
como Operación EU-Atalanta, con el objetivo de reducir la presión de la piratería y proteger a los barcos que cruzaban las aguas de Somalia.
Sin embargo, la situación ha cambiado en los últimos años. Desde 2012, Somalia cuenta con un gobierno federal que ha ido ampliando su capacidad política y mantiene el control de casi toda Somalia a excepción de Somaliland y la zona sur, donde la presencia del grupo terrorista al-Shabaab sigue siendo una realidad. Este control territorial también ha repercutido en la
influencia marítima, para la que ha contado con el apoyo de países occidentales, sobre todo de la UE. Así, desde 2018 Somalia ha conseguido regularizar la situación de sus aguas y ha iniciado un proceso de cesión de derechos de pesca. Por otra parte, la pesca local en Somalia está en pleno auge desde la última década ya que, ante el peligro de un ataque “pirata”, muchas compañías que faenaban de forma irregular dejaron de hacerlo y, poco a poco, aumentó el volumen de las pescas locales.

El descenso de la piratería ha hecho, además, que muchos de sus antiguos miembros se hayan reciclado y hayan vuelto a la actividad pesquera, especialmente en Bosaso, uno de los principales puertos de la costa somalí. A finales de 2018 el Presidente Abdullahi Mohamed, conocido popularmente como
“Farmajo”, anunció que había otorgado 31 licencias a diferentes
empresas pesqueras chinas para capturar atún en aguas somalíes.
Aunque estas licencias supuestamente no afectaban a la pesca local, lo cierto es que la decisión del gobierno chocó rápidamente
con la oposición de algunos sectores de la ciudadanía somalí.
Muchos de ellos criticaron en las redes sociales la medida al entender que se estaba ofreciendo a China y sus empresas recursos propios de Somalia de los cuales dependen muchas familias.
Debido a las crecientes protestas, el Ministro de Pesca y Recursos Marinos, Abdilahi Bidhan Warsame, garantizó que la pesca local no se vería afectada y que una franja de 44 kilómetros entre la costa y las aguas más profundas sería declarada espacio protegido para la pesca nacional. A pesar de ello, con las medidas del gobierno somalí, al menos dos tercios de las pescas totales son realizadas por empresas extranjeras que actúan legalmente.
Aunque la mayor parte de noticias referentes a los derechos de pesca desde 2018 han señalado sólo a China, lo cierto es que otras flotas europeas y de Japón también están pescando en las
aguas de Somalia ahora, eso sí, bajo un acuerdo legal. Pero, ¿cuál es el impacto de estos derechos de pesca en la población local?
A priori, el gobierno ha expuesto que la regularización de la pesca
extranjera traerá numerosos beneficios al país. Sin embargo,
debemos tener en cuenta que estos barcos se llevan la pesca a sus puertos y son las fábricas de las costas de Europa y de Asia
las que suelen manufacturar el pescado. Es decir, el impacto en
la industria nacional de Somalia es mínimo. Además, aunque el
gobierno decretó la protección de esos 44 kilómetros, lo cierto
es que representa una franja mínima de las aguas territoriales de Somalia, teniendo en cuenta que ésta, en su parte más ancha,
alcanza los 650 kilómetros de distancia. Es evidente que el gobierno de Somalia no solo no está velando por el interés de su población, sino que está entregando a otros países una fuente de recursos básica no sólo para el desarrollo local, sino también para la supervivencia de sus habitantes que ven, una vez más, como su futuro se marcha rumbo a los puertos de Asia y Europa.