Los trabajadores de Nissan llevan más de 80 días de huelga y la multinacional japonesa solo propone retrasar el abandono de sus plantas catalanas. Anticapitalistas, CUP y el sindicato CGT han presentado este miércoles una propuesta para la socialización de las plantas de la empresa automovilística para la producción de coches eléctricos. El objetivo prioritario es salvar el empleo, ya que con el cierre de sus plantas en Catalunya se despediría a 3.000 trabajadores directos, mientras que se verían afectados unos 20.000 indirectos y el PIB catalán caería un 1,3%.

“Socializar Nissan es posible”, aseguran las tres organizaciones que han presentado este jueves esta propuesta en Barcelona. Aunque el proceso sería algo “complicado”, ha reconocido Daniel Mulero, militante de Anticapitalistas, sobre todo depende de la voluntad política para lograrlo, aseguran. La Constitución ampara en su articulado la “expropiación justificada por el interés social o la utilidad pública” (artículo 33.3) y que “toda la riqueza del país está subordinada al interés general «(artículo 128.1).

“Si coincidimos todos y todas en que la actividad de Nissan es rentable y puede continuar si se marcha, que las estructuras fundamentales de la actividad pasen a ser de titularidad pública sea del Gobierno catalán o el español. No tendríamos problemas”, ha indicado en la presentación Vidal Aragonés, diputado por la CUP del Parlament de Catalunya. “Desde Anticapitalistas lo tenemos claro, si Nissan quiere marcharse, el Gobierno y la Generalitat tienen que asegurarse de que devuelvan las ayudas millonarias que han recibido. Hay diversos ejemplos de de estados dentro de la UE en los que las ayudas públicas no se dan a fondo perdido sino que se convierten en accionariado”, ha señalado el eurodiputado Miguel Urbán, que no ha estado en la presentación, pero sí aparece en el informe.

Ahora que se habla de reindustrialización ante los fondos asignados por la UE, la organización anarcosindicalista expone que el Gobierno se encuentra ante una oportunidad. “La industria del automóvil supone el 10% del PIB. Desde CGT no entendemos por qué desde la transición hasta ahora el Gobierno nacional no ha querido generar una soberanía en este sector”, ha manifestado Diego Rejón, secretario de formación de FESIM-CGT. De hecho, a Nissan se le han dado como mínimo 180 millones de euros en ayudas en la última década. Una manera de poder financiar esta reconversión serían los 100 millones a los que se había comprometido el Ejecutivo central y la Generalitat con Nissan para empezar a producir un nuevo modelo.

¿En qué consiste el proyecto de reconversión de la fábrica?

El proyecto presentado por las tres organizaciones apuesta por la reconversión de la fábrica hacia la producción de coches eléctricos destinados al carsharing público (uso temporal de vehículos) a nivel municipal, un plan que garantizaría el trabajo en Nissan durante al menos 10 años más. Para ello, el Estado debería comprometerse con la compra de estos vehículos de alquiler en la compra de los vehículos que, para una producción de 50.000 coches al año, constituiría una inversión de 950 millones de euros al año durante 10 años.

En el plan presentado por las tres organizaciones destaca una medida para rentabilizar el carsharing. Se establecería un bono mensual de 10 euros que si fuera adquirido por el 25% de la población resultaría en un retorno de la inversión de unos 1.400 millones de euros al año con toda la flota en funcionamiento.

De esta manera, no solo se recuperarían los puestos de trabajo, sino que se recuperaría la inversión que podría llegar a generar un beneficio económico y medioambiental. En este sentido, David Trujillo, de CGT Nissan Zona Franca, ha señalado: “Esto no es solo un proyecto que haya que plantear en Nissan, sino una nueva política del Estado español respecto a la industria. Tenemos que dejar de ser un estado subvencionista de multinacionales, para empezar a decidir dónde se inyecta dinero público”.