La justicia ecuatoriana puso en libertad a Andrés Fernando Tufiño, uno de los dos sobrevivientes del letal ataque de Estados Unidos a un supuesto narcosubmarino en aguas del Mar Caribe. De acuerdo con una funcionaria del Gobierno, la Fiscalía de Ecuador determinó la falta de «elementos de convicción ni indicios» para imputarle delito alguno en el territorio nacional.

Tufiño, originario de la provincia de Esmeraldas, fue capturado por la Marina estadounidense en la operación donde murieron dos de los cuatro ocupantes de la embarcación. El ciudadano carece de antecedentes penales.

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En tanto, la liberación cuestiona la narrativa de la Administración Trump que etiquetó a los ocupantes como «narcoterroristas«, y revela las debilidades jurídicas en la justificación de estos ataques, donde las víctimas son presentadas como criminales sin el debido sustento probatorio.

El otro sobreviviente del ataque fue el ciudadano colombiano Jesison Obando Pérez, de 34 años, quien resultó gravemente herido. Por su parte, el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, confirmó la repatriación de Obando Pérez, quien llegó al país en estado crítico, sedado y con respiración asistida debido a un traumatismo craneoencefálico y otras heridas.

 

Benedetti declaró que Obando Pérez será procesado por la justicia colombiana por el presunto delito de tráfico de drogas una vez que su condición de salud lo permita, garantizando las plenas garantías del debido proceso. Pérez recibe actualmente atención médica en Colombia.

Los militares estadounidenses rescataron a los dos supervivientes después de destruir el sumergible el pasado jueves 16 de octubre. El presidente estadounidense Donald Trump declaró en redes sociales que la inteligencia de su país había confirmado que la embarcación estaba supuestamente cargada con fentanilo y otras drogas ilegales.

Adicionalmente, el mandatario indicó que los dos supervivientes serían repatriados a sus países de origen «para su detención y enjuiciamiento». En esta misma línea, la Casa Blanca no había aclarado inicialmente si serían deportados, liberados o retenidos como «combatientes enemigos» bajo jurisdicción militar.

Expertos en derecho internacional habían advertido que un eventual traslado a la base de Guantánamo podría obligar a los tribunales federales a revisar la legalidad de toda la operación y los ataques previos, un escenario que la Administración Trump ha tratado de evitar.

El ataque contra el sumergible es el sexto de este tipo desde septiembre. Estas recientes acciones militares estadounidenses en el Caribe han dejado un saldo de al menos 29 fallecidos en bombardeos que el presidente Trump ha justificado como parte de una supuesta lucha contra los cárteles de la droga.