La reconversión de los servicios de urgencias extrahospitalarias de Madrid (SAR para las zonas rurales, SUAP para las urbanas) responde al intento del PP de minimizar el desgaste que le puede suponer la reactivación, por parte de la izquierda institucional, de las plataformas y mareas que siempre aparecen en época pre-electoral y ahora preparan movilizaciones aprovechando el cierre de los SUAP desde la crisis del COVID.

El PP ha anunciado la creación de cerca de 80 puntos de atención urgente (PAC), que funcionarán con tan sólo los recursos de 40 centros rurales (SAR) más las escasas unidades de médicos y personal de enfermería que quedaba en los desmantelados SUAP. En definitiva, supone desmontar la atención urgente rural, incrementar la jornada de sus trabajadores y pasarles la responsabilidad de cubrir la atención sanitaria en el doble de puntos que hasta ahora.

Es importante recordar que desde el inicio de la pandemia hace casi 3 años se cerraron los SUAP, quedando sin ningún recurso sanitario entre las 21 y 8 h poblaciones de más de 100.000 habitantes, muchas de las cuales no disponían de ningún hospital cercano. Esto se tradujo en escasas movilizaciones que se extinguieron rápidamente, en contraste con un incremento de las pólizas de seguros de asistencia sanitaria privada. Ahora, la creación de los PAC, con la mitad de la plantilla necesaria para garantizar la asistencia sanitaria, supondrá un nuevo deterioro de la asistencia, lo que facilitará aún más el crecimiento de los seguros privados.

Por otra parte, este plan busca ir reduciendo progresivamente el horario de atención primaria en el turno de tarde para ir acabando con ese turno, reconvirtiendo esas horas en atención urgente. Este experimento ya se ha aplicado en otros puntos del Estado en los últimos años por diferentes partidos y ha supuesto una reducción de plantillas muy importante. Cómo ejemplo, centros de salud que redujeron su horario de atención primaria hasta las 17 horas (previamente existían dos turnos, de 8 a 15 y de 14 a 21 horas) y que disponían de 20 médicos, han pasado a tener 13 médicos, lo que implica para la Administración un “ahorro” para la administración de 7 puestos de medicina (un recorte de cerca de medio millón de euros anuales en cada centro de salud jibarizado) y para los pacientes una reducción de la accesibilidad.

También es conveniente recordar que Madrid está siendo campo de experimentación en cuanto a desmantelamiento sanitario desde el 2005 (la friolera de 17 años) sin que los sindicatos mayoritarios del sector hayan visto a necesidad de plantear movilizaciones contundentes (las convocatorias de huelga en servicios de Urgencias, con servicios mínimos del 100%, acaban siendo simplemente medidas simbólicas). Estos sindicatos, aunque ahora se rasgan las vestiduras, llevan colaborando con el proceso de desmantelamiento con su silencio o incluso con su firma en mesa sectorial desde ese año 2005. Así se sucedieron, por ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivos, el cierre de los laboratorios públicos de Vallecas, Coslada y Aranjuez para trasladar la carga de trabajo al macrolaboratorio privado; o la licitación y adjudicación de la gestión de 11 hospitales a empresas privadas; o el vaciamiento de los ambulatorios de Quintana y Pontones para cedérselos a una empresa privada.

Tenemos que valorar la situación a nivel estatal, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Casi tres años tras el inicio de la pandemia asistimos a un escenario aterrador por todo el Estado: ambulancias medicalizadas sin médico, consultorios y transporte sanitario suprimidos en zonas rurales, cierre de servicios de urgencias y supresión de centros de salud por las tardes en barrios de grandes ciudades, hospitales comarcales en deterioro continuo (y nos tememos condenados a su desaparición en no mucho tiempo), demora de semanas para lograr una cita con el médico de cabecera, cierre de agendas sine die que impiden acceder al especialista… Como resultado de todo lo anterior, en algunos puntos ya se alcanzan tasas de tuberculosis similares a las de países africanos. Por el lado de los profesionales sanitarios la situación no es mejor: saturación, abandonos y renuncias, o emigración a otros países en los que son mejor tratados.

Es imprescindible recordar que, en la primera ola, el 28 de abril de 2020, mientras pacientes morían en los pasillos de los abarrotados hospitales de muchos lugares del Estado, el presidente del “gobierno más progresista de la historia” compareció en TV anunciando que, dada la situación, “probablemente habría que blindar la sanidad en la Constitución”. Poco después, Unidas Podemos, PSOE y PP aprobaron un “Acuerdo para la reconstrucción de la sanidad”. Hoy ya sabemos en qué consistía: manos libres para que la derecha continúe haciendo el trabajo sucio, desmantelando el sistema gracias a las leyes estatales que el gobierno progresista mantiene en vigor.

¿Una defensa real de la Sanidad Pública debe exigir a los gobiernos autonómicos que paren de privatizar y recuperen lo privatizado? Sí, pero no es suficiente. Si queremos mirar al futuro, si queremos que nuestros servicios públicos no se vean arrastrados por las tremendas crisis que la economía de mercado amenaza con sufrir en próximos años, es necesario también pedir a los gobiernos estatales que en su rango de competencias protejan la Sanidad Pública y elaboren un nuevo marco legal que prohíba expresamente la opción de contratar servicios públicos con empresas privadas. Más de dos décadas con este marco privatizador ya han demostrado sus consecuencias nefastas. Por eso, si queremos que nuestros objetivos sean algo más de un arma electoral de quita y pon, al manido eslogan “la sanidad pública no se vende, se defiende” debemos añadir, hoy y siempre, “gobierne quien gobierne”.